Duhalde, Mario Alfredo el Organización Pana- mericana de la Salud -Organización Mundial de la Salud- Oficina Sanitaria Panamericana si accidente-ley 9688

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 31 de agosto de 1999. Vistos los autos: "Duhalde, Mario Alfredo el Organización Pana- mericana de la Salud -Organización Mundial de la Salud- Oficina Sanitaria Panamericana si accidente-ley 9688". Considerando: 1Q) Que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al confirmar lo resuelto en la instancia anterior, rechazó la excepción de incompetencia deducida por la demandada con sustento 1922 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 322 en el privilegio de inmunidad de jurisdicción. Contra tal pronun- ciamiento se interpuso el recurso extraordinario concedido a fs. 317. 2º) Que para así decidir el tribunal tuvo en cuenta -con remisión a lo dictaminado por el Procurador General del Trabajo-- que la presen- te causa era sustancialmente análoga a la causa "Manauta", en la que la Corte Suprema -adhiriendo a la teoría restringída en materia de inmunidad de jurisdicción- decidió excluir de dicha prerrogativa todo lo relativo al cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 3º) Que el recurrente sostiene, en síntesis, que la doctrina judicial emanada de la sentencia "Manauta" (Fallos: 317:1880) no es aplicable al caso de autos, por ser propia de un Estado extranjero y no de orga- nismos internacionales y por existir a disposición de la actora vías alternativas adecuadas para la resolución de su reclamo. 4º) Que la resolución cuestionada es equiparable a definitiva a los fines del arto 14 de la ley 48, puesto que por su índole y sus conse- cuencias, puede llegar a frustrar el derecho federal invocado, aca- rreando peIjuicios de imposible o tardía reparación ulterior. Este úl- timo criterio resulta aplicable al caso pues tal decisión importa privar a la apelante de la inmunidad que alega en virtud de revestir el ca- rácter de una organización internacional. 5º) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible pues se halla en tela de juicio el reconocimiento del privilegío de inmuni- dad de jurisdicción de una organización internacional, lo cual entra- ña la interpretación de normas federales y la decisión ha sido contra- ria a los derechos que en ellas ha fundado el apelante -arto 14, inc. 3º, ley 48- (Fallos: 305:2139 y otros). 6º) Que no se controvierte en autos que el actor reviste categoría de funcionario de la organización demandada, ni que ésta es un organismo especializado de los comprendidos en la convención adoptada por la re- solución 179 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Prerrogati- vas e Inmunidades de los Organismos Especializados, de la que es parte la República Argentina, en virtud de su aprobación por el de- creto-ley 7672 del 13de septiembre de 1963. Lo que se discute, en cam- bio, es si cabe hacer extensiva la interpretación restringída del derecho a la inmunidad de jurisdicción -de conformidad con la doctrina de la causa "Manauta" - a organismos intemacionales como la demandada. DE JUSTICIA DE LA NAClON 322 1923 7°) Que este Tribunal ha expresado que la distinción entre actos iure imperii y actos iure gestionis, base de la teoría restringida en mate- ria de inmunidad dejurisdicción de los estados soberanos, no tiene sen- tido razonable cuando se consideran los actos realizados por una orga- nización internacional, los que, sin perjuicio de la finalidad pública per- seguida por cada Estado parte del tratado constitutivo, no conforman una manifestación inmediata y directa de la soberanía de un Estado (Fallos: 321:48). En efecto, la capacidad de una entidad internacional para tener derechos y obligaciones frente a otros sujetos depende de la voluntad común de los est(ldos que la han creado y, por lo tanto, gozan o no de la inmunidad dejurisdicción, según lo que establezcan los respec- tivos tratados constitutivos y, en su caso, los acuerdos de sede. 8°) Que a diferencia de los estados soberanos, la limitación al juz- gamiento compulsivo de las organizaciones internacionales, no tiene por fundamento el derecho de gentes, sino la voluntad común de los estados parte del tratado constitutivo y por ello la entidad goza de dicho privile- gio con el alcance definido en el instrumento internacional de creación o, con relación al Estado receptor, en el respectivo acuerdo de sede. 9°) Que la Organización Panamericana de la Salud - Organiza- ción Mundial de la Salud, así como sus funcionarios, gozan en el terri- torio de sus estados miembros, incluyendo la República Argentina, de inmunidad contra cualquier tipo de proceso judicial o administrativo, salvo en el caso de que esa inmunidad sea expresamente renunciada, según lo dispone la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas, aprobada por la República Argentina por el decreto-ley 7672. Específicamente esa inmunidad está reconocida en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Oficina Sanitaria Panamericana referente al establecimiento de una oficina de zona en la ciudad de Buenos Ai- res, de fecha 21 de agosto de 1951, y que fue reiterada en el Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades, del 9 de agos- to de 1984, que aún no ha entrado en vigencia. 10) Que estos acuerdos, como todo tratado, deben adecuarse a los principios del derecho público contenidos en la Constitución Nacional (art. 27 de la Ley Fundamental) y muy especialmente, en lo que inte- resa en esta causa, al derecho a lajusticiabilidad de toda controversia (art. 18 de la Constitución Nacional). En efecto, habida cuenta de que 1924 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 322 los estados no podrían pactar en favor de la organización una inmuni- dad de jurisdicción absoluta, que comportase una privación de justi- cia en perjuicio del justiciable, resulta imprescindible -y ello hace a la validez de la cláusula del tratado que establece la inmunidad (doctri- na de Fallos: 305:2150)- que la organización internacional cuente con tribunales propios ojurisdicción arbitral o internacional, con garan- tías suficientes para administrar justicia en los posibles pleitos. Re- cientemente, este Tribunal ha afirmado que la existencia de un meca- nismo alternativo satisfactorio de solución de controversias, es condi- ción para el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción que com- pete a los organismos internacionales (Fallos: 316:1669). 11) Que, en este sentido, la Convención sobre Prerrogativas e In- munidades de los Organismos Especializados a que se refiere la reso- lución 179 de la Asamblea de las Naciones Unidas, contiene categóri- cas estipulaciones respecto a la necesidad de establecer procedimien- tos apropiados para la resolución de controversias a que den lugar los contratos u otras controversias de derecho privado en las cuales sea parte el organismo especializado. 12) Que el Reglamento y el Estatuto del Personal de la Organiza- ción Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud prevé procedimientos para resolver los reclamos que se deriven de la relación de empleo con la organización. A ese fin, se ha establecido un procedimiento interno que incluye la revisión de la medida objeto del reclamo por un cuerpo administrativo. La decisión de este órgano puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo de la Organización Inter- nacional del Trabajo, instancia externa cuyajurisdicción ha sidoreconoci- da por diversos organismos internacionales, incluyendo la demandada, y cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. 13)Que, en consecuencia, no puede alegarse válidamente un supues- to de privación dejusticia ya que existe un procedimiento para la solución de controversias que ~abe poner de relieve--fue expresamente aceptado por el actor en oportunidad de presentarse ante la Junta de Apelación, reconociendo, por ende, la jurisdicción de dicho tribunal para resolver los litigios de naturaleza laboral que pudiera tener con la organización. 14) Que, dentro de este contexto, no resulta razonable el cuestio- namiento que efectúan los jueces de la causa a la idoneidad de los procedimientos previstos para dirimir las controversias que pudieran suscitarse, en la medida en que no sólo no se demostró su ineficacia o DE JUSTICIA DE LA NACION 322 1925 inexistencia en la práctica, sino que la actora lo consideró apto para hacer valer eficazmente sus derechos. 15) Que en razón de los diferentes fundamentos que sustentan el otorgamiento de la excepción de inmunidad de jurisdicción a los estados extranjeros soberanos y a las organizaciones internaciona- les, así como a las distintas vías de protección de los derechos del justiciable en uno u otro caso, no corresponde extender al segundo supuesto la solución que el legislador nacional ha dictado para el primero -ley 24.488-, sobre la base de la evolución del derecho inter- nacional general respecto del principio absoluto de inmunidad de los estados (doctrina de Fallos: 317:1880). De otro modo, por vía analógi- ca, se modificaría unilateralmente la inmunidad que tienen las orga- nizaciones internacionales en virtud de los tratados que obligan a la República Argentina, con las posibles consecuencias sancionatorias de la comunidad internacional. Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se admite el privilegio de inmunidad de jurisdicción. Costas por su orden en atención a la dificultad jurídica que plantea la cuestión. Notifiquese y devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según mi voto) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. L6PEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO V ÁZQUEZ. VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: 1º) Que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al confirmar la decisión de la instancia anterior, rechazó l

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