Ushuaia

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 189 tribunales militares los competentes para entender en el cono- cimiento y juzgamiento del accidente de navegación que mo- tivó aquella cuestión. . f) La inopinada partida del "Ushuaia" -afirma el Juez en su considerando h)- "ha impedido situar responsa- bilidad penal alguna, pudiendo acontecer que esa responsa- bilidad residiera en un pasajero, o persona ajena por actos de sabotaje ", en cuyo caso su competencia sería indiscutible. La posibilidad de que tal hipótesis se hubiera producido, en manera alguna importaría el conocimiento originario del aludido magistrado, toda vez que, de ocurrir tal circunstan- cia, la Justicia Militar, una vez acreditado el hecho, pondría al responsable a disposición de la Justicia Federal, como ocu- rre en todos aquellos casos en que se demuestra la responsa- bilidad de civiles por delitos o faltas cometidas en estableci- mientos militares o en lugares sujetos a la jurisdicción cas- trense. Por otra parte, el Código de Justicia Militar prevé, al establecer el orden de compet.encias(art. 122 y sigtes.), el pro~ cedimiento a seguir tanto en los casos ordinarios como cuando existe complicidad entre militares y particulares. . No puede, pues, hacerse fincar en la existencia de tal posi- bilidad la razón de la pretendida competencia de la justicia federal, si, comoentiendo, el hecho es originariamente de exclu- siva competencia militar. g) En lo que se refiere al considerando i), relacionado con "la vinculación del buque a las poblaciones que sirve y a la eficacia de la intervención de la justicia federal por la facilidad en la reunión de los elementos probatorios", cabe sostener que tales apreciaciones son ineficaces como base jurí- dica para sostener judicialmente la jurisdicción, toda vez que ésta reposa en consideraciones legales de otro orden. o Para la determinación de la jurisdicción, solamente el legislador, al sancionar la ley, puede tener en cuenta conside- raciones ut.ilitarias o ventajas derivadas de determinadas si. tuaciones. El Juez, en cambio, no puede hacer reposar en esas razones de conveniencia la jurisdicción que le acuerdan las leyes, debiendo limitarse, en consecuencia, a aplicar las normas legales con estricto criterio, pues de otro modo, mediante apre- ciaciones personales, podría prorrogar la jurisdicción que los preceptos legales le acuerdan, extendiendo así su competencia. Puede decirse, entonces, que los magistrados judiciales no pueden arrogarse una potestad legislativa, apartándose de la