y Vistos: De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene- ral, declárase que la causa sub examine no es de la competencia origi- naria de este Tribunal. Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen. CARLOS

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 5 de octubre de 1995. Autos y Vistos: De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene- ral, declárase que la causa sub examine no es de la competencia origi- naria de este Tribunal. Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen. CARLOS S. FAYT — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — GUSTAVO A. BOSSERT. JOSE MARIA NUÑEZ JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por el territorio. Lugar del domicilio de las partes. No encontrándose el menor imputado de delito alguno –la ley 22.278, modifica- da por la ley 22.803, en su art. 1o no prevé medidas punitorias– corresponde entender en la causa al juez de menores donde está radicada su progenitora ya que, por la propia naturaleza de la actividad judicial y por las características mismas de la tutela que desplegará el tribunal en beneficio de aquél, no se puede concebir la existencia de actividad tutelar que no esté íntimamente liga- da a la inmediatez permanente con el menor y su grupo familiar, toda vez que la eficiencia de esa actividad está dada por el acercamiento permanente del juez con su asistido. DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: Entre los titulares del Juzgado Nacional de Menores No 7 y el Juz- gado de Menores No 1 de Morón, se ha suscitado la presente contienda 1842 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 318 negativa de competencia en el expediente tutelar iniciado con motivo de la presunta contravención en que habría incurrido el menor José María Nuñez al encontrarlo inhalando una sustancia que derivó en su narcotización. El magistrado nacional declinó su competencia en favor del juzga- do provincial. Sostuvo para ello, que el menor junto con sus guardado- res se domicilian en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, y que en caso de adoptarse medidas de protección y tratamiento, ello no sólo involucra al menor sino también a su grupo familiar, que por lo tanto corresponde dar intervención al juez con jurisdicción en su do- micilio por que es el que tiene mayor inmediatez con el caso (fs. 14). A fs. 17 el magistrado provincial, rechazó la invitación planteada por el magistrado nacional. Según su criterio, no se trata de una causa asistencial sino que se está frente a una contravención, o causa penal originada por la tenencia de estupefacientes y por lo tanto correspon- de intervenir la justicia nacional. Con la insistencia del señor juez a cargo del Juzgado Nacional de Menores No 7, quedó trabada esta contienda. En lo vinculado a este aspecto, no comparto el criterio sustentado por el magistrado provincial, pues la ley 22.278, modificada por la ley 22.803, en su artículo 1o, no prevé para estos casos, medidas punitorias. Considero, pues, que resulta de aplicación la doctrina de V.E., en el sentido de que no encontrándose el menor imputado de delito algu- no, corresponde entender en la causa al juez de menores, donde está radicada la progenitora del menor pues, por la propia naturaleza de la actividad judicial y por las características mismas de la tutela que desplegará el tribunal en beneficio de aquél, no se puede concebir la existencia de actividad tutelar que no esté íntimamente ligada a la inmediatez permanente con el menor y su grupo familiar, toda vez que la eficiencia de esa actividad está dada por el acercamiento del juez con su asistido (Fallos: 305:1171). En esta inteligencia, opino que corresponde al Juzgado de Meno- res No 1 de Morón conocer en la causa. Buenos Aires, 7 de septiembre de 1995. Angel Nicolás Agüero Iturbe. 1843 DE JUSTICIA DE LA NACION 318