“Fisco Nacional (D.G.I.) c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 17 de abril de 2001. Vistos los autos: “Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Gattoni, Jorge Norberto s/ ejecución fiscal”. Considerando: 1º) Que contra la sentencia del Juzgado Federal de la ciudad de Viedma que rechazó la ejecución fiscal promovida por el organismo recaudador con el objeto de obtener el cobro de la suma adeudada por la demandada al régimen nacional de seguridad social, a raíz de la caducidad del acogimiento al régimen del decreto 493/95, la parte actora interpuso el recurso extraordinario que fue concedido mediante el auto de fs. 84. 2º) Que para decidir en el sentido indicado el a quo expresó que en el certificado de deuda se sumaron los importes correspondientes al capital y a intereses, y que el apoderado del Fisco solicitó que sobre el monto de dicha suma se aplicasen los accesorios previstos por la reso- lución (SIP) 39/93. De tal manera, a juicio del sentenciante, se produce una situación no admitida por el art. 623 del Código Civil, en tanto los intereses resarcitorios, capitalizados al momento de demandar, pro- ducirían a su vez intereses punitorios, lo cual “se vislumbra injusto y lejano por completo al espíritu del entorno jurídico aplicable al caso” (fs. 72). 3º) Que el recurso planteado es formalmente procedente pues si bien las decisiones recaídas en procesos de ejecución fiscal no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas a los fines del art. 14 de la ley 48, en el caso se configura un supuesto de excepción toda vez que, por el modo como resolvió el a quo, el Fisco Nacional no dispondrá en el futuro de otra oportunidad procesal para hacer valer su preten- sión respecto de los intereses que se halla legalmente facultado a per- cibir (Fallos: 271:158; 294:363; 320:1793, entre muchos otros). Por otra parte, el fallo ha sido dictado por el superior tribunal de la causa ya que no es apelable en las instancias ordinarias (conf. art. 92 de la ley 11.683), y los agravios expresados por la apelante constituyen cues- tión federal suficiente para justificar su consideración por la vía ele- gida. 1286 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 4º) Que el decreto 589/91 –modificado por el decreto 1266/92– re- glamentario de la ley 23.928 en lo referente a los créditos de la seguri- dad social y demás conceptos a que se refiere el art. 7º de la ley 21.864 –modificada por el art. 34 de la ley 23.659– dispuso que respecto de tales créditos se aplicarían los intereses resarcitorios y punitorios que fije la Secretaría de Seguridad Social de conformidad con lo estableci- do por los arts. 42 y 55 de la ley 11.683 (t.o. 1978), en los respectivos supuestos previstos por dicha normativa. Análogo criterio, en cuanto a la aplicación de las mencionadas disposiciones de la ley del procedi- miento tributario, adoptaron el decreto 507/93 –ratificado por la ley 24.447– y el decreto 2102/93 con relación a los arts. 42 y 55, respecti- vamente. 5º) Que el primero de tales artículos –correspondiente al art. 37 en el texto ordenado en 1998– establece, en lo que interesa, que “la falta total o parcial de pago de los gravámenes... devengará desde los res- pectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un inte- rés resarcitorio”. El segundo –correspondiente al art. 52 en el texto ordenado en 1998– dispone que “cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda”. 6º) Que se advierte con claridad que la decisión del a quo –so color de juzgar aplicable lo dispuesto en el art. 623 del Código Civil– ha prescindido inmotivadamente –sin que medie debate y declaración de inconstitucionalidad– de las específicas disposiciones precedentemen- te reseñadas, contrariando la doctrina fijada por esta Corte en causas sustancialmente análogas a la presente (Fallos: 315:2555; 320:1793 y 321:2093, entre otros). Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procura- dor Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, debiendo volver los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pro- nunciamiento; con costas. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. 1287 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS V. PLAVINIL ARGENTINA S.A.I.C. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Sentencia definitiva. Resolucio- nes anteriores a la sentencia definitiva. Juicios de apremio y ejecutivo. Si bien, en principio, las decisiones dictadas en juicios de ejecución fiscal no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario, se con- figura un supuesto de excepción si el a quo resolvió los agravios del Fisco Nacio- nal de modo tal que no podrían ser atendidos en otra oportunidad procesal (art. 553, cuarto párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la fundamentación normativa. Se apartó injustificadamente de lo prescripto en el art. 92 de la ley 11.683 la sentencia que rechazó la ejecución fiscal fundándose en los pedidos de compen- sación que había efectuado la demandada si la norma mencionada sólo prevé la excepción de pago documentado y no contempla a la compensación entre las defensas oponibles. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la fundamentación normativa. Si no medió un acto del organismo recaudador que hubiese admitido las com- pensaciones solicitadas por el contribuyente y dispuesto la acreditación de los saldos invocados por éste, la deuda reclamada no puede ser considerada mani- fiestamente inexistente y, al asignar sentido positivo al silencio de la adminis- tración respecto de tales pedidos sin que mediase una norma expresa que así lo dispusiere, el a quo se apartó de lo prescripto en el art. 10 de la ley 19.549.