Caja de Crédito Sarandí, Domínico, Wilde Coop. Ltda. el RC.R.A. si nulidad de resolución

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 10 de agosto de 1995 . .Vistos los autos: "Caja de Crédito Sarandí, Domínico, Wilde Coop. Ltda. el RC.R.A. si nulidad de resolución". 1404 Considerando: FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 318 1°)Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad- ministrativo Federal, Sala n, confirmó la sentencia de la instancia anterior por la que se desestimó la demanda interpuesta por la Caja de Crédito Sarandí Domínico Wilde Coop.Ltda., tendiente a obtener la declaración de nulidad de la resolución 359/84 del Banco Central de la República Argentina, que denegó -por no considerarla oportuna y con- veniente-la solicitud de autorización, formulada porThe First National Bank of Boston, para adquirir parcialmente los activos y pasivos fi- nancieros de la caja de crédito mencionada. 2°) Que contra dicho fallo, la actora interpuso el recurso extraordi- nario, que fue concedido a fs. 820/820 vta. y que resulta procedente en tanto se controvierte la inteligencia y aplicación de normas de natura- leza federal -contenidas en las leyes 21.526 y 22.529- y la decisión recaída resultó contraria al derecho que la recurrente sustenta en aqué- llas. Se sostiene en el remedio federal que: a) la cuestión en debate debe regirse por las prescripciones del artículo 14 de la ley 21.526 y no -como entendió el a quo- por el artículo 16 de dicho cuerpo legal; ello por cuanto la absorción de activos y pasivos pactada entre los interme- diarios financieros y sometida a la autorización del Banco Central, constituye una transferencia de fondo de comercio; b) si en el caso de solicitarse la autorización para funcionar como entidad financiera por parte de empresas consideradas como locales de capital extranjero, sóloqueda sujeto a la discreción del Banco Central eljuzgamiento acer- ca de la existencia de reciprocidad con los países de origen, quedando la autorización o denegación a cargo del Poder Ejecutivo Nacional -conforme lo establece el artículo 13 de la ley 21.526-, resulta inadmi- sible postular que este esquema de competencias se modifique para el supuesto de adquisición de un fondo de comercio; c) de acuerdo con la normativa adecuada a la resolución del caso (artículo 14 de la ley 21.526), en cuyo contexto la actuación del ente rector del sistema fi- nanciero se circunscribe al examen de aspectos técnicos de la opera- ción de adquisición del fondo de comercio, corresponde concluir que el Banco Central carecía de competencia para denegar la solicitud; d) las previsiones contenidas en el artículo 16 de la ley 21.526, introducidas por ley 22.871, son inaplicables en tanto en el caso no se trata de la apertura de sucursales, que ya estaban abiertas, sino de la adquisición de un fondo de comercio por una entidad financiera extranjera a una DE JUSTICIA DE LA NACION 318 1405 nacional; e) la decisión cuestionada prescindió de considerar que la contratación, concluida ad referendum del Banco Central, se encon- traba enmarcada en un plan de saneamiento; O existió un desajuste entre la finalidad querida por la ley 22.871 y la que motivó el dictado del acto administrativo cuya nulidad se sostiene; g) el fallo apelado desconoció claros precedentes administrativos, en los que se otorgó la aprobación que, en el caso, ha sido denegada, lo cual implica un trata- miento discriminatorio que afecta el principio de igualdad. 3.) Que surge del examen de las actuaciones que el 11 de enero de 1983 la caja de crédito -mediante formulario Nro. 3893- manifestó al Banco Central de la República Argentina su voluntad de ser fusionada o absorbida por otra entida'd financiera a efectos de aunar capitales y patrimonios, para consolidar ambas entidades y obtener mayor soli- dez patrimonial (confr. fs. 4/5). Por su parte, la entidad monetaria oficial, por resolución 389 del 20 de octubre de 1983, exigió a la citada caja de crédito un plan de sanea- miento en los términos del arto 3" de la ley 22.529 (fs. 10/14). Por nota del 10 de noviembre de ese año, la sociedad cooperativa puso en conocimiento del Banco Central que había arribado a un acuer- do con el First National Bank ofBoston y manifestó que su aprobación -y ulterior ejecución- significaría una solución total a sus dificultades técnicas, sin que ello importara que fuese imposible para la entidad concretar por sus propios medios el saneamiento solicitado. En conse- cuencia, pidió que se tuviera por presentado el plan de consolidación y se admitieran, con carácter temporario, excepciones a las limitaciones y relaciones técnicas, eximiéndosela del pago de los cargos del arto 35 de la ley 21.526 (confr.fs. 15117).Posteriormente, el First National Bank . ofBoston y la mencionada cooperativa presentaron el contrato de trans- ferencia parcial de activos y pasivos y solicitaron a la entidad rectora la autorización para concretarlo, la que fue denegada por resolución 359 del 19 de julio de 1984. En dicho acto administrativo se tuvo en cuenta que, mediante la operación que se sometía a consideración del Banco Central, la enti- dad adquirente incorporaría -a los 23 establecimientos que poseía ya habilitados en el país- dos casas en la Capital Federal y una en la Provincia de Buenos Aires. Además, se puso de relieve que facilitar la solicitada apertura de tres sucursales no resultaba compatible con las limitaciones aplicables en materia de expansión de entidades finan- 1406 FALWS DE LA CORTE SUPREMA 318 cieras extranjeras, a ]0 que cabía adicionar la circunstancia de que aquéllas habrlan de instalarse en plazas donde, por existir servicios financieros suficientes, tampoco se permitirla el acceso a entidades nacionales, y que, desde el punto de vista de la exigencia que imponía a la banca extranjera el artículo 13 de la ley de entidades financieras, no se advertía que la incorporación de nuevas casas contribuyera a favorecer las relaciones financieras y comerciales con el exterior. Con- tra tal decisión, la cooperativa interpuso recurso de reconsideración, el que fue rechazado in limine por resolución 678, del 30 de noviembre de 1984. 42) Que la propuesta allegada por la caja de crédito actora al Banco Central, a efectos de cumplir el requerimiento de presentación del plan de saneamiento que este organismo oportunamente le requirió -en la que se incluyó la operación de transferencia parcial de activos y pasi- vos-, resulta únicamente admisible en el contexto de un proceso de consolidación -no declarado por el Banco Central-, ya que la solución allí expuesta excedía las propias posibilidades de la caja de crédito (confr. Exposición de Motivos, punto VI de la ley 22.529). En efecto, según se desprende de la nota que ésta remitió al ente de control ellO de noviembre de 1983, la proposición efectuada -que conduciría a una solución total y coherente a las dificultades técnicas de la entidad- requería de un acuerdo total y definitivo con el First National Bank of Boston, por el que éste se hiciese cargo de los activos y pasivos de la citada entidad. Por otra parte, la pretensión de que el acto administrativo impug- nado ponderara -como condición de su legitimidad-la solución de venta en el contexto de un proceso de saneamiento, resulta inadmisible por la propia actuación de la cooperativa, que solicitó en la nota obrante a fs. 15/17 que se tuviera por presentado, en tiempo y forma, el plan de consolidación de la entidad. 52) Que, en efecto, si bien la propuesta de consolidación presentada por la actora incluía una transferencia parcial de sus activos y pasivos a otra entidad bancaria, lo cierto es que la operación de venta importa- ba una expansión del intermediario financiero adquirente, por la in- corporación de sucursales en funcionamiento de otra entidad;.en con- secuencia, los artículos 13 y 14 de la ley de entidades financieras re- sultan inaplicables a la cuestión debatida e inadecuados a efectos de fundar la incompetencia del Banco Central para adoptar la decisión expresada en la resolución 359/84. DE JUSTICIA DE LA NACION 318 1407 En este orden de ideas, cabe destacar que surge del acápite III del contrato suscripto entre el First National Bank ofBoston y la caja de crédito actora (fs. 20/28), que la operación allí instrumentada se acor- dó ad referendum de la obtención de las aprobaciones del Poder Ejecu- tivo Nacional y del Banco Central de la República Argentina, las que debían ser otorgadas de modo tal que permitiesen al comprador ad- quirir los activos y pasivos y, asimismo, operar en la misma cantidad de casas en que la vendedora operaba, incluso recibiendo depósitos a la vista y como banco categoría C. Se estipuló, también, que simultá- neamente con la solicitud de autorización, el comprador requeriría al ente de control autorización para trasladar geográficamente las casas que se adquirían. Además, al enunciar el conjunto de requisitos a cuya concurrencia se supeditó la efectividad de lo pactado, se incluyó la au- torización del Banco Central para que la entidad financiera compra- dora pudiera comenzar a operar como banco categoría C en las casas de la vendedora y para su traslado. De tal modo, las convenciones precedentemente enunciadas evi- dencian que la operación analizada -en caso de haberse concretado- hubiera producido la expansión del intermediario financiero compra- dor, mediante la adquisición de sucursales en funcionamiento de otra entidad, supuesto éste regulado por la comunicación "A"101, circular CREFI; punto III. 6.) Que, sentado ello,cabe precisar que la regulación en materia de apertura de sucursales por parte de sociedades locales de capital ex- tranjero o sucursales locales de entidades extranjeras se encuentra contenida, en forma específica, en el artículo 16 de la ley de entidades financieras. Este precepto, cuyo texto fue introducido por la ley 22,871 (B.O.10/ 8/83) -dictada a efectos de impedir una expansión injustificada del sistema financiero-, mantuvo el requisito de la autorización del Banco Central para la habilitación de sucursales por parte de entidad

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