y Vistos; Considerando: 1º) Que a f

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 7 de marzo de 2000. Autos y Vistos; Considerando: 1º) Que a fs. 135/163 Dorisar S.A.inicia la presente acción declara- tiva contra la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At- lántico Sur a fin de que se deje sin efecto "la determinación tributaria de oficiodispuesta por la demandada mediante la resolución Nº 072/95 del 19.12.95, confirmada posteriormente por las resoluciones Nº 2~1/97 DE JUSTICIA DE LA NACION 323 351 del 10.12.97 YNº 372/99 del 29.3.99...". Solicita que se establezca la falta de jurisdicción tributaria de la provincia sobre ingresos prove- nientes de actividades desarrolladas en plataformas situadas en el mar territorial fuera de la franja de tres millas marinas contadas des- de las líneas de base conforme a lo dispuesto por la ley 18.502, respec- to del impuesto sobre los ingresos brutos por los ejercicios fiscales abril de 1989 a marzo de 1994. También demanda a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2º y 81 de la Constitución Provincial, mediante los cuales se pretende extender el territorio provincial más allá de los límites que le fueron fijados a esa provincia por la normativa federal vigente, con costas al Estado provincial (ver fs. 135/135 vta.). Expone que tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires donde también se encuentra el asiento de sus negocios, y denuncia que no tiene ni tuvo nunca sucursal ni establecimiento de ningún tipo en jurisdicción del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antár- tida e Islas del Atlántico Sur, razón por la cual entiende que se verifi- ca el requisito dispuesto por el arto 116 de nuestra Carta Magna para la procedencia de la jurisdicción originaria de la Corte. Aclara que tal situación se mantiene después de la provincialización dispuesta por la ley 23.775 (fs. 137 vta.). Por lo demás, funda dicha jurisdicción en que la materia sometida a decisión reviste carácter exclusivamente federal y a tal efecto cita precedentes que avalan su postura. Manifiesta que trabajó como contratista de la empresa TOTAL AUSTRAL S.A., la que es operadora del yacimiento petrolífero deno- minado "Hidra", ubicado mar afuera frente a las costas de la Provin- cia de Tierra del Fuego; dice que la explotación del yacimiento se rea- liza sobre dos plataformas fijas asentadas en el lecho del océano, ins- taladas a unas siete millas de la costa continental; y que los trabajos que ella realizó fueron exclusivamente en las plataformas menciona- das. Sostiene que siempre fue ajena a todo el proceso de extracción, tratamiento y transporte del material sacado de los pozos, de modo que no requirió para la ejecución de sus trabajos "de una presencia, o asiento alguno en territorio provincial, ni necesitó tampoco servirse de instalaciones para ejecutar trabajos en territorio sobre el que la Provincia demandada tenga jurisdicción" (ver fs. 138).Al efecto rela- ta que las tareas que tuvo a su cargo mientras "duró su relación con- tractual con TOTAL AUSTRAL S.A. consistieron en la instalación, montaje y conexión entre la cabeza de pozo y los colectores existentes 352 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 323 en las plataformas de explotación" referidas, incluyendo además las de "instalación de guías casing, calibración de instrumentos, circuitos y sistemas eléctricos, soldadur"as,control radiográfico, pruebas hidráu- licas y/oneumáticas, tendido tubing en bandejas" (ver fs. 139/139 vta.). De tal manera considera que su actividad de servicios, desarrolla- da en un lugar que se encuentra en la actualidad bajo la jurisdicción de la Nación, no puede verse gravada por el impuesto local a los in- gresos brutos sin violentar abiertamente el principio de territoriali- dad que rige la materia impositiva, ya que el ámbito espacial de aplicación del tributo comprende sólo el territorio sobre el cual tiene imperium el fisco que lo establece. Tampoco resulta aceptable, según sostiene, la pretensión de gra- var la actividad sobre la base de los derechos que podría haber invo- cado el ex territorio nacional por la inexistencia de normas que ampa- ren la posición sustentada por la demandada de considerarlo con po- testades mayores a las que tenían originariamente las provincias que integraron la Nación (ver fs. 145). Finalmente desarrolla distintas consideraciones conparticular ati- nencia a los límites provinciales y al dominio yjurisdicción de las pro- vincias sobre el mar adyacente y la plataforma territorial, y examina al respecto la Constitución de 1853, el CódigoCivil, el decreto 14.708/46, las leyes 14.773, 17.094, 17.500, 17.711, 18.502,23.968,24.145,24.543 -aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere- cho del Mar-, 24.922, y la doctrina emergente de los precedentes de este Tribunal. 2º) Que sobre la base de los alcances que le asigna a la legislación citada requiere que se disponga una prohibición de innovar a fin de que la demandada se abstenga de perseguir el cobro del impuesto en cuestión, así comode imponer cualquier otra sanción relacionada con la existencia de supuestas diferencias impagas por tal concepto. 3º) Que la demanda interpuesta es de la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con las consideraciones y conclusio- nes expresadas por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen de fs. 166/167 al que corresponde remitirse en razón de brevedad. 4º) Que este Tribunal ha establecido que si bien por vía de princi- pio medidas como las requeridas no proceden respecto de actos admi- DE JUSTICIA DE LA NACION 323 353 nistrativos O legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695). 5º) Que asimismo, ha dicho en Fallos: 306:2060 que "como resul- ta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del institu- to cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtuali- dad". En el presente caso resultan suficientemente acreditadas la vero- similitud en el derecho y la configuración de los presupuestos estable- cidos en los incs. 1º Y2º del arto 230 del CódigoProcesal Civil y Comer- cial de la Nación para acceder a la medida pedida. 6º) Que el peligro en la demora se advierte en forma objetiva si se consideran los diversos efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitación económica, aspecto que esta Corte no ha dejado de lado al admitir medidas de naturaleza semejante (Fallos: 314:1312). Ello aconseja -hasta tanto se dicte sentencia definitiva- mantener el estado anterior al dictado de las resoluciones mencionadas (arg. Fallos: 250:154). 7º) Que en mérito a la solución que se adopta resulta necesario precisar que el sub lite presenta marcadas diferencias con otros recla- mos en los que este Tribunal ha denegado el dictado de medidas pre- cautorias frente a pretensiones fiscales de los estados provinciales, en atención al principio de particular estrictez que debe aplicarse en materia de reclamos y cobros de impuestos (confr. Fallos: 313:1420; causa Y. 16 XXXIV"Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. cl Tierra del Fuego, Provincia de si acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 30 de septiembre de 1999). En el caso se cuestiona la constitucionalidad de las resoluciones de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tierra del Fuego sobre la base de las cuales, según se arguye, se pretende ejercer la jurisdicción en materia fiscal más allá de la cantidad de millas mari- nas que cabría reconocer comolímite territorial de los estados riberE:)- 354 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 323 ños. De tal manera, adquiere preeminencia la necesidad de precisar cuáles son los alcances de la jurisdicción y competencia territorial que tiene Tierra del Fuego para ejercer el derecho de percibir de la actora el impuesto a los ingresos brutos. Esa situación, diversa de la examinada en los precedentes a los que se ha hecho referencia, permite concluir que en el caso resulta aconsejable impedir el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a ejercer en supuestos que cabe calificar de ordinarios (Fa- llos: 314:547). Todo ello sin perjuicio de lo que en definitiva se resuel- va o de las decisiones que pueda adoptar esta Corte en el futuro en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 198 tercer párrafo, 203 y 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo expuesto es aplicable tanto a los reclamos efectuados por el Estado provincial por derecho propio, como a los realizados en su ca- rácter de delegado de la Administración del Patrimonio del ex Terri- torio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con relación a su pretensión de recaudar los créditos tributarios de- vengados con anterioridad a la provincialización. Por ello, se resuelve: 1. Declarar que la presente causa corres- ponde a la competencia originaria de la Corte (arts. 116 y 117, Cons- titución Nacional). Il. Correr traslado de la demanda a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por el plazo de treinta y seis días que se fija en razón de la distancia (arts. 322, 486 Y 158, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su notificación al señor gobernador y al señor fiscal de Esta- do líbrese oficio al señor juez federal correspondiente. IIl. Decretar la prohibición de innovar pedida, a cuyo efecto corresponde hacer saber a la demandada que deberá abstenerse de continuar las recla- maciones fiscales originadas en la resolución 372/99 de la Dirección Provincial de Rentas. Líbrese oficio al señor gobernador de la Pro- vincia de Tierra del Fuego a fin

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