Mazzotta, José el Buenos Aires, Provincia de sI ordinario

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 5 de abril de 1995. Vistos los autos: "Mazzotta, José el Buenos Aires, Provincia de sI ordinario", de los que Resulta: 1)A fs. 36/49 se presenta, por medio de apoderado, José Mazzotta e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires. Dice que el día 17 dejunio de 1986 llevó a cabo por escritura públi- ca un contrato de mutuo con el señor Félix Ismael Goldsmit, por el cual le facilitó la cantidad de cincuenta mil dólares estadounidenses por un plazo cuyo vencimiento se produciría el 17 de noviembre de ese año. Los intereses respectivos se pagarían en cinco cuotas iguales y consecutivas, la primera de las cuales tendría vencimiento el 17 de julio. Se fijaron, también, intereses punitorios. Explica las modalida- des de pago convenidas. Expresa que en garantía de su crédito el deudor gravó con derecho real de hipoteca en primer grado un inmueble de su propiedad sito en la localidad de Matheu, partido de Escobar, en la Provincia de Buenos Aires, cuyos datos físicos y.catastrales describe, sobre el cual, según el certificado Nº 103.769 emitido por el Registro de la Propiedad Inmue- ble a petición del escribano interviniente, no pesaban gravámenes ni restricciones. Formalizada la escritura en el plazo de validez de la cer- DE JUSTICIA DE LA NACION 318 473 tificación aludida, se procedió a inscribir la hipoteca, lo que provocó la afectación del inmueble a la técnica de folioreal bajo matrícula 1/616 del partido de Escobar. Cabe agregar que para verificar la correcta inscripción de la hipoteca el notario solicitó el certificado de dominio Nº 215.448, que no mostró ninguna irregularidad. Ante el incumplimiento del deudor, debió iniciar una ejecución hi- potecaria en la que, a fin de cumplir recaudos procesales, se pidió un informe al registro inmobiliario, del que surgió que con fecha 15 de agosto de 1986 el bien había sido vendido por escritura pasada ante la escribana Cristina Ochoa e ingresada el 27 de ese mes, la que recibió una inscripción provisional. Ante esa evidencia, eljuez de la ejecución solicitó copia autenticada de ese documento, que se agregó al expe- diente. Tal circunstancia implicó la imposibilidad de subastar el in- mueble. No obstante, el juicio ejecutivo continu su trámite y el 1º de diciembre de 1988 se dictó sentencia condenándose al deudor al pago del capital con más los intereses compensatorios convenidos en la cláu- sula segunda del contrato de mutuo y los intereses punitorios a la tasa del 6 % anual. Según pudo saberse posteriormente, la transmisión de la propie- dad sólo pudo llevarse a cabo por el deficiente obrar del Registro de la Propiedad, que emitió erróneamente el certificado solicitado por la escribana interviniente en la compraventa sin dar cumplimiento a la exigencia del arto 25 de la ley 17.801. En efecto, esta norma dispone que, expedida una certificación de las comprendidas en los arts. perti- nentes, el registro tomará nota en el folio correspondiente y no dará otro sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia más el del plazo a que se refiere el artículo 5 que en dicho período hubiere despachado. El cumplimiento de tal exigencia -sostiene- habría obli- gado al registro a informar la expedición del certificado Nº 103.769 del 12 de junio de 1986, requerido para cumplir los trámites vinculados con la constitución de la hipoteca, al expedir el que posteriormente se solicitó con destino a la venta bajo el Nº 199.288 de fecha 23 de julio, por cuanto la hipoteca tenía prioridad ganada y era oponible a terce- ros. Las circunstancias antedichas determinaron que el organismo re- gistral iniciara el expediente administrativo 2307/5131/86, a raíz de que la escribana Ochoa solicitó que se procediera a la inscripción defi- nitiva de la operación de venta sobre la base de que había actuado mediante un certificado sin restricciones. Fue así que el registro dictó 474 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 318 la resolución contencioso registral Nº 25/87 que hizo lugar a esa peti- ción y dispuso poner en conocimiento del acreedor hipotecario la va- riante registral con su desplazamiento. El texto de esa disposición de- muestra el reconocimiento por parte del organismo de una irregulari- dad que le era atribuible y de la prioridad de la hipoteca. Ante tal situación se efectuó la pertinente reclamación adminis- trativa, a la que se atribuyó el carácter de eficiente constitución en mora con efectos suspensivos de la prescripción según el arto 3986 del Código Civil, que fue desestimada mediante resolución ministerial Nº 78 del 23 de febrero de 1990.Allí se sostuvo que el desplazamiento de la hipoteca se produjo por efecto del dictado de la resolución Nº 25 antes mencionada, lo que ocurre por la expedición del certificado Nº 199.288 libre de todo gravamen y sin informar la existencia de ano- tación de reserva de prioridad para otorgar la escritura de hipoteca, pero se rechaza el reclamo por entenderse que no se acreditó la exis- tencia de daño. Hace consideraciones sobre el sistema registral vigente y las nor- mas que sustentan su derecho, funda el concepto de la responsabili- dad estatal, y cita jurisprudencia de esta Corte sobre los efectos de las certificaciones erróneas, a la par que se refiere al daño indemnizable. Pide que se haga lugar a la demanda. II) A fs. 72/78 se presenta la Provincia de Buenos Aires. Realiza una negativa general de los hechos invocados en la demanda en cum- plimiento de lo dispuesto por el arto 356, inc. 1 del Código Procesal, y opone la defensa de prescripción considerando que el reclamo admi- nistrativo que dice haber efectuado la actora -mediante una nota diri- gida al Registro de la Propiedad Inmueble- no ha tenido efectos sus- pensivos sobre el plazo del arto 4037 del Código Civil, aplicable en la especie. Ello es así, toda vez que dicha nota no reúne los requisitos del arto3986, segunda parte, del código,para tener por constituido en mora al deudor, al no haber sido dirigida al gobernador de la provincia o al fiscal de Estado. Y;asimismo, ya que tal reclamación no es condición necesaria para abrir la vía judicial. En cuanto al fondo de la cuestión, rechaza la atribución de respon- sabilidad a la provincia. DE JUSTICIA DE LA NACION 318 475 Sostiene, en primer término, que no existió contrato de mutuo por cuanto la escritura no hace mención a entrega de dinero en ese acto. Asimismo, que los hechos determinantes del presunto peIjuicio invo- cado por el demandante provienen de la actitud negligente asumida por la escribana que designó para formalizar la escritura, la que no tuvo a la vista el título respectivo y que, por otro lado, debió ingresar en el registro junto con la escritura hipotecaria el título del deudor donde debía constar la inscripción marginal de la hipoteca. Por otra parte, considera que el actor debió dilucidar su mejor de- recho frente al comprador del inmueble. Así lo afirma cuando dice que "el no accionar judicial de la actora contra los supuestos compradores para obtener el reconocimiento de su mejor derecho tácitamente im- plica reconocer que no existió el supuesto mutuo, como lo vengo di- ciendo y que surge a raíz de la no entrega de dinero alguno en la escri- tura de mutuo que invoca, y por ende inexistencia de hipoteca" (fs. 74). Pide el rechazo de la demanda. Considerando: 1º) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Su- prema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional). 2º) Que corresponde en primer lugar estudiar la defensa de pres- cripción planteada por la provincia demandada. Según resulta de los antecedentes aportados, la actora dirigió el 21 de junio de 1989 una nota al Registro de la Propiedad Inmueble en la que reclamó la repa- ración de los daños y perjuicios que atribuyó al accionar de esa repar- tición, asignando a esa presentación la condición de "eficiente consti- tución en mora", la que debía entenderse que tenía "alcances suspensi- vos de la prescripción según el arto 3986 del Código Civil" (ver fs. 166/ 169 de estos autos, corresp. expediente administrativo 2307-15.560) . . En las causas P.405'xIX. y P.414.XX.(sentencia del 16 de junio de 1993) seguidas por Iván Roberto Prada contra la aquí demandada, esta Corte tuvo oportunidad de exponer su criterio acerca de los alcan- ces de esa norma, por lo que cabe remitir a esos fallos para resolver la cuestión debatida. No obsta a lo allí expuesto la circunstancia de que el requerimien- to haya sido dirigido al director del registro inmobiliario en lugar de haberlo hecho -como se pretende- al titular del poder ejecutivo local, 476 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 318 toda vez que aquel cuerpo integra la administración central. Acerca de la forma de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública y de la omisión de cumplimiento de la obligación de información del in- ferior -en este caso el Registro de la Propiedad Inmueble- respecto del superior, que es inoponible al actor para eximirse de responsabilidad, cabe remitir a lo resuelto por este Tribunal en el precedente E.217.XX. "Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) el Río Negro, Provincia de si cobro de pesos", fallado el 12de marzo de 1994 (voto de los jueces Belluscio, Petracchi y Moliné O'Connor). Sobre tales bases, cabe concluir que la nota mencionada cumple los recaudos formales exigidos pues fue presentada el 21 de junio de 1989 y la presente demanda se inició el31 de mayo de 1990. En conse- cuencia, no se ha cumplido la prescripción aducida. Cabe agregar, con referencia al punto, que el actor tomó conocimiento del hecho dañoso el 30 de septiembre de 1987 (ver fs. 51 de la ejecución hipotecaria, agregada por cuerda). 32)Que, en cuanto al fondo de la cuestión, es doctrina consolidada de esta Corte que en situaciones semejantes no es necesario agotar otras vías para reclamar el crédito ni demostrar previamente la condi- ción de insolvente del deudor por cuanto la responsabilidad extracon- tractual del Estado, comprometida por la acti

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