Municipalidad del Departamento General Bel- grano -{:asación- (autos: UbilIa, Elena GuilIermina el Municipalidad del Departamento General Belgrano si daños y perjuicios)

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 20 de agosto de 1996. Vistos los autos: "Municipalidad del Departamento General Bel- grano -{:asación- (autos: UbilIa, Elena GuilIermina el Municipalidad del Departamento General Belgrano si daños y perjuicios)". Considerando: Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario, con costas. Notifiquese y remítase. EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR (por mi voto) - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LÓPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. VOTO DEL SENOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR Considerando: 1º) Que contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja que desestimó el recurso de casación interpues- to contra el pronunciamiento dictado por la Cámara de la Tercera Cir- cunscripción Judicial, dedujo la demandada el recurso extraordinario que fue concedido por el a quo en [s. 69/75. 1522 ¡"ALLOS DE LA CORTE SUPREro.1A 319 29) Que la actora había reclamado la indemnización de los daños y perjuícíos originados en el fallecimiento del señor Pedro Amador Pal- ma, en ocasión de realizar una reparación en el alumbrado público encomendada por la demandada. Fundó el reclamo en lo dispuesto en el arto 1113 del Código Civil, y atribuyó a la demandada la calidad de propietaria de la cosa riesgasa que ocasionó el daño, como así también su condición de empleadora de la víctima. 39) Que la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja condenó a la demandada a abonar la indemniza- ción pedida, por hallarla responsable por el acto de su dependiente -el jefe de servicios públicos de la municipalidad- que, con culpa o negli- gencia, impartió la orden que causó el hecho dañoso. Fundó la existen- cia de tal responsabilidad en lo prescripto en los arts. 33, 43 y 1113 del Código Civil. Ponderó asimísmo que el accidentado, en el momento en que sufrió el daño, "cumplía un cometido encomendado por el Estado- empleador", y atribuyó en un 100 % la producción del daño a la negli- gencia de la demandada, con independencia de la conducta asumida por la víctima. Para así resolver, tuvo en cuenta que la demandada no había proveído a su empleado los elementos de seguridad mínima- mente necesarios para efectuar la tarea riesgasa que le había sido en- comendada y que no había dado intervención al organismo competen- te para que, con personal especializado, efectuara la reparación. 49) Que, contra dicho pronunciamiento, dedujo la demandada recur- so de casación local, fundado en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el tribunal en la valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica. Adujo que el deceso de Palma se había producido como consecuencia de una descarga eléctrica, y que ese hecho no era sino el resultado de una conducta imprudente de la víctima, consistente en haber pasado sus manos entre los cables para efectuar la reparación. Alegó que tal maniobra era totalmente innecesaria y que fue producto de ha- ber colocadodel lado equivocado la escalera para acceder al lugar donde debía efectuar el trabajo. En orden a tales circunstancias, la recurrente estima carente de rigor lógico el razonamiento del tribunal de mérito, que prescindió de la valoración de la conducta de la víctima para juzgar la medida de su responsabilidad en la producción del daño. 59) Que el Superior Tribunal de Justicia desestimó el recurso de- ducido, por estimar que la cámara local había seleccionado con objeti- vidad las pruebas, y en base a ellas había elaborado un juicio ajustado a los principios de la lógica formal y con fundamentos en el sistema DE JUSTICIA DE LA NACION 319 1523 legal imperante. Contra dicho pronunciamiento dedujo la demandada el remedio federal concedido por el a quo. 6Q) Que la recurrente afirma que el Superior Tribunal de Justicia incurrió en el mismo defecto que invalida el fallo de la anterior instan- cia, al no haberse hecho cargo de la premisa sobre la que sustenta su defensa. Sostiene al respecto que, si su parte imputa a la víctima una conducta negligente, cuya existencia objetiva fue admitida por el tri- bunal de mérito, resulta arbitrario el pronunciamiento que omite con- siderar esa circunstancia. Tal defecto se traduce, en el caso, en el apar- tamiento de la ley aplicable y en la violación de las garantías constitu- cionales de defensa en juicio y debido proceso, ya que la culpa de la víctima es el único eximente de responsabilidad que la ley prevé en supuestos como el que motiva el presente litigio. 7Q) Que el razonamiento en que el apelante sustenta sus agravios prescinde de considerar que, en orden a las pruebas producidas en la causa y ponderadas por el tribunal de mérito y por el a quo, fue su propia conducta negligente la que colocóa la víctima en la situación en que se produjo el accidente. 8Q) Que ello es así en razón de que no ha sido cuestionada la valora- ción de la prueba que condujo a determinar la existencia de culpa de la demandada y las características de la situación que se configuró como consecuencia de esa conducta. Para arribar a esa conclusión se tuvo en cuenta que el jefe de servicios de la municipalidad impartió una orden fuera del marco de competencia del ente y designó para realizarla a una persona que carecía de los conocimientos especiales que eran requeri- dos para llevarla a cabo, a la vez que toleró que no se le suministrara elemento alguno que enervara el grave riesgo en que se vio inmersa. La impericia oimprudencia de Palma al ejecutar esa orden, en las condicio- nes descriptas, no puede ser considerada en forma autónoma -como lo pretende la recurrente- sino en su inescindible relación con la culpa de la demandada, sea que sejuzgue ésta desde la perspectiva de su respon- sabilidad por el hecho del dependiente o de su calidad de empleadora de la víctima, tal comolo hizo la cámara local. 9º) Que, en consecuencia, no resulta descalificable el fallo recurri- do, en tanto el Tribunal Superior de Justicia desestimó la tacha de arbitrariedad de la sentencia que juzgó irrelevante considerar la con- ducta de Palma para disminuir o exonerar de responsabilidad a la de- mandada, sobre la base de un razonamiento que contempla la totali- 1524 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 319 dad de las circunstancias que rodearon el hecho que produjo el daño y las valora de modo coherente con las normas jurídicas aplicables al caso. Por el contrario, resulta inadmisible la pretensión de la recurren- te, tendiente a que se pondere la conducta de la víctima en forma ais- lada de todas aquellas constancias de la causa que vinculan, inequívo- camente, su accionar con la culpa de la demandada. Por ello, se declara inadmisible el recurso extraordinario concedi- do en fs. 69/75. Con costas. Notifíquese y remítase. EDUARDO MOLrNÉ O'CONNOR. MORIXE HNOS. S.A.e.!. AHo.RRo. o.BLIGATo.RIo. La ley 23.549 define un presupuesto de hecho que al verificarse en la reali- dad del caso concreto da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones que establece el texto legal. Tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado -justificarlo por el poder tributario que la Constitución Nacional otorga al Congreso- y su cum- plimiento se impone coactivamente a los particulares cuya voluntad care- ce, a esos efectos, de toda eficacia. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sen- tencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Falta de fundamentación suficiente. Si la actora conocía concretamente la vigencia del régimen jurídico que infringió, que su situación encuadraba en los términos contemplados en sus disposiciones y, al mismo tiempo, las consecuencias que ellas preveían ante su incumplimiento, la decisión del a qua de revocar la sanción aplica- da por el organismo recaudador en los términos del arto 72, de la ley 23.549, con el solo fundamento de que la sancionada, al cuestionar la validez cons- titucional de la ley que lo contiene, incurrió en error excusable, no resulta una derívación razonada del derecho vigente. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la fundamentación normativa. Es descalificable el pronunciamiento que, ante el mero hecho de que el con- tribuyente sostuviera que la ley que estableció el régimen de ahorro obliga- DE JUSTICIA DE LA NACION 319 1525 torio carecía de validez constitucional, prescindió de aplicar una de las nor- mas que lo integran -esto es, su art. 7º- conclusión a la que sólo podría haber arribado si efectivamente, en el caso, se declaraba su inconstitucio- nalidad, 10que no ocurrió. CONSTITUCION NACIONAL: Control de constitucionalidad. Principios generales. La opinión del afectado acerca de la falta de validez constitucional de una ley sancionada por el Congreso -en tanto no obtenga en el pleito una deci- sión judicial firme que declare la inconstitucionalidad aducida- no puede servir de motivo para excusar su incumplimiento y excluir la sanción legal correspondiente. CONSTITUCION NACIONAL: Control de constitucionalidad. Principios generales. La declaración de invalidez constitucional no supone la derogación de la ley sino tan sólo la imposibilidad de aplicarla al caso que ha sido materia de juzgamiento. AHORRO OBLIGATORIO. Si el responsable no invocó la imposibilidad real y efectiva de ajustar su conducta individual a los mandatos de la ley 23.549ni adujo oscuridad en las disposiciones de la ley ni que de su texto surgieran dudas acerca de su situa- ción frente al tributo; tampoco puso en tela de juicio la razonabilidad de la consecuencia sancionatoria prevista en el art. 7º de la ley,es descalificable el pronunciamiento que -ante el planteo de inconstitucionalidad efectuado- en- tendió que la omisión de constituir el "ahorro obligatorio" obe

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