Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 21 de mayo de 2001. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente inci- dente el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de 1681 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 Zárate-Campana, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Federal de Campana. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. CANDIDA IBARRA DE GODOY JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Causas penales. Delitos que obstruyen el normal funcionamiento de las instituciones nacionales. Si las circunstancias descriptas en el art. 1º de la ley 24.411 y el art. 2º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –ley 24.556– se hallarían presentes en el caso, en atención al momento histórico en que tuvo lugar y a las declaraciones de la madre de la presunta desaparecida, corresponde establecer la competencia federal, pues puede razonablemente sospecharse la intervención en el hecho de personal militar o de fuerzas de se- guridad bajo el control de las fuerzas armadas, en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo. DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y del Juzgado Federal Nº 1, con asiento en esa ciudad, se refiere a la causa donde se investiga la presunta desaparición forzada de la hija de Cándida Ibarra de Godoy, acontecida en el mes de agosto de mil novecientos setenta y seis. A solicitud del fiscal, el magistrado local declinó la competencia en favor de la justicia federal (fs. 3). Esta última, por su parte, rechazó tal atribución por considerarla prematura. El juez entendió que la declinatoria no se hallaba precedi- da de la investigación necesaria para calificar el hecho denunciado y determinar el lugar donde éste se habría cometido (fs. 18). 1682 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, el magistrado interinamente a su cargo, decidió la elevación del incidente a la Corte (fs. 20). Así quedó trabada la contienda. Sin perjuicio de advertir que no se practicó diligencia alguna con la finalidad de precisar los hechos contenidos en la denuncia y, por otra parte, que ésta se efectuó para dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 2º de la ley 24.321 (ver denuncia de fs. 11), estimo que es la justicia federal la que debe conocer en la causa. Al respecto, cabe destacar que el art. 1º in fine de la ley 24.411, expresa que “se entiende por desaparición forzada de personas, cuan- do se hubiera privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiese sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra forma de derecho de la jurisdicción”. En el mismo contexto, el art. 2º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –aprobada por la ley 24.556 y con jerarquía constitucional otorgada por la ley 24.820– establece que “para los efectos de la presente convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquies- cencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Estimo que tales circunstancias se hallarían presentes en el caso, en atención al momento histórico en que tuvo lugar y a las propias declaraciones de la madre de la víctima, en el sentido de que al mo- mento de su desaparición la joven militaba en política y asistía a reu- niones con otros compañeros de causa. Desde esta perspectiva, puede razonablemente sospecharse la in- tervención en el hecho de personal militar o de fuerzas de seguridad bajo el control de las fuerzas armadas, en la operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo (Fallos: 322:2896 y 323:859). 1683 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 En mérito a la conclusión arribada, y en concordancia con la postu- ra de esta Procuración General en el sentido de “colaborar con los fa- miliares de las personas desaparecidas, que pretendan obtener infor- mación sobre su destino, evitando la realización de planteos que pue- dan provocar una dilación en las tareas de investigación” (resolución P.G.N. Nº 73/98), opino que corresponde asignar competencia al Juz- gado Federal Nº 1 de La Plata para entender en la causa. Buenos Ai- res, 12 de diciembre del año 2000. Nicolás Eduardo Becerra.