Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 21 de diciembre de 1999. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente inci- dente el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, al que se le 3268 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 322 remitirá. Hágase saber al Juzgado de Garantías Nº 1, del Departa- mento Judicial de Zárate, Campana, Provincia de Buenos Aires. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. RESERO S.A. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Generalidades. El conflicto suscitado entre un Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal debe ser resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal –que posee faculta- des revisoras respecto de las resoluciones que dicten ambos tribunales– por ser el órgano superior de éstos, en los términos del art. 24, inc. 7º, del decreto-ley 1285/58 –según texto ordenado ley 21.708–. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Intervención de la Corte Suprema. Habida cuenta de la limitada competencia atribuida, en el art. 23 del Código Procesal Penal de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación Penal, no existe un órgano superior común para resolver el conflicto suscitado entre un Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor). JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Generalidades. Teniendo en cuenta que la Corte Suprema debe resolver según las circunstan- cias existentes al momento de la decisión, que no se advierten situaciones que obsten al buen desarrollo de los procesos y que la competencia atribuida a la Cámara Nacional de Casación Penal redunda en beneficio de la administración de justicia, la implementación de una política judicial congruente impone la revisión de lo anteriormente decidido sobre la base de admitir que la autoridad del precedente debe ceder ante la comprobación de la inconveniencia del mante- nimiento de resoluciones anteriores (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduar- do Moliné O’Connor). 3269 DE JUSTICIA DE LA NACION 322 DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 1 y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fede- ral, con asiento en esta ciudad, se refiere a la causa instruida con mo- tivo de la denuncia formulada por Juan Carlos Palacios, en represen- tación de “Capacitación del Picadero S.A.”, por infracción a la ley 11.723. En ella da cuenta que en el mes de septiembre de 1996, su repre- sentada alquiló a la firma Resero S.A. un video educativo denominado “Dar un paso más”, el que fue devuelto en el plazo pactado. Luego de ello, y transcurridos unos seis meses aproximadamente, recibieron en las oficinas de la firma, de manos de personal de la mencionada socie- dad, una copia ilegal de la obra rentada, la cual habría sido realizada en HO Video Documental, en la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. La magistrada nacional, declinó la competencia en favor de la jus- ticia federal, al entender que la violación a la propiedad artística y la reproducción ilegítima del producto audiovisual, son conductas ines- cindibles en las que debe entender un solo magistrado, y que, de con- formidad con lo normado por el artículo 33 de la ley 22.362, correspon- de al fuero de excepción atraer la investigación de ambos delitos (fs. 38/39). Por su parte, la Sala I de la Cámara Federal, con motivo del recur- so de apelación interpuesto por la parte querellante contra el auto de fs. 100/103, por el cual el magistrado interviniente dispuso el sobresei- miento de los imputados en orden a los delitos por los que fueran acu- sados, declaró la incompetencia de la justicia federal para entender en la causa. El tribunal fundó su decisión, en el hecho de que no habiendo sido inscripta la marca “Capacitación del Picadero S.A.” en el registro res- pectivo, las conductas eventualmente ilícitas a investigar deberán ser analizadas a la luz de las previsiones contenidas en la ley 11.723, de competencia exclusiva del fuero ordinario y remitió las actuaciones al tribunal que previno (fs. 212). 3270 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 322 Finalmente, con la insistencia de este último y la remisión del inci- dente a la Corte, quedó formalmente trabada la contienda (fs. 319). En mi opinión, no existe en autos un conflicto de competencia que corresponda a V.E. resolver. Ello es así, porque de acuerdo a la doctrina establecida por el Tri- bunal en Fallos: 316:1524 y más recientemente en Competencia Nº 72, XXXV, in re “Napoli, Luis A. c/ Prefec. Juan J. Bouvier s/ amparo”, resuelta el 20 de abril de 1999, es la Cámara Nacional de Casación Penal –que posee facultades revisoras respecto de las resoluciones que dicten ambos tribunales– el órgano superior común de éstos, en los términos del artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley 1285/58 –según tex- to ordenado ley 21.708–. Sobre la base de estas consideraciones, opino que es la Cámara Nacional de Casación Penal la habilitada para decidir la cuestión plan- teada. Buenos Aires, 28 de septiembre de 1999. Luis Santiago González Warcalde.