DE JUSTICIA

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 295 ximadamente tres centenas de desapariciones forzadas de personas en los años 1979 y 1980, decreciendo luego significativamente a par- tir de este último año. No obstante, debe también computarse que no se ha acreditado en este expediente ninguna privación ilegal de lÍbertad que comen- zara a ejecutarse a partir de 1980. 3.- Habida cuenta de su naturaleza y características, no hay constancias documentales en autos de las órdenes secretas e ilegales que se han descripto en el apartado anterior. Pese a ello, a juicio del Tribunal, su -emisión resulta evidente a la luz de las múltiples e inequívocas presunciones que se señalan a continuación: a) Los propios comandantes alegaron haber tenido el control efectivo de sus fuerzas y negaron la existencia de grupos militares que actuaran con independencia de la voluntad del comando, cir~ cunstancias ambas que no fueron desvirtuadas en la causa. b) La totalidad de los jefes y oficiales que han declarado en la audiencia o en actuaciones agregadas afirmaron que la lucha an- tisubversiva se ajustó estrictamente a las órdenes de sus comandan- tes superiores. Aún cuando en muchos casos el relato que hicieron de las acciones concretas de su responsabilidad, se limitó a controles de tránsito, identificación de transeúntes y vehículos o maniobras para la seguridad de las propiqs instalaciones, aquella afirmación vale para la realidad de lo acontecido. Así ]0 afirmaron en la audiencia los brigadiere's Augusto Jorge Hughes, Jesús Orlando Capellini, Antonio Diego López y Rodolfo' Aquilino Guerra; los vicealmirantes Vañek, Luis María Mendía, Pe- dro Antonio San~amaría Montes y Eduardo René Fracassi; los con- tralmirantes Manuel García, Salvia Olegario Menéndez y Horado Za- ratiegui; el Almirante ~ubén Osear Franco; los generales Ludano Benjamín Menéndez y Francisco Obdulio Dalesandrini; los coroneles Carlos Alberto Mulhall, Roberto Roualdes y Raúl Alberto Gatica, y ep las actuaciones agregadas por cuerda los generales Ramón Camps