Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Rofrano, Luis Alberto cl Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 16 de abril de 1998. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Rofrano, Luis Alberto cl Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", para decidir sobre su procedencia. Considerando: 1º) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había declarado la nulidad del decreto 2172/93 -por el que se limitó al actor en sus funciones de jefe del departamento "Publicidad y Vía Pública", depen- diente de la Subsecretaria de Inspección General- y condenado a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a reponer al agente en el cargo de conducción ú otro similar ya pagarle el complemento estable- cido en el decreto 861/93. Contra ese pronunciamiento, el municipio interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja. 2º) Que los agravios de la recurrente dirigidos a cuestionar la sen- tencia por apartarse de las disposiciones que reglamentan el derecho a la estabilidad de los agentes municipales y desconocer la potestad de la autoridad competente para limitar a los que desempeñan funciones de conducción, no resultan idóneos para demostrar un caso de arbitra- riedad que justifique la intervención del Tribunal en ia instancia del arto 14 de la ley 48. Ello es así pues, a diferencia del supuesto contem- plado en el precedente de Fallos: 311:1206, la ordenanza que según la apelante rige en el caso, prevé como regla la estabilidad en el desem- peño de tales funciones (art. 9º de la ordenanza 40.401); circunstancia que impide descalificar la sentencia que consideró nulo el acto admi- nistrativo por no cumplir con el requisito de suficiente motivación, toda vez que no se' ha demostrado en esta instancia que se diera la situa- ción excepcional que justifica, según aquel precepto, la pérdida de la estabilidad en la función de conducción (confr.causa B.487.XXIX"Bri- zuela, Graciela Nora cl Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", del 8 de agosto de 1996). 3º) Que las restantes objeciones de la recurrente tampoco resultan atendibles por la vía del remedio federal, por remitir al examen de DE JUSTICIA DE LA NACION 321 975 cuestiones de hecho y derecho público local que fueron resueltas con argumentos suficientes del mismo carácter. Por ello, se desestima la queja. Se condena a la Ciudad de Buenos Aires a satisfacer el depósito correspondiente al arto 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferi- do de acuerdo con lo prescripto en la acordada 47/91 (fs.53). Notifique- se y, oportunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO- GUILLERMO A. F. L6PEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO V ÁZQUEZ (en disidencia). DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO V ÁZQUEZ Considerando: Que la cuestión debatida en autos es sustancialmente análoga a la tratada por el Tribunal en Fallos: 320:1956, disidencia del juez Vázquez, a cuyas conclusiones corresponde remitirse por razones de brevedad. Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto, y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Remítase la queja al tribunal de origen a fin de que sea agre- gada a los autos principales, y se dicte, por quien corresponda, una nueva decisión con arreglo a lo aquí dispuesto. Exímese a la recurren- te de satisfacer el depósito del arto 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de acuerdo con lo prescripto en la acordada 47/91 (fs.53).Notifiquese con copia del precedente citado, y remítase. ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. 976 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 321 WE LIUN CHIU y OTRO JURISDICCION y COMPETENCIA: Competencia federal. Causas penales. Deli- tos contra el orden público, seguridad de la Nación, poderes públicos y orden cons- titucional. En aquellas causas en las que se imputa la comisión de alguno de los deli- tos previstos en el arto 3º, inc. 5º, de la ley 48, su tramitación debe realizar. se en sede federal, sin perjuicio de la competencia ordinaria en los casos en que, del conocimiento prioritario de los tribunales federales, lo actuado re- vele inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motiva- ción particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones. JURISDICCION y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por el territorio. Lugar del delito. Corresponde a la justicia en lo criminal de instrucción de la capital enten- der en la causa instruida por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves, secuestro extorsivo y tenencia ilegal de arma de guerra si fue en su ámbito territorial donde se secuestró al damnificado, se efectuaron los lla- mados telefónicos solicitando el rescate y donde se detuvo a uno de los im- putados, si bien fue en la Provincia de Buenos Aires donde se mantuvo a la víctima privada de su libertad. JURISDICCION y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por el territorio. Lugar del delito. Cuando existió privación ilegal de la libertad en más de una jurisdicción y en alguna de ellas se cometió además otro delito, es a los tribunales de esta última a los que corresponde entender en la causa. DICTAMEN DEL PROCuRAoOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de compétencia trabada entre los titulares del Tribunal Oral en lo Criminal Federal NQ3 Ydel Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1 del Departamento Judicial de San DE JUSTICIA DE LA NACION 321 977 Martín, Provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa instruida por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves, secuestro extorsi- vo y tenencia ilegal de arma de guerra, de la que habría resultado víctima Guo Liang Cheng. De la lectura del incidente surge que los hechos tuvieron origen en el secuestro de Cheng en las cercanías de un local de su propiedad en esta ciudad. Posteriormente fue trasladado a la localidad de San An- drés, partido de General San Martín, donde permaneció en cautiverio en una vivienda, lugar desde el cual sus dos captores habrían exigido una determinada suma de dinero para liberarlo. Poco después, perso- nal policial rescató a la víctima mediante un operativo que tuvo como consecuencia la detención de los imputados y la entrega, por parte de uno de éstos, de un arma con la cual habrían herido y mantenido ame- nazado a Cheng durante su cautiverio. El Tribunal Oral, se declaró incompetente al entender que el objeto de la investigación no afecta al Estado Nacional o a alguna de sus insti- tuciones, y que el hecho obedeció a motivos estrictamente particulares. En lo que al arma respecta, el Tribunal sostuvo que ésta fue secuestrada en la provincia, y que su simple tenencia es, por tanto, ajena al ámbito de su jurisdicción. Agregó, finalmente, que en relación a las lesiones sufridas por la victima no podía eliminarse la posibilidad de que hubie- ran sido producidas en ese mismo ámbito territorial (fs. 449). La justicia local no aceptó la competencia atribuida. Consideró, para ello, que el delito investigado tuvo comienzo de ejecución enjuris- dicción de Capital Federal, ciudad desde la cual se realizaron por telé- fono las maniobras extorsivas y,donde asimismo, fue detenido uno de los imputados (fs. 483). Con la insistencia del Tribunal declinante quedó trabada la con- tienda (fs. 492). VE. tiene establecido que en aquellas causas en las que se imputa la comisión de alguno de los delitos previstos en el arto 3º, inc. 5º, de la ley 48, su tramitación ha de realizarse en sede federal, sin peIjuicio de la competencia ordinaria en los casos en que, del conocimiento priori- tario de los tribunales federales, lo actuado revele inequívoca y feha- cientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada, directa o indi- rectamente, la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus institu- 978 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 321 ciones (Fallos:305:2054;306:434;313:912 y Competencia Nº 32.XXXIII in re: "Bravo, Walter Oscar sI infracción al artículo 149 ter del Código Penal", resuelta el 19 de junio de 1997). A mi entender, asiste razón al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, cuando afirma que las motivaciones de la conducta reprochada a los procesados no excedieron de lo estrictamente particular, y que ese he- cho no puso en peligro la seguridad institucional. Pienso que ello es así, porque la circunstancia de que los imputa- dos lesionaran y secuestraran aGuo Liang Cheng, con el fin de obte- ner una suma de dinero, así como que se encontrara en poder de uno de los imputados un arma de guerra (fs. 75/78 y 306), no alcanza para sostener que el hecho objeto de esta contienda significó un ries- go para la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus institu- ciones. Advierto, además, que los hechos objeto del proceso se han desa- rrollado tanto en esta Capital como en la Provincia de Buenos Aires, donde se mantuvo a la víctima privada de su libertad. No obstante, entiendo que corresponde a la justicia nacional en lo criminal de instrucción de esta ciudad conocer de la causa habi- da cuenta que fue en su ámbito territorial donde se secuestró al damnificado, se efectuaron los llamados telefónicos solicitando el rescate y donde se detuvo a uno de los imputados (ver fs. 11/12, 19, 21, 56/57 Y 94). A ello se agrega que la víctima también sufrió lesiones al ser apre- hendida (fs.76 vta.) y es doctrina de V.E. que cuando ha existido priva- ción ilegal de la libertad en más de una jurisdicción y en alguna de ellas se cometió además otro delito, es a los tribunales de esta última a los que corresponde entender en la causa (Competencia 650.XXXIII. "Vega,Pablo Rodrigo sI robo con armas", resuelta el 17 de febrero últi- mo, y sus citas). En tales condiciones opino que corresponde resolver la presente contienda declarando la comp

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