“Ricciardi, Venecia c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 27 de mayo de 2003. Vistos los autos: “Ricciardi, Venecia c/ ANSeS s/ dependientes: otras prestaciones”. Considerando: 1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Fede- ral de la Seguridad Social que confirmó el fallo de la instancia anterior que tuvo por acreditadas las tareas prestadas para las firmas “Goma, Basso, Duro y Cía.” y “Aragone S.A.C.I.”, y lo revocó respecto de la denegación del reconocimiento de los servicios en el “Astor Hotel de Mar del Plata”, la ANSeS dedujo recurso ordinario de apelación, que fue concedido y es formalmente admisible (art. 19, ley 24.463). 2º) Que la demandada se agravia del criterio de evaluación de la prueba que utilizaron tanto el juez de grado como la alzada, pues en- tiende que ha sido excesivamente amplio y se ha basado en constan- cias cuya autenticidad había sido negada, como también porque se ha conferido a las declaraciones testificales una eficacia inapropiada. 3º) Que la valoración de la libreta de afiliación al Instituto Nacio- nal de Previsión Social, que lleva el número 1.313.918, resulta de par- ticular relevancia para decidir las objeciones planteadas ya que la ley 11.933 instituyó un subsidio por maternidad financiado con aportes de las afiliadas y contribuciones de los empleadores, cuya administra- ción se puso a cargo de la Caja Nacional de Jubilación y Pensión. El documento agregado a fs. 202 se encuentra sellado en su primera hoja por el organismo previsional, aparte de que cumple con las exigencias del decreto reglamentario 80.229/36. FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 1708 4º) Que en el citado instrumento se encuentran adheridas las es- tampillas especiales en los casilleros correspondientes a los aportes y contribuciones efectuados a la Caja de Maternidad y los períodos a que se refiere, y los empleadores coinciden con los denunciados para la obtención del beneficio. 5º) Que el desconocimiento de la autenticidad del documento, for- mulado por la demandada en forma genérica, no alcanza para invali- darlo ya que la reglamentación referida le otorga valor de “documento de identidad de la afiliada”, por lo que resulta improcedente el planteo de la apelante dirigido a invertir la carga de la prueba imponiendo a quien reclama un beneficio jubilatorio la tarea de acreditar la legiti- midad de un instrumento de antigua data expedido por la autoridad respectiva. 6º) Que por ser ello así deben tenerse por probadas las relaciones laborales denunciadas y la condición de empleadores de las firmas mencionadas pues efectuaron las contribuciones previstas en la cita- da ley, máxime cuando tal conclusión se encuentra corroborada por otros elementos documentales agregados a la causa y por la prueba testifical. 7º) Que en cuanto a la objeción de la demandada con respecto a la fecha de afiliación de la titular –empleada por ese entonces por la firma “Goma, Basso y Duro y Cía.”, que operaba con el nombre de fantasía “Casa Boo”–, cabe señalar que aun cuando surge de los registros de la ANSeS que fue efectuada sólo en el año 1957, los pagos a la Caja de Maternidad fueron realizados a partir de 1950, por lo que lo decidido sobre el punto por la alzada se ajusta a dere- cho. 8º) Que la recurrente aduce que los sobres agregados como prue- ba en la causa no constituyen un recibo formal de pago emanados del empleador “Astor”, ya que no se encuentran confeccionados confor- me a la ley. Empero, no cabe desconocer que en ellos figuran las li- quidaciones mensuales con los descuentos respectivos, que resultan contemporáneos con las fechas en las que la actora denuncia la pres- tación de servicios y tienen inserto el sello membrete de la empresa (fs. 203, del expediente administrativo que corre por cuerda). 9º) Que tampoco resulta procedente el agravio de la demandada referente a la negativa de la empresa hotelera “Astor” a extender DE JUSTICIA DE LA NACION 326 1709 la certificación de servicios solicitada por la titular mediante car- ta documento, dado que esa respuesta se basó en que la firma no había conservado documentación laboral antigua, circunstancia que no puede afectar el reconocimiento de tareas que se han com- probado mediante otros elementos de juicio, máxime cuando los jueces han obrado con la cautela aconsejada por la doctrina de esta Corte en materia previsional (Fallos: 310:2159; 313:835; 315:1256; 316:1705; 319:2351; 320:364; 322:2926, entre muchos otros). Por ello, se declara admisible el recurso ordinario y se confirma la sentencia. Costas por su orden (art. 21 de la ley 24.463). Notifíquese y devuélvase. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ — JUAN CARLOS MAQUEDA. MARIA ROSA CAMBACERES REMUNERACIONES. El propósito que inspiró la disposición de la acordada Nº 37/94, que excluye de la equiparación salarial otorgada por la Nº 71/93 a los prosecretarios adminis- trativos sancionados, fue impedir la inicua situación que se presentaría si quien no puede ser ascendido al cargo de prosecretario jefe como consecuencia de una sanción, igualmente gozase de una equiparación salarial con el cargo al cual no puede acceder, por lo que sólo hace referencia a las sanciones que inhabiliten para el ascenso, sin que las que carezcan de dicho efecto impidan la procedencia del régimen en cuestión. REMUNERACIONES. Cuando cesan los efectos de la sanción y el prosecretario administrativo está nuevamente en condiciones de ascender, también renace su aptitud para go- zar de la equiparación salarial prevista en las acordadas 71/93 y 37/94 de la Corte Suprema, lo cual lleva a computar el lapso transcurrido desde su desig- nación hasta el momento de la sanción, que sólo operó como una causal de suspensión del plazo previsto. FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 1710 RESOLUCION DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 27 de mayo de 2003. Visto el expediente caratulado “Cámara Nacional de Apelacio- nes en lo Criminal y Correccional –haberes– Cambaceres, Ma- ría Rosa s/ Acordada 37/94 y 75/93”, y Considerando: 1º) Que la prosecretaria administrativa de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, María Rosa Cambace- res, solicitó el pago retroactivo del suplemento establecido por las acordadas nros 75/93 y 37/94, por el período comprendido desde di- ciembre de 1996 hasta octubre de 2001, fecha a partir de la cual le ha sido liquidado, según la interpretación efectuada por la habilitada del fuero –fs. 4/8–. 2º) Que según surge de las presentes actuaciones: a) la peticionaria fue designada en el cargo de prosecretaria admi- nistrativa en diciembre de 1986; b) el 27/5/91 la cámara le aplicó una sanción de 30 días de sus- pensión –la máxima prevista– a raíz de un sumario que se le inició por graves faltas comprobadas en su desempeño ante el citado tribu- nal –ver fs. 11/12–. c) de no habérsele aplicado el correctivo se hubiera encontrado en condiciones de percibir el suplemento en cuestión a partir de diciem- bre de 1996. d) que conforme al art. 214 inc. d del reglamento del fuero, no puede ascender quien registre “suspensión o multa en el transcurso de los dos años anteriores al momento en que corresponde la promo- ción”. 3º) Que la acordada Nº 75/93 establece que “los prosecretarios administrativos con diez años de antigüedad en el cargo percibirán una remuneración equivalente a la de prosecretario jefe conforme a la reglamentación que se dicte al respecto”; y la acordada Nº 37/94 DE JUSTICIA DE LA NACION 326 1711 determina que dicho suplemento consistirá en la diferencia de remu- neraciones existente entre el cargo de prosecretario administrativo y el de prosecretario jefe sólo con respecto a los rubros “sueldo básico”, “compensación jerárquica” y “suplemento remunerativo –acordada Nº 71/93–”. Pero aclara que sólo se abonará “a quienes no tengan sanciones que las reglamentaciones respectivas los inhabiliten para el ascenso”. 4º) Que el propósito que inspiró la disposición que excluye de la equiparación salarial a los prosecretarios administrativos sanciona- dos, fue impedir la inicua situación que se presentaría si quien no pue- de ser ascendido al cargo de prosecretario jefe como consecuencia de una sanción, igualmente gozase de una equiparación salarial con el cargo al cual no puede acceder. Por ello la acordada Nº 37/94 sólo hace referencia a las sanciones que inhabiliten para el ascenso, sin que las que carezcan de dicho efec- to impidan la procedencia del régimen en cuestión. En las condiciones expresadas, cuando cesan los efectos de la san- ción y el prosecretario administrativo está nuevamente en condicio- nes de ascender, también renace su aptitud para gozar de la equipara- ción salarial, todo lo cual lleva a computar el lapso transcurrido desde su designación hasta el momento de la sanción. 5º) Que, en consecuencia, esta Corte opina que la sanción aplicada sólo operó como una causal de suspensión del plazo previsto en las acordadas en examen. En definitiva, por aplicación de este criterio –inhabilitación de dos años para el ascenso–, la prosecretaria admi- nistrativa habría completado el período requerido en el año 1998. El reclamo no habría prescripto –art. 4027 del Código Civil–. Por ello, Se resuelve: I) Hacer saber a la Administración General del Consejo de la Ma- gistratura el contenido de la presente. II) Comunicar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Crimi- nal y Correccional, a las demás cámaras de apelaciones nacionales y federales del interior del país y a la Dirección de Gestión Interna y FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 1712 Habilitación el criterio adoptado con relación al cómputo del suple- mento previsto por las acordadas nros. 75/93 y 37/94. Regístrese, hágase saber y oportunamente archívese. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. ALIANZA FRENTE POR UN NUEVO PAIS RECUSACION. La difusión, sin responsabilidad

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