“Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Perotto, Humberto Daniel y otro c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 21 de mayo de 2002. Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Perotto, Humberto Daniel y otro c/ Club Atlético Barracas Central”, para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 1138 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, se desestima la queja. Declárase perdido el de- pósito de fs. 98. Notifíquese y, previa devolución de los autos principa- les, archívese. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR (en disidencia) — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ (en disiden- cia) — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUILLERMO A. F. LÓPEZ Considerando: 1º) Que contra la sentencia de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que, al desestimar la apelación de la de- mandada, dejó firme el monto de la condena fijada en primera instan- cia, la vencida interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo originó la presente queja. 2º) Que según fue invocado en la demanda, los actores construye- ron dos canchas de tenis en el Club Atlético Barracas Central, la con- cesión de cuya explotación les fue otorgada sin exigirles el pago de ningún canon, pero con el compromiso asumido por los demandantes de atender y mantener dichas canchas, percibiendo para sí los arance- les que fueran abonados por el uso de las instalaciones. 3º) Que con posterioridad, el demandado desconoció dicha rela- ción, como así también el derecho de los actores a la aludida explota- ción. Tales circunstancias motivaron la deducción del presente juicio, en el que éstos reclamaron el cumplimiento del contrato y los daños y perjuicios que habían experimentado. 4º) Que la demanda fue admitida, estableciéndose en la sentencia respectiva que el monto del perjuicio sería determinado mediante pro- 1139 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 ceso sumarísimo. A tales efectos, se produjo el peritaje de fs. 412, en el que, tras afirmar que había consultado “con clubes de similares carac- terísticas y zonas del accionado”, el perito ingeniero designado estimó el valor horario del alquiler de las canchas de tenis que dieron origen al pleito, y su valor de construcción, al que arribó sin proporcionar la más mínima explicación. 5º) Que en la sentencia atacada, el sentenciante desestimó la ape- lación de los recurrentes, con el argumento de que éstos se habían limitado a cuestionar el monto por excesivo, sin indicar cuál era el que estimaban correcto, omisión que importaba un defecto en la formula- ción del planteo. Ello, pues la objeción de una cuenta sin formular una alternativa, no era modo idóneo de argumentar. 6º) Que si bien los agravios articulados remiten al examen de cues- tiones de hecho, prueba y derecho común que –en principio– resultan ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no constituye óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo de garantías constitucionales, el pronunciamiento apelado no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias com- probadas de la causa (Fallos: 315:802; 316:928; 319:3425). 7º) Que ello ha ocurrido en el caso, habida cuenta de que la argu- mentación expuesta en la sentencia denota un rigor que no se compa- dece con la naturaleza de la cuestión debatida. Ello es así pues, al exigir de la recurrente la indicación del monto correcto, el sentencian- te prescindió de considerar que, precisamente, ése había sido el objeto del juicio, como así también que, en autos, lo impugnado no era un cálculo matemático, sino la estimación de conceptos que dependían de prueba cuya carga no pesaba –o al menos no fue dicho eso en la sen- tencia– sobre la demandada. 8º) Que, de tal modo, so pretexto de esa omisión que imputó a la recurrente, el tribunal prescindió lisa y llanamente de considerar sus agravios, con grave desmedro de su derecho de defensa en juicio. En tal sentido, omitió ponderar las serias impugnaciones planteadas por aquélla en contra del peritaje producido en autos, lo cual lo condujo a fijar la condena en función de las pautas en él expuestas, sin evaluar si el monto de ésta se compadecía con la realidad del perjuicio que se debía indemnizar, estimado según las reglas de la sana crítica ju- dicial. 1140 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 9º) Que en tal orden de ideas, nada fue dicho en la sentencia acerca de lo alegado por la recurrente para demostrar que dicho peritaje ca- recía de idoneidad a los efectos de probar tal perjuicio, extremo rele- vante si se atiende a que, entre otras cosas, ella había sostenido que, contrariamente a lo dispuesto en la sentencia firme, el experto había consultado clubes –Huracán, San Lorenzo, Racing, etc.– que no guar- daban ninguna similitud con el de su parte, por lo que no podían ser tomados para estimar las ganancias cuya frustración habían reclama- do los actores. 10) Que en ese sentido, expresó que el suyo lindaba con la “villa de emergencia” Nº 21 por su norte, con las vías de ferrocarril por su oeste y por su este con un galpón. Tal ubicación geográfica, como así tam- bién el espectro social que el club abarcaba, su falta de comunicación en cuanto a medios de transporte, su falta de refugio frente a las incle- mencias del tiempo, la baja calidad de construcción de las referidas canchas, la inseguridad de la zona y otras circunstancias, fueron invo- cadas expresamente por la demandada como características que im- pedían la comparación practicada en el peritaje, pese a lo cual, tanto el juez de primera instancia como la cámara lo adoptaron, sin considerar –siquiera mínimamente– la eventual procedencia de las aludidas ob- jeciones. 11) Que tales omisiones resultaban relevantes, pues las reglas de la lógica y la experiencia judicial indican que esos elementos hubieran podido incidir en el quantum del perjuicio, y, en consecuencia, en la solución alcanzada, defecto que hace procedente el recurso y torna in- oficiosa la consideración de los demás agravios de la recurrente. Por ello, oído el señor Procurador General se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas. Reintégrese el depósito. Vuelvan los autos al tribunal de ori- gen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto. Notifí- quese y devuélvase. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — GUILLERMO A. F. LÓPEZ. 1141 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 RAMON ANIBAL RAMIREZ V. VIRGEN DE ITATI CONCESIONARIO DE OBRAS VIALES S.A. RECURSO EXTRAORDINARIO: Principios generales. Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que re- chazó la demanda de daños y perjuicios sufridos por el actor al haber embestido un animal suelto en una ruta (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Inter- pretación de normas y actos comunes. Si bien los agravios deducidos contra la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios sufridos por el actor al haber embestido un animal suelto en una ruta remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común ajenas, en principio y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para la procedencia de la vía intentada cuando la sentencia prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con la normativa aplicable y las constancias de la causa (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). DAÑOS Y PERJUICIOS: Responsabilidad del Estado. Casos varios. La responsabilidad que el art. 1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardador de un animal por los daños que cause, no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro, puede caberle a otras personas sobre las cuales pesa el deber de evitar que ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad que su presencia representa, por ejemplo, que un semoviente no invada una vía de circulación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). CONCESION. Frente al usuario el concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado en el sentido de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la carretera estará libre de peligros y obstáculos, y que transitará con total normalidad y para obtener tal prestación es que el usuario paga un precio y el concesionario vial lo percibe (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). CONCESION. La obligación del concesionario no se agota en la remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a su demarcación, retiro de male- 1142 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 zas, cuidado de la carpeta asfáltica etc., sino que alcanza a todo lo que sea me- nester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y libre de difi- cultades, por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario una presunción de responsabilidad (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la consideración de extremos con- ducentes. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios por los daños sufridos por el actor al haber embestido un animal suel- to en una ruta pues a partir de la dogmática afirmación de que la demandada “no ha gobernado el proceso causal”, el a quo ha desvirtuado los alcances de la obligación de seguridad a cargo del concesionario, desconociendo que es éste último quien debe acreditar la ruptura del nex

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