“Deheza, José Alberto c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 11 de diciembre de 2001. Vistos los autos: “Deheza, José Alberto c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad”. Considerando: 1º) Que la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda tendiente a obtener la transformación del beneficio previsio- nal como ministro del Poder Ejecutivo Nacional –reconocido bajo el régimen de la ley 18.464 en los términos prescriptos por las leyes 20.572, 20.954, 21.120 y 21.121– en jubilación ordinaria dentro del sistema instituido para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación por la ley 18.464, con un haber proporcional al que percibe el fiscal de cámara. 2º) Que el a quo juzgó que el peticionario había adquirido el estado de jubilado en el año 1976 por su desempeño como ministro de Justicia y de Defensa de la Nación durante el lapso comprendido entre el 15 de enero de 1976 y 23 de marzo de 1976. En el año 1994 había solicitado a la ANSeS la inclusión de su prestación en el sistema normativo de quienes integraron el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Pú- blico, en virtud de los servicios prestados en esos ámbitos desde el 1º de enero de 1949 hasta el 30 de junio de 1953 y el lapso reconocido por la ley 20.565 y su decreto reglamentario 1744/74 desde el 1º de julio de 1953 hasta el 11 de diciembre de 1973 –secretario de juzgado–, del 21 de noviembre de 1974 al 3 de marzo de 1975 –fiscal de primera instan- cia– y del 4 de marzo de 1975 al 14 de enero de 1976 –fiscal de cá- mara–. 3º) Que, al respecto, la alzada tuvo en cuenta que el tema debía ser examinado con arreglo a las disposiciones de la ley 18.464, pues era la 4269 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 vigente a la fecha del cese definitivo de tareas en el Ministerio Público. En tal sentido, se argumentó que si bien era cierto que el titular acre- ditaba el tiempo de servicios con aportes, también lo era que no conta- ba, en aquel momento, con la edad exigida por el art. 3º, ni tampoco había alcanzado esa edad dentro de los cinco años posteriores al cese, según la excepción prevista por el art. 5º de la ley citada. 4º) Que, por otra parte, destacó que el actor, cuando cumplió los años de edad necesarios, tampoco reunía la totalidad de los requisitos, ya que en esa oportunidad no ejercía cargo alguno de los contemplados por el sistema de la ley 18.464 –art. 5º citado–; circunstancia por la cual no estaban probadas en la causa las condiciones para acceder al beneficio pretendido. En efecto, según el principio pacíficamente acep- tado por la doctrina judicial desde antigua data –consagrado legislati- vamente–, la ley aplicable para las jubilaciones es la vigente a la fecha de cesación en el servicio, razón por la cual resultaba ocioso el examen de toda construcción interpretativa que lo desconociera. 5º) Que, entre otros aspectos, el fallo puso en evidencia que el actor modificó su pretensión durante el trámite del proceso, pues en un prin- cipio había rechazado expresamente toda posible aplicación de la ley 24.018 y del decreto 78/94, en tanto que después había intentado ha- cer valer sus disposiciones invocando el instituto penal de la ley más benigna, pero tomando sólo aquellas normas que lo beneficiaban y pres- cindiendo de las que no lo favorecían. 6º) Que, por último, la cámara hizo hincapié en la especialidad del sistema legal prescripto para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Señaló que este sistema regula un ámbito personal específico con recaudos diferentes, que se caracteri- zan por resultar más exigentes que los incluidos en los sistemas gene- rales, motivo por el cual los criterios de interpretación amplia propug- nados para reconocer o rechazar en general las prestaciones de natu- raleza alimentaria, no resultan aplicables en la especie por obvias ra- zones de justicia. 7º) Que contra ese pronunciamiento el actor dedujo recurso ordi- nario de apelación, que fue concedido y es procedente según lo estable- cido en el art. 19 de la ley 24.463. Sin embargo, los agravios propues- tos pretenden una solución que se aparta del principio de la ley aplica- ble, que constituyó siempre uno de los pilares básicos del sistema jubi- 4270 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 latorio nacional, pues eliminó las dudas respecto de la norma que de- terminaba la incorporación de los derechos previsionales al patrimo- nio de los afiliados, que no es otra que la vigente a la fecha del cese de servicios (Fallos: 287:412; 290:349; 293:502; 295:512; 307:592; 308:332; 311:140 y 312:2315, entre muchos otros). 8º) Que, además, la postura adoptada por el actor en la demanda coincidía con los términos de la doctrina aludida. No obstante, en pre- sentaciones posteriores, el actor postuló una interpretación extensiva a su caso de la ley 24.018, que carece de razonable sustento. En tal sentido, en el escrito inicial había destacado expresamente que su si- tuación personal no debía circunscribirse a lo dispuesto por leyes pos- teriores a la finalización de su labor en el Ministerio Público que limi- taran o restringieran los derechos reclamados; después, y en actos su- cesivos, cambió los argumentos en un intento por conseguir la presta- ción jubilatoria al amparo de la ley 24.018, con invocación del princi- pio penal de la ley más benigna. 9º) Que, sobre el particular, cabe señalar que si bien es cierto que el art. 9º de la ley 24.018 autoriza a los funcionarios y magistrados que hayan ejercido o ejercieren los cargos enumerados en el art. 8º –entre los que se halla el de fiscal de cámara– a obtener la jubilación ordina- ria con el porcentaje de haber fijado en el art. 10, cuando reúnen los años de edad y de servicios con aportes, también lo es que dicha norma sólo se aplica cuando el cese se produce después de su entrada en vi- gencia, vale decir, después del 18 de diciembre de 1991. 10) Que, en el caso, el actor presentó la renuncia como fiscal de cámara el 14 de enero de 1976, fecha en la que regía la ley 18.464, modificada por la ley 20.572, por lo que su situación previsional debe ser examinada a la luz de este régimen. En tal sentido, cabe destacar que accedían a la jubilación los magistrados y funcionarios que hubie- ran cumplido 60 años de edad, se hubiesen desempeñado en alguno de los cargos enunciados en el art. 1º de la ley durante un período míni- mo de 5 años y que, además, computasen 30 años de servicio, de los cuales 15 continuos o 20 discontinuos debían haberse prestado en for- ma efectiva en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias adhe- ridas al régimen de reciprocidad jubilatoria. 11) Que, por otra parte, el “...haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 85% de la remuneración total sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondiente al cargo desempeñado al momento 4271 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 de la cesación definitiva en el servicio...” (art. 4º); y para tener derecho a la jubilación “...es condición hallarse en el desempeño de cualquiera de los cargos enumerados en el art. 1º al momento de cumplir los re- quisitos necesarios para su logro. Sin embargo, ese beneficio se otor- gará a los magistrados y funcionarios que, reuniendo los restantes re- quisitos, hubieran cesado en cualquiera de los cargos enumerados en el art. 1º dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cumplieron la edad requerida en el artículo anterior” (art. 5º). 12) Que, por lo tanto, a la luz de esas disposiciones se debe deter- minar la situación previsional del recurrente. En tal sentido, el actor cesó como fiscal de cámara el 14 de enero de 1976 con 54 años de edad –nació el 16 de junio de 1921–, por lo que cuando alcanzó los 60 años –16 de junio de 1981– ya había operado el vencimiento del plazo de gracia reconocido por el mentado art. 5º de la ley de fondo –14 de ene- ro de 1981–, circunstancia que selló en forma definitiva la suerte de su pretensión, por no haber acreditado a esa fecha los requisitos legales para acceder a la prestación solicitada. Dicho de otro modo, el art. 5º de la ley 18.464 permitía acceder a la jubilación a quienes hubieran cesado cinco años antes de cumplir la edad necesaria (60 años, según la reforma introducida por la ley 20.572), circunstancia ésta que no demostró el demandante puesto que su cese ocurrió cinco años, cinco meses y dos días antes del día en que cumplió los 60 años. 13) Que las impugnaciones propuestas en el memorial tampoco se hacen cargo de rebatir todos los fundamentos que sustentaron el fallo recurrido, pues reiteran el pedido de aplicación de la “ley más benig- na”, en un intento de solución que se aparta de manera inequívoca de lo establecido por las normas que rigen el caso, a la vez que se pone en contradicción con el criterio sostenido por esta Corte respecto a que las normas que consagran beneficios especiales no se avienen con las reglas amplias de interpretación que se aconseja utilizar cuando se trata de negar el acceso a las prestaciones de la seguridad social (Fa- llos: 300:236; 301:1173; 303:1214, 1580; 307:637, 2461; 308:914; 311:2781; 315:1671 y 320:1746). 14) Que, por lo tanto, es principio sentado por la reiterada juris- prudencia del Tribunal, consagrado legislativamente, que la ley que rige los derechos previsionales es la vigente al momento del cese de servicios del afiliado, como también que las leyes que acuerdan nue- vos o mayores beneficios jubilatorios no tienen efecto retroactivo, sal- vo disposición expresa en contrario (Fallos: 268:194), extremos que no 4272 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 se cumplen en el caso, por lo que corresponde confirmar la sentencia que rechazó la pretensión, en tanto no se ha probado que se arrebató al recurrente ningún derecho adquirido ni conculcó las disposiciones de la Constitución Nacional sobre seguridad social. Por ello, se declara admisible el recurso ordinario de apelación, concedido a fs. 122, y se confirma la sentencia. Practique

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