Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Herrera, Faustino cl Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 26 de marzo de 1996. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Herrera, Faustino cl Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles", para decidir sobre su procedencia. Considerando: 1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Na- cional de Apelaciones de la Seguridad Social que confirmó la resolu- ción administrativa que había desestimado la jubilación por invalidez sobre la base de que el peticionario no había probado los servicios de- nunciados como peón rural -en la carpida y cosecha de algodón- du- DE JUSTICIA DE LA NACION 319 303 rante el período comprendido entre el 1º de febrero de 1966 y el 30 de junio de 1985, el actor dedujo el recurso extraordinario cuya desesti- mación dio origen a la presente queja. 2º) Que aun cuando los planteos de la apelante remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, temas ajenos -como regla y por su naturaleza- al remedio del artículo 14 de la ley 48, ello no es óbice para habilitar la vía intentada cuando, con menoscabo del derecho de defensa en juicio, la sentencia conduce a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional. 3º) Que la alzada fundó su fallo en la inexistencia de prueba docu- mental -con excepción de los recibos de sueldo obrantes a fs. 29/31- que avalara la relación laboral denunciada por el apelante y en la falta de coincidencia de la prueba testifical-fs. 15, 17, 18,37 y 38- produci- da en la causa respecto de la extensión de aquélla. También señaló que las certificaciones de servicios y remuneraciones -fs. 3- y de cese de servicios -fs. 4- extendidas por el empleador carecían de valor proba- torio, desde que el solo reconocimiento efectuado por quienes decían haber mantenido una relación laboral resultaba ~rrelevante si no se correspondía con otros elementos que la demostraran. 4º) Que, sin embargo, el a qua omitió valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los servicios prestados por el actor como "juntador" de algodón en la localidad de Jumi Pozo,Departamento de La Banda, Provincia de Santiago del Estero; que el actor era analfabe- to y que tal circunstancia -dadas su edad y condición social- lo ubica- ba en una situación de desamparo e indefensión prácticamente abso- luta frente a la omisión del empleador de cumplir las obligaciones que la ley previsionalle imponía respecto de sus dependientes. 5º) Que en las declaraciones testificales no existen las diferencias que expresa el a qua en cuanto a la extensión de las tareas cumplidas, ya que las fechas de comienzo y finalización a que hacen referencia los declarantes -para acreditar el carácter de compañeros de trabajo del actor- se vinculan con sus respectivas relaciones laborales. La valora- ción que realiza el tribunal de la causa debió tener en consideración las condiciones sociales y económicas en que se desenvolvieron los declarantes -también "juntadores" de algodón-, por lo que desconocer su eficacia probatoria cuando en términos generales son coincidentes respecto del tipo de actividades desarrolladas por el actor, forma de pago, ubicación y extensión del predio rural, trasunta un injustificado 304 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 319 rigor formal y se enfrenta con el principio de la sana crítica que debe regir la ponderación de las pruebas. 6º) Que el a qua mencionó la existencia de la prueba documental que había extendido la Cooperativa La Banda Ltda. -fs. 5/7- en la que había informado que el empleador desarrollaba actividades de pro- ductor algodonero; que estaba asociado a esa entidad; que era inte- grante de la firma Leandro Herrera y Hnos.; que había comercializado por intermedio de esa cooperativa las cosechas correspondientes a las campañas 1973 a 1978 y 1982 a 1986 y que se habían realizado las retenciones dispuestas por la resolución 1873/73del Ministerio de Bien- estar Social y por la ley 23.107, pero no la valoró armonizándolas con las pruebas restantes. 7º) Que si bien es cierto que la celebración de convenios de corresponsabilidad gremial para las distintas actividades rurales no implicó la derogación de la obligatoriedad de efectuar aportes y con- tribuciones al sistema previsional, sino sólo un mecanismo de recau- dación que despersonalizó esas obligaciones de los trabajadores y empleadores y las fijó sobre la producción, también lo es que sobre el empleador o productor rural recayeron esas normas y sus reglamen- taciones -resolución 55/79 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social- que impusieron la obligación de informar -al finalizar la cose- cha- a la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Acti- vidades Civiles la nómina de trabajadores intervinientes en la cam- paña, hubieran sido o no empleados directamente por ellos, con indi- cación del número de documento de identidad y días trabajados, de donde el incumplimiento por parte del obligado de ese deber legal sobre el cual el trabajador carece de control alguno, no pudo ser utili- zado en detrimento del acceso a beneficios de naturaleza alimentaria ni para la denegación del reconocimiento de servicios. 8º) Que esta Corte tiene dicho que es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corres- ponde a los distintos medios probatorios -Fallos: 308:641- y que en materia de previsión o seguridad social es esencial cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, por lo que no debe llegarse al desconoci- miento de derechos sino con suma cautela (Fallos: 288:249 y 439; 289:148; 293:304; 294:94 y 310:1465, entre otros). DE JUSTICIA DE LA NACION 319 305 9º) Que, en consecuencia, corresponde hacer lugar a los agravios, pues ponen de manifiesto el nexo directo e inmediato entre lo decidido y las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15,ley,48). Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronun- ciamiento. Agréguese al principal. Notifíquese y remítase. EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LóPEZ - ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. JUAN CARLOS LISSO v. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sen- tencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Excesos u omisiones en el pronuncia- miento. Procede el recurso extraordinario cuando la sentencia impugnada traduce un exceso en el límite de la potestad jurisdiccional del a quo, al resolver acerca de capítulos no propuestos en el correspondiente memorial de agra- vios. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sen- tencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Excesos u ómisiones en el pronuncia- miento. Importa menoscabo a las garantías constitucionales consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional que el a quo ",":,enun exceso en el límite de su potestad jurisdiccional- resuelva acerca de capítulos no propuestos en el correspondiente memorial de agravios. 306 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 319 RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sen- tencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la consideración de extre- mos conducentes. Si la demandada al expresar agravios no cuestionó la validez del acto de reincorporación, la Cámara, al sustentar su pronunciamiento en la invali- dez de la reincorporación del actor por vulnerar el régimen de incompatibi- lidades vigente, arribó a una solución extraña al conflicto efectivamente sometido a su decisión -la invocada aplicación de las leyes 23.278 y 18.037- que menoscaba el derecho de defensa en juicio del recurrente por lo que la sentencia debe descalificarse como acto judicial válido.