DE JUSTICIA

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 387 destinadas a la venta en la Capital, conforme a.lo dispuesto por el P. E. por decreto de febrero 24 de 1933. El 8 de septiembre de 1939, el Congreso sancionó la ley nQ 12.591, por la que se autoriza al P. E. para fijar los precios máximos de venta de las mercaderías de primera necesidad, sobre la base del promedio de precios que regían en la primera quincena de agosto de 1939. El 14 del mismo mes y año, el P. E., a propuesta de la Comisión de Control de Abastecimientos, resolvió por decreto nQ 41.588, fijar en $ 6,25 el precio máximo para mayorist.as, de la papa importada y existente en el país, en cajones o bolsas de 50 kilos. El 21 de ese mismo mes, se elevó a $ 7 ese precio máximo por decreto nQ 41.325. . Como en las fechas indicadas tenía todavía pendiente de liquidación una importante existencia de papas, se vió obli. gado a vender a los precios indicados, con grave perjuicio para su patrimonio y pese a las gestiones y reclamos que interpuso ante ellVIin. de Agricultura y la Comisión de Abastecimient.os, que tuvieron su formal expresión con la escritura de protesta cuyo testimonio acompaña a su demanda. A fin de justificar los perjuicios sufridos, enumera el pre- cio de costo, importe de los derechos de Aduana, gastos de tras- lado, comisiones, impuesto y almacenaje,' resultando de t.odos ellos que el costo de cada bolsa puesta en el Mercado, ha sido de $ 7,57. Acompaña unas planillas y liquidaciones de los consigna- tarios, de las que resulta que ha vendido 29.898 bolsas a $ 6,25 Y 18.835 bolsas a $ 7.-. La diferencia entre lo obtenido a esos precios y el precio de costo, asciende a $ 50.195,61 a lo que debe agregarse la utilidad que dejó de percibir, la que considera justo y equitativo fijar en ellO % del capital inver- tido. Este rubro ascendería así a $ 36.883,31 Y el mont.ototal de los daños y perjuicios, cuya indemnización reclama es, pues, de $ 87.078,92. Impugna la ley 12.591 como inconstitucional, por cuanto viola el arto 14 de la ConstoNacional, que garante a todos los habitantes el derecho de trabajar y ejercer toda industria lí- cita, de comerciar y de usar y disponer de su propiedad. Con- sidera que también infringe el art.. 17, que declara que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley y el arto 28 que establece que los principios, garantías