De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal,

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 6 de octubre de 1998. Autos y Vistos: De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara que resulta competente para seguir conociendo en las ac- tuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo No 34, al que se le remitirán. Hágase saber lo resuelto al Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Civil No 105 y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO C. BELLUSCIO — ENRIQUE SAN- TIAGO PETRACCHI — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. FISCAL EN CAUSA GALLARDO CARDOZO JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Principios generales. La intervención del fuero federal está condicionada a la existencia de hechos que pueden perjudicar directa y efectivamente a la Nación. 2762 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 321 JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Causas penales. Delitos que obstruyen el normal funcionamiento de las instituciones nacionales. Es competente la justicia provincial para conocer del presunto delito de supre- sión y suposición del estado civil y de la identidad, si las conductas investigadas no afectan intereses nacionales, pues de las constancias arrimadas al legajo se desprende que tanto las solicitudes de inscripción de nacimiento, como las órde- nes emanadas del juez de menores fueron presentadas ante un organismo local, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Mendoza. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: Entre los titulares del Juzgado Federal No 1 y el Tercer Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, ambos de la Pro- vincia de Mendoza se suscitó la presente contienda negativa de com- petencia en la causa donde se investiga la presentación efectuada por los progenitores de las menores Mariela y Etelvina Gallardo Cardozo, ante el Cuarto Juzgado de Menores de dicha provincia, quienes solici- taron la inscripción del nacimiento de sus hijas, los que según sus di- chos habrían tenido lugar en territorio nacional. Posteriormente, llevada a cabo la correspondiente instrucción su- maria, el juzgado interviniente dispuso la anotación de las menores ante la sede local del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (fs. 8 y 20), la cual ese organismo no efectivizó en razón de que las niñas ya estaban inscriptas en la República de Bolivia (fs. 22). El juez federal, al considerar que el hecho en estudio encuadraría dentro de las previsiones del Capítulo II, Título IV, del Código Penal, declinó la competencia en favor de la justicia provincial. De igual modo, sostuvo que de los hechos investigados no se advierte que se encuen- tren directamente comprometidos los intereses de la Nación (fs. 32). El juez local, por su parte, consideró que debía continuar con la investigación la justicia federal, toda vez que la cuestión a dilucidar está referida no solamente a la legitimidad del nacimiento en el país de las menores, sino también a su nacionalidad, circunstancias éstas que, a su criterio, habilitarían el fuero de excepción (fs. 37/38). Con la insistencia del juez federal quedó planteada esta contienda (fs. 39/40). 2763 DE JUSTICIA DE LA NACION 321 Es doctrina de V.E. que la intervención del fuero de excepción está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación (Fallos: 312:1207; 317:429 y 320:2586). Sentado este principio, estimo que las presuntas conductas delic- tivas investigadas no afectan intereses nacionales pues de las cons- tancias arrimadas al legajo se desprende que tanto las solicitudes de inscripción de nacimiento (fs. 1 y 13), como las órdenes emanadas del juez de menores (fs. 9 y 21), fueron presentadas ante un organismo local, como lo es el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Perso- nas de Mendoza, creado por ley provincial No 3259, promulgada el 4 de octubre de 1965. Sobre la base de estas consideraciones, opino que corresponde al Tercer Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, proseguir con el trámite de las presentes actuaciones. Buenos Aires, 22 de septiembre de 1998. Eduardo Ezequiel Casal.