“Recurso de hecho deducido por Marcelo Sergio Moscatelli y Rita Lourdes Almeida en la causa Maure, Macarena

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 12 de marzo de 2002. Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Marcelo Sergio Moscatelli y Rita Lourdes Almeida en la causa Maure, Macarena s/ guarda”, para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48). Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procura- dor Fiscal, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 1. Notifíquese y, oportunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — CARLOS S. FAYT (en disidencia) — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO (en disidencia) — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT Y DON ANTONIO BOGGIANO Considerando: 1º) Que contra la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal que confirmó el pronun- ciamiento de la instancia anterior y declaró la incompetencia del infe- rior para conocer en el proceso de guarda iniciado por los actores, éstos 349 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 dedujeron el recurso extraordinario federal, que al ser denegado, dio origen a la presente queja. 2º) Que para así decidir la cámara sostuvo, según el principio esta- blecido por el art. 316 del Código Civil, que al no verificarse el abando- no del menor, correspondía tramitar el presente proceso ante el juez del domicilio del niño que es el que corresponde a la madre que lo ha reconocido, es decir a los tribunales con jurisdicción en la localidad de José León Suárez, Provincia de Buenos Aires. 3º) Que el recurrente se agravia al entender que resulta competen- te el juez del domicilio de la guarda, lugar en el que por voluntad de la madre de la niña se encuentra la menor, desde el momento en que fue dada de alta del Hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires. Por ello tacha de arbitraria la sentencia al entender que se ha apartado del derecho vigente por haberse configurado la situación de abandono de la menor. 4º) Que aun cuando las discrepancias de las partes con la interpre- tación que formulan los jueces de la causa de los principios que rigen el instituto de la guarda resultan ajenas a esta instancia extraordina- ria por remitir al examen de cuestiones de hecho y de derecho común y procesal (Fallos: 275:45; 276:132; 292:85; 297:117; 300:589), cabe dejar de lado dicho criterio cuando la sentencia atacada incurre en un apar- tamiento de las normas aplicables al caso, y aun de la delicada misión que incumbe a los jueces que deben resolver asuntos de familia, con la consecuente frustración de los derechos amparados por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. 5º) Que, en efecto, queda totalmente desvirtuada la misión especí- fica de los tribunales de familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente a valorar (Fallos: 323:91). La cámara me- diante afirmaciones dogmáticas aseveró que el caso no podía subsu- mirse en la situación de abandono establecida por el art. 316 del Códi- go Civil, sin valorar que la menor había sido entregada por su progeni- tora al salir de la internación a los aquí recurrentes, en cuyo domicilio reside desde entonces. Al así decidir, el a quo no atendió al criterio que surge de Fallos: 314:1196; 315:431 que establece que corresponde al juez de la jurisdicción territorial donde vive el menor conocer en la acción de guarda, pues dicha solución contribuye al contacto directo y 350 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 personal del órgano judicial con el menor y a una mayor concentración y celeridad en la adopción de medidas que por su especial estado pu- diera requerir. 6º) Que dicha solución es la que mejor se compadece con la finali- dad tuitiva de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Ley Fundamental). En efecto, el art. 3º.1 de dicho tratado establece: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen...los tribunales... una considera- ción primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Sin dudas, el principio de inmediación con el domicilio de residencia del menor, en el caso, constituye una hermenéutica adecuada a la hora de interpretar las disposiciones sobre competencia. Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la senten- cia apelada. Reintégrese el depósito. Hágase saber y devuélvase al tribunal de origen para que por quien corresponda dicte nuevo pro- nunciamiento. CARLOS S. FAYT — ANTONIO BOGGIANO. OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA V. LABORATORIOS BAGO S.A. RECURSO EXTRAORDINARIO: Resolución. Límites del pronunciamiento. Si la apelante ha sustentado su recurso extraordinario en la cuestión federal, tanto atinente a la declaración de inconstitucionalidad cuanto a la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado, de ambos planteos corresponde tratar prime- ro la arbitrariedad pues, de resultar la apelación admisible, no existe sentencia propiamente dicha. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Inter- pretación de normas y actos comunes. No obstante referirse los agravios de la recurrente a cuestiones de hecho y de derecho procesal y común, por regla ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a tal principio cuando han sido resueltas sin la 351 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 consideración de extremos conducentes para la correcta solución del caso y, por ende, sin dar respuesta a los serios planteos formulados por la recurrente en defensa de sus derechos con grave lesión de la garantía constitucional de la defensa en juicio. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Excesos u omisiones en el pronunciamiento. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a la accionada al pago de diferencias en concepto de aportes y contribuciones por obra social resultantes de aplicar los porcentajes previstos en la ley 23.660 sin base salarial máxima alguna pues al omitir toda consideración acerca de las defensas de falta de legi- timación activa y pasiva opuestas por la demandada desconoció las disposicio- nes del decreto 507/93, ratificado por la Ley de Presupuesto 24.447, que unificó las actividades de recaudación y fiscalización poniéndolas a cargo de la Direc- ción General Impositiva, junto con la titularidad de las acciones compulsivas de cobro de los recursos de seguridad social (arts. 1º, 2º y 28). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Falta de fundamentación suficiente. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a la accionada al pago de diferencias en concepto de aportes y contribuciones por obra social resultantes de aplicar los porcentajes previstos en la ley 23.660 sin base salarial máxima alguna pues el fallo impugnado exhibe defectos de fundamentación que lo des- califican como acto judicial valido y se da la relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales invocadas (art. 15 de la ley 48). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Principios generales. La doctrina de la arbitrariedad no se propone convertir a la Corte Suprema en un tercer tribunal de las instancias ordinarias ni corregir fallos que se reputen equivocados, sino que tiende a cubrir hipótesis de naturaleza excepcional en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamen- to normativo, impide considerar el decisorio como la sentencia fundada en ley a que aluden los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). JUECES. Los jueces no están obligados a tratar todas y cada una de las cuestiones pro- puestas por los litigantes, sino sólo aquellas que estimen conducentes para la correcta solución del pleito (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). 352 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. La finalidad del reclamo administrativo previo es producir una etapa conciliato- ria anterior al pleito, dar a la administración la posibilidad de revisar el caso, salvar algún error, y promover el control de legitimidad y conveniencia de lo actuado por los órganos inferiores (Disidencia de los Dres. Augusto César Be- lluscio y Gustavo A. Bossert). RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. La exigencia de la reclamación administrativa previa tiene por objeto sustraer a los entes estatales de la instancia judicial, en una medida compatible con la integridad de los derechos, evitando juicios innecesarios (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. La reclamación administrativa previa constituye una facultad que por no afec- tar el orden público, puede ser renunciable y de la que se puede prescindir en supuestos justificados, como, por ejemplo, cuando se advierte la ineficacia cierta del procedimiento (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestión federal. Cuestiones fe- derales simples. Interpretación de las leyes federales. Leyes federales en general. Es admisible el recurso extraordinario si se encuentra en tela de juicio la vali- dez de un acto de autoridad nacional –Res. Conjunta DE “N” 138/94 de la ANSeS y 9/94 de la D.G.I– y la decisión ha sido contraria a su validez (art. 14, inc. 1º, ley 48) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bosser

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