“Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Compañía Argentina de Medidores

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 21 de diciembre de 1999. Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Compañía Argentina de Medidores S.A. c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional”, para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que el recurso extraordinario cuya denegación motiva la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la queja y se da por perdido el depósito. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR (en disidencia) — CARLOS S. FAYT (en disidencia) — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ (en disidencia) — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ (en disidencia). DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON GUILLERMO A. F. LÓPEZ Y DON ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ Considerando: 1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que desestimó el recurso deducido res- pecto de la resolución 291.483/91 del ex Instituto Nacional de Previ- sión Social a raíz de no haberse integrado el depósito del art. 15 de la ley 18.820 y 26 de la 24.463, el representante de C.A.M.S.A. dedujo el recurso extraordinario cuya denegación motiva la presente queja. 3284 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 322 2º) Que, a tal efecto, el a quo sostuvo que no cabía aceptar como justificación válida del incumplimiento el retraso administrativo en la confección de la liquidación de la deuda, pues más allá de que la inte- resada podría haber satisfecho la obligación legal depositando el valor nominal del importe determinado en las actas de inspección, después de la notificación de la referida liquidación no había integrado su mon- to faltando al compromiso asumido a fs. 108 vta. 3º) Que el litigio tiene su origen en la actuación de la Dirección de Fiscalización del ente recaudador que determinó de oficio una deuda de la empresa por omisión de los aportes del rubro comedor, en virtud de que el servicio prestado por un concesionario a costa de la empleadora constituía una remuneración en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, que debía cotizar al régimen previsional. 4º) Que a pesar de los claros y elocuentes argumentos expresados en el correspondiente dictamen sobre el tema (fs. 85/90), que conduje- ron a la Dirección de Asesoría Legal a propiciar que se hiciera lugar a la impugnación de la actora contra las actas de inspección 3.234.561 y 3.234.562, con fundamento en las pruebas producidas que admitían inferir que ambas partes habían coincidido en la imposibilidad de es- tablecer las personas físicas que utilizaban el servicio, pues se contaba con el número de comensales diarios mas no se sabía quiénes habían aprovechado el beneficio, la DNRP desestimó los planteos de la actora. 5º) Que las diferencias que cabe atribuir al concepto de remunera- ción respecto de los beneficios sociales que los empleadores prestan a su personal han motivado reiterados conflictos, aspecto destacado por el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto 333/93. En tal sen- tido, se señaló que la falta de claridad en las definiciones normativas vinculadas al tema (arts. 103 y concordantes de la ley 20.744 –t.o. 1976– y 10 y 12 de la ley 18.037) generaba una costosa actividad tribunalicia que redundaba en perjuicio de los trabajadores y de los organismos de seguridad social (conf. párrafo 7º). 6º) Que, en ese orden de ideas, se consideró también que una cali- ficación concreta sobre el concepto de remuneración, de beneficios so- ciales y de prestaciones no remunerativas, evitaría el aludido dispen- dio jurisdiccional y fomentaría el otorgamiento de beneficios sociales por parte de los empleadores (conf. párrafo 8º). En resguardo de ese criterio, el art. 1º del decreto estableció que los beneficios sociales otor- 3285 DE JUSTICIA DE LA NACION 322 gados en forma directa por el empleador por intermedio de terceros –entre los que se incluyó el servicio de comedor– no revisten carácter remunerativo y, por lo tanto, no se encuentran sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social. 7º) Que el referido decreto –vigente a la fecha del dictado de la sentencia– interpretó las normas que regían la situación de fondo para la época en que se practicó la inspección, aspecto que crea razonables dudas acerca de la legitimidad de la deuda determinada en contra de la empresa, en particular frente a las conclusiones a las que llegó la aludida Dirección de Asesoría Legal de la ex Dirección Nacional de Recaudación Previsional y los términos dogmáticos de la resolución definitiva que desconoció sus conclusiones. 8º) Que, por otra parte, las constancias del expediente revelan una inusual demora en la tramitación de la causa y en el dictado del fallo. En efecto, si bien es cierto que fue recibido en el fuero laboral y remi- tido a la ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto por la ley 23.473, también lo es que la referida transferencia se efectuó el 19 de abril de 1989 y sólo el 27 de diciembre de 1994 la Sala III declaró desierto el recurso por las razones procesa- les señaladas. 9º) Que, sin perjuicio de que el agravamiento del daño económico ocasionado a la empresa por el lapso transcurrido desde que el expe- diente llegó a la cámara hasta la fecha de dicha sentencia involucra un verdadero vicio de denegación de justicia en razón de la aguda depre- ciación de la moneda como efecto de la inflación que caracterizó al referido período de tiempo (Fallos: 300:1097; 311:744, 1827, 1965; 317:454, 1397, entre otros), bajo una apariencia formal el a quo clau- sura definitivamente la vía procesal intentada por la actora y frustra de modo definitivo el derecho que –desconocido en sede administrati- va– pretendía defender en la instancia judicial, circunstancias que coadyuvan a la negación de la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva (Fallos: 310:799; 311:2004). 10) Que, en consecuencia, aun cuando se ha admitido reiterada- mente que la exigencia del depósito previsto como requisito de viabili- dad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igual- dad y defensa en juicio (Fallos: 155:96; 261:101; 278:188; 307:1753), esta Corte ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del prin- 3286 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 322 cipio del solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones concretas de los obligados, como modo de evi- tar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de derechos (Fallos: 285:302), doctrina aplicable al caso en virtud de las particula- ridades señaladas. 11) Que, en tales condiciones, procede hacer lugar al recurso ex- traordinario pues los agravios del apelante revelan el nexo directo e inmediato entre lo decidido y las garantías constitucionales que se in- vocan como vulneradas (art. 15, ley 48). Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia recurrida. Vuelvan los autos al tribunal de ori- gen para que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo fallo de acuerdo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégre- se el depósito de ley. Notifíquese y, oportunamente, archívese. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — CARLOS S. FAYT — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. LETICIA LUISA LASSAQUE V. CAJA NACIONAL DE PREVISION DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Inter- pretación de normas locales de procedimientos. Doble instancia y recursos. Corresponde admitir el recurso extraordinario deducido contra la resolución que rechazó el recurso de apelación en razón de haber sido presentado fuera de término cuando la alzada ha omitido considerar constancias de la causa que podrían incidir en la solución del caso. RECURSO DE APELACION. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró inadmisible el recurso de apelación, en razón de haber sido presentado fuera de término ya que –además de la extrema cautela que es menester para decidir cuestiones previsionales– en caso de duda sobre si un acto fue cumplido dentro del plazo, ha de estarse por su tempestividad. 3287 DE JUSTICIA DE LA NACION 322 RECURSO EXTRAORDINARIO: Principios generales. Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que rechazó el recurso de apelación en razón de que había sido presentado fuera del plazo legal (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disi- dencia del Dr. Julio S. Nazareno).