“Lalli, Alcides Luis c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 13 de noviembre de 2001. Vistos los autos: “Lalli, Alcides Luis c/ ANSeS s/ jub. invalidez ley 24.241 (CMC)”. Considerando: 1º) Que contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, con fundamento en lo informado por el Cuerpo Médico Forense, confirmó el dictamen de la Comisión Médica Central que había adjudicado al actor un porcentaje de minusvalía inferior al 66% requerido por la ley 24.241 para acceder al retiro por invalidez, el titular dedujo el recurso ordinario que fue concedido a fs. 153 y resulta formalmente admisible (art. 19, ley 24.463). 2º) Que el apelante se agravia porque frente a las discrepancias entre los diferentes informes de médicos oficiales, la alzada debió ha- ber efectuado un exhaustivo examen de los elementos probatorios obrantes en la causa en lugar de ponderar únicamente el dictamen de los médicos forenses, el cual –en su opinión– no se apoya en un razo- 3870 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 namiento científico y legal para sustentar el porcentaje de incapaci- dad adjudicado, aparte de que omite evaluar su imposibilidad de rea- lizar las tareas habituales denunciadas (camionero y jefe de sección en empresa de transporte de carga) dada la naturaleza de la enfermedad que lo afecta, así como la totalidad de las patologías que surgen de la prueba aportada. 3º) Que el recurrente plantea también la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 24.241 y del decreto 1290/94, en razón de que vedan la valoración de las incapacidades sociales o de ganancia, a la par que impugna la validez del mencionado decreto con respecto al método de cálculo de la invalidez por considerar que los porcentajes consignados en él no reflejan el verdadero déficit de su capacidad. 4º) Que por tales razones solicita que se pondere su minusvalía según las pautas del baremo aprobado por decreto 478/98, sin perjui- cio de lo cual pide que se declare la invalidez de dicha norma regla- mentaria en cuanto mantiene como fórmula para el cálculo de la mi- nusvalía el “principio de capacidad restante” contemplado en su ante- cedente. Por otro lado, tacha de inconstitucionales al art. 95 de la ley 24.241 y a los decretos reglamentarios 1120/94 y 136/97, en relación a la exigencia de regularidad de aportes a la fecha de solicitud de la prestación. 5º) Que los dictámenes médicos obrantes en autos resultan coinci- dentes en cuanto a que el actor padece cardiopatía coronaria, pero difieren en la valoración de la gravedad de la patología y asignan por- centajes diferentes que van del 30% reconocido por la Comisión Médi- ca Central y el Cuerpo Médico Forense, al 70% adjudicado por la comi- sión médica Nº 5 y los médicos del servicio de cardiología del Hospital Córdoba, dependiente del Ministerio de Salud y Seguridad Social de la provincia. 6º) Que este Tribunal requirió una nueva intervención del Cuerpo Médico Forense, el cual suministró mayores explicaciones para justifi- car el grado de invalidez asignado. Sin perjuicio de ello, coincidió con lo afirmado por el apelante respecto a que el by-pass aortocoronario –al actor se le efectuaron 4 puentes– soluciona un problema pero no detiene la enfermedad arterial, e informó que las normas de evalua- ción del decreto 1290/94 asignan una incapacidad del 20–30% a la en- fermedad del titular, en tanto que según las aprobadas por decreto 3871 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 478/98 le correspondería una invalidez de hasta el 45% de la total obre- ra. Además, aclaró que dada la índole de la dolencia sufrida, el peticio- nario tiene contraindicado el desempeño como camionero y sólo puede realizar tareas “sin esfuerzo físico, con controles médicos periódicos y sin stress” (fs. 196/198 y 212/213). 7º) Que la disparidad de criterio señalada entre los diversos orga- nismos médicos que se expidieron en autos, el diferente porcentaje con que valoran la patología detectada los distintos baremos médicos y la importante disminución física que provoca al actor la enfermedad que padece, cuya trascendencia resulta innegable si se consideran las con- clusiones de los peritos forenses respecto a las importantes limitacio- nes del recurrente para la realización de trabajos remunerados, gene- ran un estado de duda razonable acerca del real estado de salud de aquél. 8º) Que los antecedentes de la causa dan cuenta de que no existen prácticamente posibilidades de que el demandante pueda reinsertar- se en el mercado laboral, por lo que no cabe perder de vista lo expresa- do por el Tribunal acerca de que la seguridad social tiene como come- tido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas pro- ducidas por las contingencias sociales, como también que no hay que atenerse exclusivamente al aspecto psicofísico para determinar los ele- mentos que conforman el concepto de incapacidad previsional, aseve- ración válida aun en el marco del sistema integrado de jubilaciones y pensiones (conf. Fallos: 323:2235). 9º) Que, en tales condiciones, dado que es deber de los jueces ac- tuar con extrema prudencia cuando se trata de juzgar peticiones vin- culadas con la materia previsional, corresponde decidir la cuestión plan- teada a favor de la pretensión del recurrente y declarar cumplido el requisito de incapacidad a los efectos de acceder al retiro por invalidez (conf. doctrina de Fallos: 323:1551 y 2235 y causa F.397.XXXII “Foli- no, José Luis c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autóno- mos” del 10 de octubre de 2000), conclusión que hace inoficioso que el Tribunal se pronuncie sobre los planteos de orden constitucional refe- rentes a la ley 24.241 y a los decretos 1290/94 y 478/98. 10) Que los agravios referentes a la regularidad de aportes exigida al momento de solicitar la prestación por incapacidad se vinculan con una cuestión que no ha sido resuelta por la cámara, cuyo ámbito de 3872 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 conocimiento estaba limitado en el caso –atento a que se trataba de la vía de impugnación prevista por el art. 49 de la ley 24.241– a la revi- sión de lo decidido acerca del requisito de invalidez, por lo que no co- rresponde su consideración en esta instancia, sin perjuicio de lo que, oportunamente, pueda resolverse sobre el punto. Por ello, se declara procedente el recurso ordinario y se revoca la sentencia recurrida con los alcances que surgen de las consideraciones precedentes. Costas por su orden. Notifíquese y devuélvase. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ANTONIO BOGGIANO — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. CIA. AZUCARERA BELLA VISTA S.A. V. CIA. NACIONAL AZUCARERA S.A. Y OTRO RECURSO ORDINARIO DE APELACION: Tercera instancia. Generalidades. El recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema funciona restrictiva- mente, tan sólo respecto de sentencias definitivas, regla a la que no hace excep- ción la circunstancia de invocarse un gravamen irreparable. RECURSO ORDINARIO DE APELACION: Tercera instancia. Sentencia definitiva. Debe ser equiparado a sentencia definitiva el pronunciamiento que ordenó que se requiriese al Estado Nacional la acreditación de los fondos que se encontra- ban en su poder en carácter de depositario pues no se trata de una cuestión procesal y accesoria respecto de otras de naturaleza sustancial debatidas y re- sueltas en la causa sino que configura un agravio definitivo para el recurrente, que no cuenta con otra vía más idónea que la que se encuentra abierta en esta instancia a fin de defender su derecho fundamental al debido proceso. RECURSO ORDINARIO DE APELACION: Tercera instancia. Juicios en que la Na- ción es parte. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó que se requiriese al Estado Nacional la acreditación de los fondos que se encontraban en su poder en carác- ter de depositario pues la circunstancia de no haberse dilucidado previamente bajo qué condiciones se habría constituido tal depósito, cuál era su destino y qué 3873 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 sucedió con tal relación en el período de liquidación y teniendo en cuenta la vaguedad de los términos utilizados en el contexto de la homologación del acuerdo transaccional, impide sin más prueba ni debate, expedir una orden de pago, sin riesgo de avanzar sobre el patrimonio de quien no está obligado como deudor ni ha sido declarado responsable del crédito que se ejecuta.