Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 28 de mayo de 1996. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador General, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se decla- ra que deberá entender en la causa que dio origen al presente inciden- te el Juzgado en lo Penal de Instrucción de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, al que se le remitirá, Hágase saber al Juzgado en lo Cri- minal y Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Junín, Pro- vincia de Buenos Aires. EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGOPETRACCHI - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. DE JUSTICIA DE LA NACION 319 OSVALDO URBANO MARTlNEZ 911 JURISDICCION y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Intervención de la Corte Suprema. Los conflictos que se suscitan entre jueces y funcionarios administrativos con facultades jurisdiccionales, con motivo del ejercicio de éstas son equi- parables a las contiendas cuya solución confía a la Corte el arto 24, inc. 7º, del decreto-ley 1285/58.. ADUANA: Infracciones. Contrabando. Cuando se investiga el delito de contrabando deben distinguirse las atribu- ciones judiciales de las administrativas para entender respecto al hecho punible. ADUANA: Penalidades. El arto 1026 del Código Aduanero -ley 22.415-, que mantuvo el criterio de la doble jurisdicción en materia de delitos aduaneros sentado en la Ley de Aduanas -ley 21.898-, otorga jurisdicción a la autoridad judicial para la aplicación de las penas privativas de la libertad, mientras que a la autori- dad aduanera le confía la aplicación de las penas fiscales accesorias previs- tas en el arto 876, ap. 1, en sus incisos a), b), c) y g). DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: Entre el titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y el señor Administrador de la Aduana de la misma ciu- dad, se suscitó la presente contienda de competencia en la causa ins- truida a Osvaldo Urbano Martínez por el delito de contrabando. El magistrado nacional condenó al procesado a la pena privativa de la libertad de seis meses de prisión, y las accesorias de comiso de la mercadería secuestrada y multa equivalente a cuatro veces su valor (£s.65/69). Por su parte, el Administrador de la Aduana al entender que las penas de comiso y multa son de aplicación reservada a la autoridad administrativa solicitó al magistrado que revocara por contrario im- 912 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 319 perio la decisión de aplicarlas (fs.74),pedido este al que el sentenciante no hizo lugar con base en que el recurso no resultaría procedente por tratarse de una sentencia definitiva (fs. 75). Considerando que se había suscitado un conflicto de competencia, la Aduana elevó las actuaciones ala Cámara Federal de La Plata para que resolviera la cuestión (fs. 78). Finalmente, esta última con fundamento en que no era el tribunal superior común remitió el expediente a la Corte (fs. 85). Habida cuenta que el Tribunal tiene establecido que los conflic- tos que se suscitan entre jueces y funcionarios administrativos con facultades jurisdiccionales, con motivo al ejercicio de éstas, son equi- parables a las contiendas cuya solución confía a la Corte, el artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley 1285/58 (Fallos: 303:1506 y 306:201), en- tiendo que corresponde a V.E.resolver la presente contienda. En lo relativo al fondo de la cuestión, es doctrina de la Corte que cuando se investiga el delito de contrabando deben distinguirse las atribuciones judiciales de las administrativas para entender respecto al hecho punible (Competencia Nº 47.xXVI. in re:"Policía de la Provin- cia cl Barragán, Néstor sI averiguación contrabando", resuelta el 17 de noviembre de 1994). En este orden de ideas, cabe destacar que el artículo 1026, del Có- digo Aduanero -ley 22.415-, que mantuvo el criterio de la doble juris- dicción en materia de delitos aduaneros sentado en la Ley de Aduanas -ley 21.898-, otorga jurisdicción a la autoridad judicial para la aplica- ción de las penas privativas de la libertad, mientras que a la autoridad aduanera le confía la aplicación de las penas fiscales accesorias pre- vistas en el artículo 876, apartado 1,en sus incisos a), b), c)y g) (Fallos: 305:249, considerando 16). Sobre las bases de estas consideraciones, opino que corresponde dirimir esta contienda declarando la competencia del señor Adminis- trador de la Aduana de La Plata para aplicar las penas accesorias a la privación de la libertad. Buenos Aires, 16 de abril de 1996.Angel Nico- lás Agüero [turbe. DE JUSTICIA DE LA NACION 319