Ledesma

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 31 de octubre de 1989. Vistos los autos: "Ledesma S.A Agrícola Industrial el Estado Nacional (Mrio~de Economía) si nulidad de resolución". Considerando: 1!!)Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de 2024 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 312 fs. 1037/1042 que, al confirmar parcia1triente la sentencia del juez de primera instancia de fs. 985/990, condenó al Estado Nacional a reparar los perjuicios causados a la actora por haberla obligado a fabricar y exportar a quebranto una importante cantidad de azúcar, interpusie- ron ambas partes sendos recursos ordinarios de apelación, los que fueron concedidos a fs. 1068. 2º) Que dichos recursos resultan formalmente procedentes, toda vez que se trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte, y el valor cuestionado actualizado a la fecha de la interposición de los recurso.s supera, en ambos casos, el mínimo previs- to por el arto 24, inco 6º, apartado a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708, y resolución de esta Corte nº 1242/88. 3º) Que la presente causa fue promovida por Ledesrria S.AA e 1.(fs. 124/138) con el propósito de que se declare la ilegitimidad de la resolución M.E. nº 403/84 y disposición de la Dirección Nacional del Azúcar nº 85/84 dictada en consecuencia, en virtud.de las cuales se impuso a la actora la obligación de fabricar y exportar a quebranto la cantidad de 86.409 to de azúcar -de las que finalmente exportó 74.669 t.- sin preverse una indemnización. Pidió, asimismo, el resar- cimiento integral de los daños y perjuicios que le causó la exportación obligatoria mencionada. 4º) Que contra esa pretensión se opuso el Estado Nacional (fs. 168/171) por considerar que las resoluciones impugnadas eran legíti- mas al haber sido dictadas en ejercicio de las facultades atribuidas por el arto 55 de la ley 19.597. Sostuvo, al efecto, que el Estado fijó desde al año 1973 cupos de exportación obligatoria sin ningún tipo de objeción por parte de los ingenios y que, por el contrario, fueron éstos los que pidieron el aumento de los cupos de exportación. Agregó a ello que la exportación tuvo corno objeto beneficiar a los propios ingenios ya que en caso de destinarse al consumo interno el volumen asignado, se habría producido una sobreoferta del producto y un consecuente decaimiento de los precios. Señaló, por último, que la exportación obligatoria encontró siempre su resarcimiento en el precio del mercado interno,.y que no acreditó la actora, en debida forma, el peljuicio aducido. 5º) Que para resolver en la causa, la Cámara a quo consideró a fs. 1037/1042 -compartiendo el criterio delju~z de primera instancia (fs. 985/990)- que debía responder el Estado en virtud de su respon- DE JUSTICIA DE LA NACION 312 2025 sabilidad por actividad legítima, ya que más allá de haber solicitado la actora la declaración de ilegitimidad de dos resoluciones administrati- vas, "demandó en final instancia, con un requerimiento concreto, el resarcimiento pecuniario que concluye reconociéndole el señor Juez". Entendió, además, que aparecían cabalmente demostrados "los perjui- cios que aparejaron a la actora la resolución M.E. nº 403/84 y disposi- ción nº 85/84 de la Dirección Nacional del Azúcar". Desechó, por su parte, los argumentos del Estado Nacional tendientes a demostrar -mediante la acreditación de que la actora es beneficiaria de una industria sobreprotegida- la improcedencia de la acción, al señalar que lo que interesa es "situar la controversia de autos dentro del marco de las leyes vigentes sobre la materia. Y si de ese modo la accionada se ha propuesto evidenciar una situación injusta que a alguien perjudica, de la que la actor a resulta injustamente favorecida, a su alcance está promover las medidas conducentes a su corrección" (fs. 1040 vta. /1041). Confirmó, en conse<fuencia, la sentencia de primera instancia, modificándola tan solo en cuanto a la tasa de interés a computarse -que fijó en un 6% anual-, al valor a indemnizar -al disponer la deducción de las ganancias provenientes de las ventas de azúcar en el mercado interno respecto del monto reconocido en primera instancia- y a la distribución de costas, que impuso en un 80 % a cargo de la demandada y en un 20 % a cargo de la actora. 6º) Que contra la citada resolución se agravian ambas partes. En el supuesto de la actora, por considerar ésta que el quebranto sufrido por ella con motivo de las exportaciones obligatorias no debe compensarse con la exigua utilidad que obtuvo por la venta de azúcar en el mercado interno. Sostiene, además, que la reparación integral del daño ocasio- nado exige que los intereses reconocidos judicialmente se' computen sobre el monto actualizado desde la fecha en que aquél fue causado y,no -<:omo lo dispusieron las sentencias de grado- desde la fecha en que la demanda fue notificada. Expresa, también, que no le corresponde a Ledesma S.A.A.!. cargar, en modo alguno, con las costas del proceso al haber hecho el a quo lugar a la demanda y resultar "a todas luces razonable que haya intentado la obtención de la reparación integral del daño ocasionado como consecuencia del cumplimiento de las exporta- ciones obligatorias impuestas por el Gobierno Nacional". 7º) Que, por su parte, los agravios de la demandada se dirigen a obtener la revocación del pronunciamiento del a quo en elentendimien- to de que tanto la sentencia del juez de primera instancia como la de la 2026 FAI,LOS DE LA CORTE SUPREMA 312 alzada cuentan con una fundamentación tan solo aparente, basada exclusivamente en afirmaciones dogmáticas. Señala, en este aspecto, que deben tenerse en cuenta las particulares circunstancias del régi- men azucarero actual, sobre las que se explaya. Insiste en que losjueces de grado se han apartado de las constancias de la causa -violando así el principio de congruencia y su garantía del debido proceso- al haber accedido a la reparación de los perjuicios reclamados por Ledesma S.AA!. en virtud de la responsabilidad por actividad lícita del Estado, cuando aquélla fundó su pretensión en la ilegitimidad de las resolucio- nes M.E. nº 403/84 y D.N.A nº 85/84. Expresa que no se encuentra en discusión en la presente causa la posibilidad de responsabilizar al Estado por su accionar legítimo, que admite, aun cuando niega su procedencia en el caso. Manifiesta, finalmente, que las exportaciones en cuestión, lejos de arrojar quebranto dieron ganancia, razón por la cual atribuye el resultado del peritaje contable obrante en la causa a la utilización por parte del experto de una equivocada técnica contable. 8º) Que la complejidad de las cuestiones planteadas y la importan- cia de los valores enjuego en elsub examine, toman necesarias algunas reflexiones previas tendientes a esclarecer la posición que adoptará el Tribunal en la resolución de esta causa. 9º) Que en este aspecto resulta imprescindible reiterar, en primer lugar, que la Corte comparte -en su composición actual- aquella postura predominante en el derecho público nacional y extranjero que propugna el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita, en tanto se encuentren reunidos para ello, naturalmen- te, ciertos requisitos de existencia imprescindible. Admitido con el advenimiento del estado de derecho -yen virtud del principio de legalidad- la superación de aquella tesis que entendía que el Estado sólo se subrogaba en el lugar antes ocupado por el príncipe, heredando los privilegios propios de éste (Jeze, Gastón, "Réparation du préjudice special causé par une loi générale impersonnelle", Revue du Droit Public, Paris, 1945, p. 368), el citado reconocimiento debe reputarse como un signo inequívoco del abandono de aquellas concepciones que veían al obrar estatal como producto de la voluntad omnímoda de los soberanos, e identificaban, así, a la soberanía del Estado con la existencia de un poder absoluto sobre la base de la idea que al representar el Estado al derecho organizado, no puede aparecer aquél como violador de éste. DE JUSTICIA DE LA NACION 312 2027 10) Que las citadas reflexiones, consecuencia directa del reconoci- miento de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita, admi- tida por los jueces de grado en esta causa -y por el Tribunal en 9casiones anteriores (Fallos: 195:66; 211:46; 258:345; 259:398; 274:432; 301:403, entre muchos otros)-- no resultan, sin embargo, aplicables en el sub examine , toda vez que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita exige para su proceden- cia el cumplimiento de ciertos presupuestos que no se encuentran reunidos en la presente causa. 11) Que para así resolver resulta menester observar atentamente las peculiaridades propias del régimen al que se encuentra sometida la industria azucarera nacional en su conjunto, y no tan solo aquéllaS consecuencias -aun dañosas- cuya verificación pudiera implicar una visión parcial del mencionado sistema global. Tal consideración se impone especialmente en supuestos como el presente; en los cuales el alto. grado de intervencionismo estatal trastoca por completo las variables corrientes, desvirtuando cualquier apreciación parcial del panorama real de la industria, toda vez que la intervención estatal resulta apta para otorgar ventajas donde normal- mente no las habría y causar perjuicios donde difícilmente se produci- rían. La admisión de esta circunstancia no tiene por objeto, en modo alguno, una valoración política de la conveniencia o inconveniencia del sistema azucarero adoptado por el Gobierno Nacional-no cuestiona- do, por otra parte, por la actora- y cuya evaluación extrajurídica resulta por comI>Ietoajena al conocimiento de la Corte y de los restantes tribunales de justicia. Persigue, por el contrario, dejar perfectamente sentado cuál es el criterio interpretativo que debe regir en la resolución de la causa. Por ello, en tanto vigente un sistema artificialm

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