“Diners Club Arg.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 9 de agosto de 2001. Vistos los autos: “Diners Club Arg. S.A. c/ Westerberg, Carlos Gote s/ ejecutivo”. 2129 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 Considerando: Que los recursos extraordinarios son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal se de- clara improcedente el recurso extraordinario, con costas. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR (en disidencia) — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUILLERMO A. F. LÓPEZ (en disidencia) — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ (en disidencia). DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON GUILLERMO A. F. LÓPEZ Y DON ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ Considerando: 1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala D de la Cámara Na- cional de Apelaciones en lo Comercial que decidió imponer al ejecuta- do y solidariamente a sus letrados una multa equivalente al treinta por ciento del crédito de la ejecutante, al considerar que habían provo- cado una dilación innecesaria y obstruccionista en el cumplimiento de la sentencia de remate, dichos profesionales dedujeron sendos recur- sos extraordinarios, los que fueron concedidos. 2º) Que el recurso extraordinario interpuesto a fs. 904/906, no cum- ple con el requisito de fundamentación autónoma. 3º) Que si bien lo relativo a la aplicación de medidas disciplinarias, así como lo atinente a la conducta de las partes y de sus letrados, cons- tituyen materias reservadas a los jueces de la causa y ajenas a la ins- tancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ello cuando el a quo no demuestra en forma convincente la necesaria correlación entre la im- putada falta de seriedad de los planteos del ejecutado –asistido por el apelante– y el ánimo subjetivo que tipifica a la causal de malicia pro- cesal (Fallos: 311:756 y 1851). 2130 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 4º) Que esto último es lo que ha ocurrido en la especie en relación a la sanción aplicada a la doctora Mónica Liliana Núñez, por cuanto las actuaciones cumplidas por ella (que comprendieron exclusivamen- te la firma del planteo de fs. 312/315 y, ante su rechazo, la de las pie- zas de fs. 365/368 y 389/390, correspondientes a las vías recursivas intentadas; así como la suscripción del escrito de fs. 408, y sus secue- las de fs. 418 y 466/467) no lucieron, en el momento en que se desarro- llaron, como necesariamente configurativas de la conducta procesal reprobada por la ley, la cual ciertamente no resulta del mero hecho de interponerse defensas que finalmente son desestimadas. Por lo demás, resulta claro que la decisión apelada ha incurrido en un serio defecto de fundamentación al justificar la aplicación de la multa a la citada profesional mediante la cita de actuaciones en las que no tuvo intervención personal, algunas de las cuales inclusive son posteriores a la renuncia de su mandato de fs. 737. En las condiciones expuestas, existe cuestión federal suficiente para declarar procedente el recurso extraordinario de fs. 924/931, y revocar la sanción aplicada a la apelante. Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se declara mal concedi- do el recurso extraordinario de fs. 904/906; y se hace lugar al de fs. 924/931, dejándose sin efecto la sentencia en cuanto impuso una multa a la doctora Mónica Liliana Núñez. Notifíquese y remítase. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. ETER M. GONZALEZ V. LOTERIA NACIONAL Y OTRA RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestión federal. Cuestiones fe- derales simples. Interpretación de las leyes federales. Leyes federales en general. Es admisible el recurso extraordinario, si se encuentra controvertida la aplica- ción de una norma federal, como es la ley 19.299, que otorga un beneficio al personal de la Administración Pública Nacional, y la decisión del tribunal de alzada ha sido contraria a la pretensión del recurrente fundada en sus disposi- ciones. 2131 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 SEGURO. Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar al planteo de prescripción por haber operado el plazo de un año establecido por la ley 17.418 si no se ha demos- trado que se trataba de un seguro facultativo por lo que debe entenderse que el seguro obligatorio instituido por la ley 19.299 es el que dio lugar a la demanda por lo que es aplicable a la acción deducida la prescripción decenal prevista por el art. 15 de dicha ley. DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: – I – La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata modificó la sentencia del juez e hizo lugar al planteo de prescripción opuesto por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, rechazando la de- manda. Juzgó que la diferencia reclamada por la actora, derivada del cobro de un seguro por incapacidad total, estaba sujeta a la prescrip- ción anual establecida por la ley 17.418. En tal inteligencia, consideró improcedente la argumentación desarrollada por la accionante, quien había invocado el plazo decenal previsto por la ley 19.299 (art. 15) so- bre seguro de vida obligatorio para el personal del Estado, ya que la póliza respectiva indicaba expresamente que el seguro era “facultati- vo”, lo cual lo excluía del ámbito de aplicación de la ley especial. La recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria porque pres- cindió de la solución legal específica, impuesta por la mencionada ley 19.299, art. 15. Señala que si bien la póliza indica que el seguro es facultativo, ello se debe a que su emisión fue anterior a la ley que impuso un seguro obligatorio a cargo de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a favor de los empleados públicos. De modo que su empleado- ra, la Lotería Nacional, dio por cumplida la exigencia legal mediante este seguro que se había contratado con antelación. Asimismo, señala que, en todo caso, sólo estuvo en condiciones de accionar por las dife- rencias reclamadas en autos en el año 1993, cuando pudo conocer los términos de la póliza a través de una diligencia preliminar. 2132 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 El tribunal de alzada concedió el recurso extraordinario a fs. 354, con base en que se hallaba en tela de juicio la supremacía de una ley general sobre otra particular. – II – A mi modo de ver, el recurso es admisible por cuanto se encuentra controvertida la aplicación de una norma federal, como es la ley 19.299 que otorga un beneficio al personal de la Administración Pública Na- cional, y la decisión del tribunal de alzada ha sido contraria a la pre- tensión del recurrente fundada en sus disposiciones. Es mi parecer, que si la ley protege al empleado público imponien- do un seguro obligatorio a cargo de la Caja Nacional de Ahorro y Segu- ro, que cuenta además con el beneficio de gozar de una prescripción decenal para formular sus reclamos –a diferencia de la ley común (17.418) en que el plazo es anual– es la aseguradora quien debió de- mostrar concretamente que aquel seguro sujeto a un régimen especial no era este que se invoca en autos, porque tal presupuesto fáctico cons- tituía el fundamento de la causal extintiva invocada. Sin embargo, advierto que tal extremo no fue acreditado por la interesada. Efectivamente, la póliza fue concertada en el año 1963, o sea con anterioridad a la ley 19.299, que data del 28-10-1971. Ambas demandadas, tanto la empleadora Lotería Nacional, como la Caja Na- cional de Ahorro y Seguro estuvieron en condiciones de probar que había otro seguro concertado, según lo impone la mencionada ley, para sostener su posición de que seguro el “facultativo” de autos no goza de protección especial. Como no lo han hecho, debe entenderse que el seguro obligatorio instituido por la ley 19.299 es el que dio lugar a la demanda, siendo irrelevante que la póliza diga que es “facultativo” porque, con posterioridad a su emisión, la ley 19.299 modificó el régi- men aplicable, atribuyéndole carácter obligatorio. En tales condicio- nes, opino que es aplicable a la acción deducida la prescripción decenal prevista por el art. 15 de la ley 19.299. En consecuencia, considero que V.E. debe hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada. Buenos Ai- res, 22 de junio de 2000. Nicolás Eduardo Becerra. 2133 DE JUSTICIA DE LA NACION 324