Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 9 de agosto de 2001. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la presente causa el Tribunal Oral en lo Cri- minal Federal de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Instrucción de Pico Trunca- do, Provincia de Santa Cruz. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. OMAR ORLANDO CHAVEZ JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Generalidades. Los conflictos de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se haya pro- 2353 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 ducido, según pueden apreciarse prima facie y con prescindencia de la califica- ción que en iguales condiciones le atribuyen los jueces en conflicto. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Causas penales. Delitos en perjuicio de los bienes y rentas de la Nación y de sus entidades autárquicas. Corresponde a la justicia federal, conocer en las causas por el delito de robo del arma reglamentaria de un agente de la Policía Federal, más allá que en la ac- tualidad su investigación se encuentre a cargo de un juez de provincia. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cuestio- nes penales. Pluralidad de delitos. El juez competente para conocer del delito de robo del arma de guerra a un miembro del Servicio Penitenciario Federal, también deberá hacerlo respecto de su encubrimiento, ello en atención a la relación de alternatividad existente entre ambas infracciones. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de San Martín, y del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, ambos de la Provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa en la que se investiga la conducta de Marcelo Omar Orlando Chávez, a quien la policía le extrajera, de entre sus ropas, una pistola marca “Browning” calibre 9 milímetros, sustraída pocos días atrás a un agente del Servicio Penitenciario Federal, en jurisdicción bonae- rense. De las constancias agregadas al legajo se desprende que el arma secuestrada registraba pedido de secuestro ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Morón. El juez local, luego de que el nombrado fuera indagado por los de- litos de tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento, declinó la competencia en favor del magistrado federal con jurisdicción sobre la localidad donde se produjo el desapoderamiento, por considerar que ese hecho había afectado el patrimonio del Estado Nacional (fs. 65). 2354 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 Por su parte, el declinado rechazó el planteo. Sostuvo, con base en la doctrina de Fallos: 300:898; 303:1763 y 308:1677, que en el caso, no correspondería la intervención del fuero de excepción ya que al cono- cer del delito encubierto un juez provincial, no se habría afectado la administración de justicia nacional. Y agregó, por otra parte, que el hallazgo se produjo en jurisdicción extraña a la del tribunal (fs. 73/74). Devueltas las actuaciones al tribunal de origen, su titular mantu- vo el criterio sustentado y, en esta oportunidad, agregó que su conten- diente, al tomar conocimiento de la existencia de un proceso en el que se investiga un delito de su exclusiva competencia, debió solicitar la inhibitoria del magistrado local que conoce de aquél (fs. 77/78). Así quedó trabada la contienda. Es doctrina del Tribunal que los conflictos de competencia en ma- teria penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del deli- to y las circunstancias especiales en que se haya producido, según pue- den apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que, en iguales condiciones, le atribuyen los jueces en conflicto (Fallos: 244:303 y 310:2755). Sentado ello, no cabe obviar que el hecho principal (robo del arma de guerra a un miembro del Servicio Penitenciario Federal), en princi- pio, ajeno a este conflicto, es de aquellos que suscitan la jurisdicción del fuero de excepción (conf. fs. 28/29, 30 y 31/32), más allá de que en la actualidad su investigación se encuentre a cargo de otro juez de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido creo oportuno recordar que V.E. ha sostenido rei- teradamente que corresponde a la justicia federal, y no a la provincial, conocer en las causas por el delito de robo del arma reglamentaria de un agente de la Policía Federal (Fallos: 280:13; 296:657; 312:645 y 319:1679). Del mismo modo, en mi opinión, y siguiendo esa línea argumental entiendo que, al corresponder al fuero de excepción el conocimiento de aquel delito, también deberá hacerlo respecto de su encubrimiento, ello en atención a la relación de alternatividad existente entre ambas infracciones (Fallos: 302:860; 308:1677; 311:443; 312:1896; 315:1617; 318:182 y 319:144). 2355 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 Por ello, estimo que cabe pronunciarse, en cuanto es materia del presente conflicto (tenencia ilegal del arma de guerra y encubrimien- to), otorgando competencia a la justicia de excepción, dado el carácter inescindible de la conducta atribuida al imputado (Fallos: 315:312), sin perjuicio de las medidas que corresponderían al juez federal im- pulsar a fin de lograr el efectivo sometimiento a su jurisdicción del desapoderamiento consumado en perjuicio del Erario Nacional. Opino, pues, que en este sentido cabe resolver la presente contien- da. Buenos Aires, 11 de junio del año 2001. Luis Santiago González Warcalde.