Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 27 de febrero de 2001. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente inci- dente el Juzgado de Instrucción, Menores y Faltas de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 15. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. HUGO WALTER LOPEZ JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cuestio- nes penales. Delitos en particular. Asistencia familiar. En atención al carácter permanente del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no hay razón de principio que imponga decidir a favor de la competencia de alguno de los jueces en el ámbito de cuyas respectivas juris- dicciones se ha mantenido la acción delictiva, y a tal efecto, conviene estar a razones de economía procesal y mejor defensa de las partes. 510 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cuestio- nes penales. Delitos en particular. Asistencia familiar. Corresponde al juez del domicilio del menor investigar en el delito de incumpli- miento de los deberes de asistencia familiar, dado que allí se materializaría la insatisfacción de los alimentos debidos a aquél, ámbito, además, donde la madre podría ejercer una mejor defensa de los intereses del hijo. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado de Garantías Nº 3 del departamento judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires, y del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 7 de esta Capital, se refiere a la causa instruida por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Reconoce como antecedente la denuncia formulada por Beatriz Marta Barrios contra Hugo Walter López, padre de su hijo de once años de edad, quien habría dejado de cumplir con las cuotas alimen- tarias a las que se comprometiera en un convenio celebrado ante el Tribunal de Familia Nº 3 de Morón. El tribunal provincial declinó la competencia en favor de la justi- cia de esta Capital, donde se domicilia López, al considerar que es el domicilio del alimentante el que determina el lugar de comisión del delito (fs. 20). Por su parte, el magistrado nacional no aceptó la competencia atri- buida, en el entendimiento de que el incumplimiento de la obligación se habría configurado en la localidad bonaerense de Hurlingham, don- de se domicilia la víctima con su madre (fs. 24). Con la insistencia del tribunal de origen, quedó formalmente tra- bada la contienda (fs. 32/33). Al respecto, es doctrina de V.E. que, en atención al carácter per- manente del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia fa- 511 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 miliar, no hay razón de principio que imponga decidir a favor de la competencia de alguno de los jueces en el ámbito de cuyas respectivas jurisdicciones se ha mantenido la acción delictiva, y a tal efecto, con- viene estar a razones de economía procesal y mejor defensa de las partes (Fallos: 303:1606, 1991; 306:727 y 311:386). En concordancia con esta doctrina, y sin perjuicios de advertir que el progenitor tendría su domicilio en esta ciudad y que se habría com- prometido a depositar la cuota alimentaria en la sucursal Belgrano del “Banco Roberts” (ver fs. 12), estimo que corresponde investigar el hecho al juez del domicilio del menor, dado que allí se materializaría la insatisfacción de los alimentos debidos a aquél, ámbito, además, donde la madre podría ejercer una mejor defensa de los intereses del hijo (Competencia Nº 835.XXXVI in re “Cabrera, Claudio Miguel s/ incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, resuelta el 14 de septiembre del presente año). En mérito a todo lo expuesto, opino que es el Juzgado de Garantías Nº 3 de Morón el que debe continuar interviniendo en la causa. Bue- nos Aires, 1º diciembre del año 2000. Luis Santiago González Warcalde.