y Vistos; Considerando: 1º) Que la recurrente interpuso recurso de reposición contra la pro- videncia de f

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 13 de febrero de 2001. Autos y Vistos; Considerando: 1º) Que la recurrente interpuso recurso de reposición contra la pro- videncia de fs. 91 que declara la insuficiencia del depósito de fs. 89, solicitando se lo dé por satisfecho conforme a lo previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 257 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 2º) Que según doctrina de esta Corte, cuando el remedio federal persigue la defensa de intereses propios de cada uno de los recurren- tes sustentados en pretensiones autónomas, corresponde a cada uno de ellos efectuar el depósito previsto por el citado art. 286, sin que excuse esa obligación la circunstancia de haberse interpuesto la ape- lación en un escrito conjunto (Fallos: 316:120 y sus citas). 3º) Que ello es así, toda vez que la deducción de los recursos reali- zados bajo una sola representación de los apelantes sólo implicó unifi- cación de la personería en sus defensas, pero no de sus intereses, que permanecen propios y autónomos, a punto tal que conservan la facul- tad de instruir al representante para interponer recursos o desistir de éstos en la medida de su propio interés y sin perjuicio de los restantes. Por ello, se desestima la presentación de fs. 93/96 y conforme a lo dispuesto a fs. 82 y 91, intímese a María Eugenia Rossi, Andrea Elisa Salum y Mario Alberto Leonardo a que dentro del quinto día denun- cien a quién deberá imputarse el depósito efectuado a fs. 89, e inte- gren los restantes, bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — GUSTAVO A. BOSSERT. MARIA GUILLERMINA TIRAMONTI V. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA RECURSO EXTRAORDINARIO: Principios generales. Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que revo- có el acto de la universidad por el que se había dejado sin efecto un concurso y dispuso que se dictara un nuevo acto (art. 280 del Código Procesal Civil y Co- mercial de la Nación). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Sentencia definitiva. Resolucio- nes anteriores a la sentencia. Si bien las resoluciones recaídas en los procesos de ejecución de sentencia no revisten, como principio, el carácter de definitivas en los términos del art. 14 de 258 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 la ley 48, cabe hacer excepción a ello cuando lo resuelto importe un apartamien- to palmario de lo establecido en la sentencia definitiva, que revocó el acto de la universidad por el que se había dejado sin efecto un concurso y dispuso que se dicte uno nuevo (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Excesos u omisiones en el pronunciamiento. Es arbitraria la sentencia que, en la etapa de ejecución de sentencia, decidió que se procediera a la designación de la actora en el cargo en cuestión si prescindió de un precedente de la Corte citado por los jueces en aquella oportunidad (Disi- dencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). FACULTADES DISCRECIONALES. El Poder Judicial, al comprobar la existencia del vicio de un acto dictado en ejercicio de facultades discrecionales, debe limitarse a su declaración y a dispo- ner las medidas consecuentes lo que lleva exclusivamente a imponer a la de- mandada el dictado de un nuevo acto ajustado a derecho pero de ningún modo a imponer el contenido de dicho acto (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert). DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: – I – La profesora María Guillermina Tiramonti interpuso el recurso previsto por el art. 32 de la ley 24.521 contra la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata del 17 de diciembre de 1996, en cuanto dicho acto deja sin efecto el concurso sustanciado para la provisión de un cargo de profesor titular ordinario para la cá- tedra “Política y Legislación de la Educación” de la Facultad de Huma- nidades y Ciencias de la Educación. Relató que el Consejo Académico de dicha Facultad, por Resolu- ción Nº 450/93, la designó en el cargo mencionado, previo dictamen unánime de la Comisión Asesora y de las Comisiones de Interpreta- ción y Reglamento y de Enseñanza de esa casa de estudios. Posterior- 259 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 mente, a raíz de la impugnación de uno de los concursantes por “arbi- trariedad”, las actuaciones fueron elevadas al Consejo Superior de la Universidad. Este órgano, reunido en la sesión del 17 de diciembre de 1996, decidió no aprobar el dictamen de su Comisión de Interpreta- ción y Reglamento que señalaba la configuración de la causal de arbi- trariedad, propiciando hacer lugar al recurso. En cambio, el Consejo Superior desestimó el recurso jerárquico y dejó sin efecto el concurso en cuestión. – II – La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata consideró que el Consejo Superior, para poder anular el concurso, debió acreditar la existencia de vicios formales en el procedimiento de designación de la profesora Tiramonti como fundamento sustitutivo, pues acababa de rechazar el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento que encontraba configurada la causal de arbitrariedad. Al no haberse acreditado vicios de procedimiento ni arbitrariedad en el dictamen del Jurado, el acto impugnado adolece de nulidad y el Consejo “debió inte- grar el acto convalidando la designación de la recurrente hecha en su momento por el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades”. Sin embargo, sostuvo que el a quo que el tribunal debe limitarse a declarar la nulidad y disponer las medidas consecuentes, pues resol- ver la designación de la actora –en los términos en que ella lo solicitó– carecería de sustento normativo y violaría el principio constitucional de división de los poderes del Estado. En virtud de tales consideraciones, hizo lugar al recurso deducido, revocó la resolución apelada en cuanto dejó sin efecto el concurso y devolvió los autos a la Universidad a los efectos de que se dicte un nuevo acto, con arreglo a las pautas jurídicas claramente sentadas en la sentencia (v. fs. 164/167 del Expte. Nº 2190). – III – Varios meses más tarde, la actora promovió la ejecución de la sen- tencia reseñada supra, con fundamento en los arts. 499 y 513 del Có- digo Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 9/14 del Expte. Nº 650/98), a lo que se opuso la demandada, argumentando que, según surge de los términos del fallo, en ningún momento se había dispuesto que se designara a la actora en el cargo concursado; que la sentencia 260 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 había sido totalmente acatada y que ya se había iniciado el trámite necesario para el dictado de un nuevo acto, en sustitución del anulado. Como consecuencia de ello, la Cámara resolvió que siendo el órga- no administrativo el único habilitado para cumplir la manda judicial que resulta del fallo dictado en los autos principales, el Consejo Supe- rior de la Universidad debe integrar el acto, convalidando la designa- ción oportunamente efectuada por la Facultad de Humanidades, “como se desprende con meridiana claridad y como única interpretación po- sible de la sentencia judicial dictada...”, para lo cual fijó el plazo de diez días, bajo apercibimiento de aplicación de astreintes y de formu- lar la denuncia penal correspondiente. – IV – Contra esta decisión, la demandada interpuso recurso extraordi- nario (v. fs. 57/64 del expediente de ejecución citado), el que fue dene- gado y dio origen a la presente queja. Sostiene que la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva, toda vez que le produce un gravamen de imposible repara- ción ulterior. Asimismo, pone de relieve la existencia de arbitrariedad, en razón de que se altera lo dispuesto en la resolución que se pretende ejecutar. Con lo resuelto –continúa– se intenta obligar a la Universi- dad, no al saneamiento o la nulidad de un acto administrativo, sino a designar en un cargo a una persona determinada, lo que constituye una clara violación del principio de separación de poderes y un desbor- de de competencia del órgano jurisdiccional que intenta entrometerse en una esfera propia de la Universidad. Reitera la contradicción que, a su modo de ver, existiría entre la sentencia dictada en la causa principal –en la que el a quo se limitó a declarar la nulidad del acto impugnado– y la resolución dictada en el proceso de ejecución –en la cual se fija el plazo de diez días para que la Universidad concrete la designación de la profesora Tiramonti– de donde concluye que se modificó la decisión de fondo, violando de este modo principios constitucionales y procesales. – V – En mi opinión, el recurso deducido es inadmisible, toda vez que se trata de impugnar la decisión recaída en un proceso de ejecución de 261 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 una sentencia que había quedado firme en la causa principal, pues aquélla no reviste el carácter definitivo que exige el 14 de la ley 48 como requisito de procedencia del recurso extraordinario. Por otra parte, aun cuando V.E. ha considerado –en reiteradas oportunidades– que cabe hacer excepción a tal principio cuando lo resuelto importe un apartamiento palmario de los términos del fallo final de la causa (Fa- llos: 308:122; 316:3134, entre otros), lo cierto es que, en el sub lite, no se configura ese extremo que habilitaría la apertura de la vía extraor- dinaria. En efecto, contrariamente a lo que sostiene el apelante, un exa- men de ambas decisiones permite concluir que la Cámara, en el inci- dente de ejecución, se limitó a reiterar la obvia consecuencia de las pautas jurídicas “claramente sentadas” en el pronunciamiento dicta- do en la causa principal, en el cual, tras tomar en cuenta que el Conse- jo Superior había rechazado

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