“Banco Sindical

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 6 de octubre de 1998. Vistos los autos: “Banco Sindical S.A. s/ quiebra”. Considerando: 1o) Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Co- mercial declaró la inconstitucionalidad del art. 2o de la ley 24.318 en cuanto a su aplicación respecto de honorarios regulados y firmes a favor del síndico ad hoc y su letrado patrocinante. Al así decidir, des- cartó que tales honorarios debiesen sujetarse al tope establecido por la mencionada norma. Por otra parte, desestimó la pretensión de la sindicatura –ejercida por el Banco Central de la República Argenti- na– consistente en que, en virtud de lo dispuesto por el decreto 2075/93, las acreencias del ente rector del sistema financiero contra el concurso (art. 264 de la ley 19.551, actual art. 240 de la ley 24.522) fueran satis- fechas a prorrata con los acreedores de aquél. Contra tal sentencia, la sindicatura interpuso el recurso extraordinario que fue concedido me- diante el auto de fs. 3322/3323. 2o) Que el a quo fundó su decisión sobre la primera de tales cues- tiones –la inconstitucionalidad del art. 2o de la ley 24.318– en que al prever la citada norma su aplicación “a todos los casos en que se halle pendiente de pago la remuneración del síndico ad hoc”, se afectaría el respeto debido a la cosa juzgada, que es uno de los pilares fundamen- tales sobre los que se asienta el régimen constitucional, cuando –como ocurre en el sub lite– los honorarios han sido regulados mediante re- soluciones que se encuentran firmes. En lo que respecta al restante punto controvertido –el pago a prorrata del crédito del Banco Central junto con los otros acreedores del concurso– consideró, mediante re- misión al dictamen del señor fiscal de cámara, que la pretensión del ente rector era inatendible pues ya había sido resuelto en calidad de 2737 DE JUSTICIA DE LA NACION 321 cosa juzgada lo atinente a la prioridad de cobro de los créditos respecto del amparado por el privilegio que surge del art. 54 de la ley 21.526, texto según ley 22.529. 3o) Que en lo atinente a los agravios dirigidos contra lo resuelto sobre la primera de las mencionadas cuestiones, esta Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que, al haber sido regulados judicialmen- te con anterioridad los honorarios profesionales, resulta inaplicable lo dispuesto por el decreto 2077/93 y por el art. 2o de la ley 24.318 (confr. Fallos: 320:1386, considerando 11). En virtud de ello, los argumentos del apelante, tendientes a sostener la validez constitucional de las mencionadas normas son insustanciales, y corresponde, en este aspec- to, declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario. 4o) Que en lo relativo a la restante cuestión controvertida, el reme- dio federal planteado es formalmente admisible pues si bien lo atinen- te a la existencia o inexistencia de la cosa juzgada es un problema de hecho y derecho procesal, extraño –en principio– a la vía del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para habilitar esta instancia cuando, como ocurre en el caso respecto del rechazo de la pretensión de que el crédito del ente rector sea satisfecho a prorrata con los restantes acree- dores del concurso, su examen por los tribunales de la causa extiende su valor formal más allá de los límites razonables, lo cual redunda en evidente menoscabo de la garantía consagrada en el art. 18 de la Cons- titución Nacional (Fallos: 310:302, 2063; 312: 173). 5o) Que, por lo demás, cabe considerar como definitiva a la senten- cia que desestimó la mencionada pretensión del recurrente, pues cau- sa un agravio insusceptible de reparación ulterior, ya que no existe otra oportunidad procesal para su planteamiento. 6o) Que los agravios expresados sobre el punto encuentran res- puesta en la sentencia dictada el 27 de febrero de 1997 en la causa B.1027.XXXI “Banco Hispano Corfin S. A. s/ quiebra s/ incidente de apelación” –confr., especialmente, su considerando 7o– a cuyos fun- damentos y conclusiones cabe remitir, en lo pertinente, en razón de brevedad, sin que ello importe efectuar control de constitucionalidad respecto de las normas implicadas. 7o) Que, en efecto, el pronunciamiento impugnado se funda, en este punto, en afirmaciones dogmáticas que le otorgan fundamentación sólo aparente y que se traducen en la privación del derecho del incidentista 2738 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 321 a concurrir sobre los fondos de la quiebra, con los acreedores de igual rango, por la porción de su crédito que goce de la preferencia prevista en el art. 264 de la ley 19.551 (conf. art. 240 de la ley 24.522). Tal circunstancia lesiona de modo directo e inmediato el derecho del recu- rrente a discutir en juicio su pretensión e impone la descalificación de lo resuelto por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, tal como se resolvió en el mencionado precedente. Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario en lo que concierne a la cuestión examinada en los considerandos 4o a 7o y, en ese aspecto, se revoca la sentencia de fs. 3219/3224. En lo concerniente al restante agravio, se declara la improcedencia del mencionado recurso. Costas por su orden en aten- ción al resultado alcanzado. Vuelvan los autos al tribunal a quo a fin de que, por quien corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo deci- dido en el presente. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO C. BELLUSCIO — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. SAUL PEDRO VACCARONI V. DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA SENTENCIA: Principios generales. Las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una co- lección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos. SENTENCIA: Principios generales. Corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento, pues no puede conside- rarse irrelevante la intervención del magistrado que se hallase inhibido para entender en la causa en el acuerdo y deliberación que concluyó en el dictado de la sentencia. CORTE SUPREMA. La Corte Suprema tiene la obligación de corregir la actuación de las cámaras cuando se configura un supuesto de transgresión a los principios fundamentales 2739 DE JUSTICIA DE LA NACION 321 inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia, entre los que se hallan los relativos a la adecuada composición y funcionamiento de sus órganos. CORTE SUPREMA. Si bien las sentencias de la Corte Suprema deben limitarse a lo pedido en el recurso extraordinario, y en el caso el apelante no objetó la sentencia por haber intervenido en ella el juez que se había excusado, el ejercicio de la facultad de la cual el Tribunal hace uso se impone como un deber indeclinable a fin de preser- var la defensa en juicio.