“Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zorzin, Víctor Rubén c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 11 de junio de 1998. Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zorzin, Víctor Rubén c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.”, para decidir sobre su procedencia. Considerando: 1o) Que contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, confirmatoria de la dictada en primera ins- tancia que había hecho lugar a la demanda de diferencias salariales y reparación de daño moral, la demandada dedujo el recurso extraordi- nario cuya denegación dio origen a esta queja. 2o) Que, para decidir de ese modo, el a quo consideró –en lo que interesa– que, sin perjuicio de que el cambio de funciones dispuesto por la empleadora lo haya sido en ejercicio del ius variandi, el traba- 1699 DE JUSTICIA DE LA NACION 321 jador tenía derecho a cobrar su retribución de acuerdo a las tareas de mayor jerarquía que realmente había desempeñado, solución que se funda en los principios de primacía de la realidad y onerosidad del trabajo y en lo dispuesto por los arts. 37 y 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual sellaba la suerte del reclamo. Agregó a ello que el agravio respectivo vertido por la demandada no constituía una crítica concreta y razonada a lo decidido en origen por lo que correspondía declarar desierto el recurso en ese aspecto. Por otro lado, entendió procedente el resarcimiento del daño moral solicitado pues, pese a que la indemnización tarifada cubría todos los daños derivados del despi- do arbitrario, incluidos los padecimientos producidos por la invocación de una falsa causa, en el caso, la empresa no se había limitado a de- nunciar por defraudación al empleado sino que se había constituido en querellante, difamándolo dentro del ámbito petrolero, por lo que el reclamo resultaba procedente (fs. 530/533 de los autos principales cuya foliatura será citada en lo sucesivo). En su remedio federal (fs. 536/554) la demandada resiste las men- cionadas conclusiones del fallo con apoyo en la doctrina de la arbitra- riedad. 3o) Que la crítica ensayada por la apelante suscita cuestión federal suficiente que habilita el tratamiento de los agravios por la vía elegida pues, aunque remiten al estudio de cuestiones de hecho, prueba y de- recho común ajenas, como regla y por su naturaleza a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para la apertura del recurso cuan- do, como sucede en el caso, la decisión ha omitido el tratamiento de argumentos decisivos, oportunamente introducidos por la apelante, y no ha efectuado un adecuado examen de las cuestiones planteadas de conformidad con la prueba producida y la normativa aplicable. 4o) Que, mediante la pretensión deducida (fs. 4/30), el actor procu- ró la percepción de las diferencias salariales originadas entre lo efecti- vamente percibido y la remuneración correspondiente a la categoría de gerente. Al respecto, manifestó que había llegado a desempeñarse como Gerente de Operaciones Geofísicas aunque, entre 1982 y 1984, debido a una recategorización, el área a su cargo pasó a denominarse subgerencia sin desmedro de su jerarquía, funciones o asignaciones. En 1984, según afirmó, como consecuencia de la instrucción de un su- mario administrativo y, posteriormente, de una causa penal en que se investigó su eventual responsabilidad por la comisión de delitos en 1700 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 321 perjuicio de la empresa, fue desplazado a otra área (como adscripto a la Gerencia General de Contratos de Exploración y Explotación) por más de siete años. Entre tanto (1987), el cargo que inicialmente ocu- paba volvió a ser elevado al rango gerencial recibiendo sustanciales incrementos remuneratorios y, finalmente (1991), tras la mutación de la estructura jurídica de la demandada, se alteró nuevamente la deno- minación de todo el esquema de cargos lo que generó una brecha sala- rial aun mayor. Pese a haber sido sobreseído en forma definitiva en sede penal, fue finalmente despedido (1991) sin haber sido repuesto al cargo de gerente que, en su tesitura, es el que le hubiera correspondi- do. Solicitó, asimismo, la reparación de los perjuicios morales sufridos a raíz de la detención y procesamiento a que fue sometido. 5o) Que el a quo juzgó procedentes las diferencias salariales recla- madas en razón de que el trabajador tenía derecho a cobrar la retribu- ción de acuerdo a las tareas de mayor jerarquía realmente desempe- ñadas. Tal conclusión no halla respaldo en las constancias de la causa y se aparta de los términos en que quedó trabada la litis pues el actor no denunció en su demanda, ni menos aún demostró, haber efectuado tareas de mayor rango en relación con las tenidas en mira al liquidar- se los haberes efectivamente percibidos. Por el contrario, de los pro- pios términos del escrito de demanda –sucintamente reseñados en el considerando precedente– se desprende nítidamente que, operado el cambio de funciones en 1984, el demandante dejó de cumplir las fun- ciones jerárquicas relacionadas con la geofísica que originariamente efectuaba para desarrollar otras, en un área distinta, que no reque- rían de su especialidad técnica. 6o) Que, por otra parte, la apreciación de la cámara en orden a que la apelación de la demandada en lo concerniente al aspecto referido resultaba desierta, se presenta como una afirmación dogmática ten- diente a justificar la no consideración de fundados y conducentes ar- gumentos (fs. 488/492). Baste señalar, entre ellos, el relativo a la falta de impugnación oportuna de la modificación de funciones dispuesta la cual sólo tuvo lugar, según lo afirmado por el propio actor, transcurri- dos más de siete años, una vez producido el despido. En relación con tal cuestión, cabe destacar que, si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos (Fa- llos: 310:558) no menos lo es que tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a circunstancias relati- vas a las personas y, por otra, cuando ha transcurrido un tiempo sufi- 1701 DE JUSTICIA DE LA NACION 321 ciente para entender que la situación ha sido consentida (Fallos: 255:117). De tal modo, en el sub examine debían ponderarse especial- mente –cosa que el a quo no ha hecho– las aptitudes que el demandan- te, en su calidad de profesional y alto directivo, tenía para comprender los alcances de la decisión patronal y su posibilidad de resistirla, como también la gravitación que en la valoración de su actitud tuvo el ex- tenso lapso transcurrido, durante el cual cumplió las nuevas tareas sin formular cuestionamiento alguno. Asimismo, para la apreciación de la legitimidad del ius variandi y, en su caso, para justificar el re- sarcimiento de sus consecuencias, constituía un elemento preponde- rante determinar la existencia de perjuicio comprobable al momento en que fue ejercido (arg. art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo). Sin embargo, el fallo apelado se desentendió de tal aspecto soslayando que, como surgía de la propia demanda, la remuneración de las nuevas tareas mantuvo en un principio el mismo nivel que el que correspon- día a las anteriormente desarrolladas. 7o) Que, por lo demás, en lo que atañe a la condena por agravio moral, la sentencia revela una inadecuada comprensión del tema de- batido. Ello es así pues, como premisa de su argumentación al respec- to, el a quo señaló que la indemnización por despido, pese a que por regla es abarcativa de todos los daños derivados de la ruptura contrac- tual, en el caso no comprendía los padecimientos morales sufridos por el reclamante. Al enfocar así la cuestión incurrió en un notorio error desde que la pretensión deducida no se dirigió a cuestionar la validez del despido en sí –que fue oportunamente indemnizado– sino a recla- mar el daño moral que se entendió originado por actos anteriores de la empresa y que no guardan estricta vinculación con la decisión resciso- ria (ver, en especial, lo manifestado por el demandante a fs. 27 vta.). De otro lado, se advierte que la situación ha sido juzgada con suma ligereza en tanto como único apoyo de la demostración del perjuicio el tribunal hizo una referencia genérica a algunas declaraciones testifi- cales sin efectuar un prudente examen de todas las circunstancias que debían concurrir a fin de viabilizar el reclamo. En ese sentido cabe señalar que no es posible sin más entrever una maniobra persecutoria o intenciones menoscabantes en el obrar de la empleadora –en ese entonces, una empresa de propiedad del Estado– quien, ante la comi- sión de un delito de significativas proporciones (en la demanda se hace mención a que, en algunas publicaciones periodísticas, se llegó a ha- blar de un perjuicio a Y.P.F. del orden de los u$s 200.000.000; fs. 27 vta. in fine), dispuso su investigación interna y promovió el correspon- 1702 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 321 diente proceso criminal como querellante, en el cual la Fiscalía de In- vestigaciones Administrativas asumió el carácter de acusador. Máxi- me cuando la sentencia absolutoria dictada en sede penal, al fundar la decisión que eximió de las costas procesales a la demandada, admitió que “...el querellante, ha podido razonablemente creerse con derecho a querellar en virtud de que los hechos imputados por él son ciertos y objetivamente susceptibles de ser valorados de buena fe como delictuosos” (ver transcripción efectuada por el propio actor a fs. 23 vta. del escrito de inicio). En tales condiciones, la sentencia debe ser descalificada pues ha sido demostrado el nexo directo e inmediato entre lo debatido y resuel- to y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48). Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien correspon- da se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Glósese la queja al principal. Reintégrese el de

... (truncated text, 16947 total characters)