Aceiteras Chabas

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 16 de mayo de 2000. Vistos los autos: "Aceiteras Chabas S.A.LC. (TF 15.035-I) y acum. (TF 15.038-I) el Dirección General Impositiva". "Considerando: 1º) Que la Dirección General Impositiva determinó la materia imponible de Aceiteras Chabas S.A.LC., en el impuesto a las ganan- cias por el período fiscal 1991 -sin que surja importe a ingresar por tal concepto como consecuencia del acogimiento del contribuyente al régimen instaurado por el decreto 631/92- y su obligación tributaria en el impuesto al valor agregado, correspondiente a los períodos fisca- les comprendidos entre abril de 1990 y marzo de 1991. Con relación a este último gravamen liquidó intereses resarcitorios e intimó el pago de las sumas correspondientes a la mencionada empresa y a sus di- rectores, a quienes consideró responsables personal y solidariamente. Asimismo aplicó multas con sustento en el arto45 de la ley 11.683 (t.o. en 1978). 1116 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 323 2º) Que el Tribunal Fiscal de la Nación revocó lo resuelto por el organismo recaudador. Para así decidir consideró, en lo esencial, que las diferencias de inventario en que se sustenta la pretensión de la Dirección General Impositiva carecen de la calidad de "comprobadas" requerida por el arto 25, inc. c, de la ley 11.683 (t.o. en 1978) para la aplicación de las presunciones establecidas en esa norma. 3º) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo decidido por el Tri- bunal Fiscal. En primer lugar afirmó que en lo atinente a las cuestio- nes de hecho y prueba que conlleva lo resuelto por ese organismo jurisdiccional, la ley 11.683 no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre ellas, cuando -como a su juicio ocurre en el sub examine-las conclusiones a las que aquél llegó no presentan un error manifiesto. Por otra parte, en cuanto al agravio vertido en esa instancia por la Dirección General Impositiva respecto de que las diferencias de in- ventario carecían de la calidad de "comprobadas", la cámara puntua- lizó que el organismo recaudador omitió controvertir el punto especí- fico fijado por el Tribunal Fiscal, consistente en que para que tuvie- sen tal carácter es exigible que "el acto material de su establecimiento por parte de la inspección se vea confirmado por la actuación del juez administrativo en el procedimiento de determinación que con la res- pectiva resolución podrá confirmar o lcomprobar' definitivamente lo 'actuado por aquélla" (fs. 365). . Consideró, además, que la demandada tampoco se había h~cho cargo debidamente en su memorial de agravios de los argumentos desarrollados por el Tribunal Fiscal en cuanto a los efectos que produ- jo la declaración jurada del impuesto a las ganancias en lo relativo a la supuesta diferencia de inventarios considerada por el ente recau- dador. 4º) Que contra tal sentencia el Fisco Nacional interpuso recurso ordinario de apelación que fue concedido a fs. 370. El memorial de agravios obra a fs. 378/390 y su contestación a fs. 393/406. La apela- ción planteada es formalmente admisible pues se dirige contra una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, excede el míni- mo legal previsto por el arto24,inc. 6º, ap. a, del decreto-ley 1285/58y la resolución 1360/91 de esta Corte. DE JUSTICIA DE LA NACION 323 1117 5") Que el Fisco Nacional aduce que el pronunciamiento de la cá- mara "ha quedado inmerso en aspectos estrictamente formales, sin haber entrado a indagar acerca de la verdad material" (fs. 380). Ex- presa que la línea de razonamiento desarrollada por el a qua se cen- tra en tres puntos -la ausencia de la calidad de "comprobadas" de las diferencias de inventario, la improcedencia de una determinación "con- ceptual" en el impuesto a las ganancias y la novación que se habría producido en la fuente de la que surge la materia omitida- que "no han merecido más análisis que la transcripción exacta de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación" (fs. 380 vta.). En tal sentido afir- ma que la cámara "hace suyas" (fs. 383 vta.) o "toma" (fs. 386) las ra- zones expuestas por el organismo jurisdiccional administrativo, y res- pecto de éstas desarrolla sus agravios. 6º) Que el memorial de fs. 378/390 no constituye una crítica con- creta y razonada de los fundamentos de la decisión de la cámara. En efecto, tal como surge del relato efectuado, es erróneo afirmar que ésta se ha circunscripto a transcribir o a hacer suyos los argumentos expuestos por el Tribunal Fiscal. En rigor, lo que ha hecho la cámara ha sido, por una parte, señalar que la valoración de los extremos fác- ticos de la causa que conlleva lo resuelto por el organismo jurisdiccio- nal administrativo no podía ser revisada en esa instancia debido al limitado ámbito que la ley ha impuesto a los recursos deducidos con- tra las decisiones de ese organismo (art. 86 de la ley 11.683, Lo. en 1978), sin que se advirtiera que en la instancia anterior se hubiese incurrido en un error manifiesto que permitiese un nuevo pronun- ciamiento sobre tales cuestiones. Y, por la otra, hizo referencia a un argumento que resultó decisivo, en el concepto del Tribunal Fiscal, para negar el carácter de "comprobadas" a las diferencias de inventa- rio, señalando que aquél no había sido controvertido por el Fisco Na- cional ante esa alzada. A ello añadió que éste tampoco'se había hecho debido cargo de otras razones desarrolladas por el mencionado tribu- nal. 72) Que el razonamiento del a qua exigía que el Fisco Nacional negase que la decisión del Tribunal Fiscal implicó la valoración de extremos de hecho y prueba, o bien que la cámara estuviese impedida de revisar las conclusiones a que el organismo administrativo llegó respecto de ellos; y asimismo, la explicación circunstanciada del modo comola expresión de agravios vertida ante la cámara se habría hecho debido cargo de los argumentos del Tribunal Fiscal sobre los cuales el a qua puntualizó la falta de controversia o la insuficiencia de la críti- 1118 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 323 ca expuesta por el apelante. La ostensible inobservancia de tales exi- gencias en el mencionado memorial de fs. 378/390 determina la de- serción del recurso (arts. 265, 266 Y280, párrafo tercero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se declara desierto el recurso ordinario de apelación plan- teado a fs. 368/368 bis. Con costas. Notifíquese y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - CARLOS S. FAYT- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LÓPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. IRENEO O. FERNANDEZ v. SIPEM S.R.L. y OTROS. RECURSO EXTRAORDINARIO: Principios generales. El recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a las indemni- zaciones por despido pero rechazó las multas derivadas de la aplicación del arto 11 de la ley 24.013 es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la N ación). LEY: Interpretación y aplicación. En la tarea hermenéutica no pueden desacartarse los antecedentes parla- mentarios que resultan útiles para conocer el sentido y alcance de la ley (Voto del Dr. Adolfo Robérto Vázquez). LEY DE EMPLEO. La finalidad de la ley 24.013 ha sido lograr un cambio de conductas y com- portamientos en los empleadores para conseguir e'stablecer un sistema or- ganizado y transparente que garantice las relaciones laborales, no su rup- tura, por lo que las indemnizaciones que se previeron, no representan otra cosa que un mero estímulo para el trabajador que colabora en la consecu- sión de esas metas (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). LEY DE EMPLEO. DE JUSTICIA DE LA NACION 323 1119 En el caso de las indemnizaciones surgidas a raíz de una injuria del em- pleador que le impide al trabajador proseguir la relación, el acento está puesto exclusivamente en éste, ya que persiguen fundamentalmente una reparación por la resolución injustificada del contrato de trabajo, mientras que en las establecidas en la Ley de Empleo el énfasis recae en el emplea- dor, pues el objetivo buscado es castigar su omisión e~ el cumplimiento de las obligaciones previsionales e impositivas o reprocharle que las haya satisfecho deficientemente, todo lo cual redunda en menoscabo de la comu- nidad en pleno (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). LEY DE EMPLEO. Si el recurrente se desvinculó de la empresa en los términos del arto 57 de la Ley de Contrato de Trabajo y exigió el pago de la indemnización corres- pondiente, debió haber evaluado que esa conducta traería aparejado resig- nar la indemnización agravada prevista en la ley 24.013 pues implicaba no respetar el plazo especial asignado para su procedencia (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).