“Dresdner Forfaitierungs Aktiengesellschaft c

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 18 de septiembre de 2001. Vistos los autos: “Dresdner Forfaitierungs Aktiengesellschaft c/ San Luis, Provincia de s/ cobro de sumas de dinero”, de los que Resulta: I) A fs 8/10 se presenta por apoderado Dresdner Forfaitierungs Aktiengesellschaft A.G. e inicia demanda contra la Provincia de San 2828 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 Luis y el Estado Nacional Argentino al solo efecto de interrumpir la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual. Expone que Espartaco S.A., empresa radicada en la Provincia de San Luis, contrató con Coman S.p.a. de Italia la provisión de maqui- narias, equipamiento y servicios para la extracción de mineral de una cantera de propiedad de aquélla ubicada en la provincia mencionada. Igualmente Espartaco S.A. contrató con Mordenti S.N.C., también de Italia, todo lo atinente a la instalación y puesta en marcha de la ma- quinaria que adquiría. El pago se instrumentó mediante promissory notes suscriptas por Espartaco S.A. (once a favor de Coman S.p.a y uno a favor de Mordenti S.N.C.), todas avaladas por la Provincia de San Luis. Asimismo, la operación obtuvo, por gestión efectuada por el gobierno argentino, la cobertura SACE (Sezione Speciale per l’Assicu- razione del Credito all’Esportazione) por tratarse de una operación encuadrada dentro del desarrollo minero declarado prioritario por la III Comisión Mixta Argentino Italiana en su reunión del 30 de abril de 1988. Esas promissory notes fueron descontadas por la actora en vir- tud del aval y la garantía otorgados por la Provincia de San Luis y la SACE respectivamente. A su vencimiento y ante la falta de pago –agrega– efectuó los pertinentes reclamos, negándose la provincia a satisfacerlos con fundamento en que el funcionario que los había sus- cripto no obligaba al Estado provincial. Igual conducta asumió la SACE por entender que la póliza no cubría la situación planteada. Dice que el primer rechazo de la Provincia de San Luis le fue co- municado el 27 de agosto de 1992 lo que determinó la necesidad de iniciar esta demanda dentro del plazo del art. 4037 del Código Civil. II) A fs. 33/79 la actora amplía la demanda y precisa el monto re- clamado, que fija en U$S 19.205.760. Dice que “habida cuenta la mul- tiplicidad de personas físicas y jurídicas que intervinieron en el nego- cio” resulta conveniente su identificación. Aclara a su respecto que es una compañía financiera residente en Zurich, Suiza, “cuya actividad principal es el descuento de documen- tos, controlada por el Dresdner Bank A. G. de Frankfurt, República Federal de Alemania”. Este último, que ejerce actividades habituales en nuestro país, es el único propietario de las acciones. Por su parte, Espartaco S.A. es una sociedad constituida e inscripta en el Registro Público de Comercio de San Luis y la emisora de las promissory no- 2829 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 tes descontadas y no pagadas. En cuanto a las firmas italianas Coman S.p.a. y Mordenti S.N.C., son las que contrataron la venta de la maqui- naria y su instalación posterior. Señala también que la SACE es un organismo de derecho público italiano cuyo objeto es la aseguración y financiación de créditos para la exportación de bienes y servicios. Res- pecto del Estado Nacional dice que fue el que, por intermedio del Mi- nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, “solicitó y obtuvo ante las autoridades italianas la garantía SACE para las exportaciones de Co- man SPA y Mordenti S.C.N., recaudo sin el cual la actora no hubiese descontado los documentos”. En cuanto a la Provincia de San Luis, afirma que fue la avalista de los pagarés por intermedio de la Subse- cretaría de Planeamiento cuyo titular era Domingo Mario Romano. Reseña los antecedentes de Espartaco S.A. a los fines de demos- trar la actividad del Poder Ejecutivo provincial tendiente a favorecer- la, lo que demuestra el consiguiente interés oficial exteriorizado en su inclusión, antes de su constitución como sociedad regular, en los regímenes de promoción industrial, y pasa luego a describir el negocio llevado a cabo por aquella empresa con las firmas italianas. Expone que el 7 de julio de 1988 se celebró entre Coman y Espar- taco el contrato de suministro ya mencionado por un precio total de U$S 17.670.900, de los cuales U$S 2.650.635 se abonaron anticipada- mente contra la emisión por parte del vendedor de un performance bond (garantía del cumplimiento del contrato). El saldo debía abonar- se en diez cuotas semestrales vencidas, y destaca la modalidad de los intereses convenidos. Señala que en un solo instrumento se convinie- ron distintos objetos contractuales, a los cuales se individualizó como “A” y “B”. El convenio entraría en vigencia con la firma y después de la aprobación de la póliza de seguro SACE y la resolución positiva del consensus del “medio credito centrale”. El acuerdo con Mordenti tenía como fin la instalación de la maquinaria respectiva por un precio de U$S 3.745.971, pagadero mediante una promissory note, emitida el 31 de mayo de 1989, con vencimiento en abril de 1991. Esta operación estaba también cubierta por la póliza SACE emitida el 6 de julio de 1989. Destaca a continuación el rol del ente público italiano pues “el con- trato entraría en vigencia con la firma y aprobación de la póliza SACE”. En tal sentido dice que es una sección especial para el seguro de crédi- tos para exportaciones del Instituto Nacional de Seguros de Italia, crea- 2830 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 do por la ley 227 del 24 de mayo de 1977. Se trata de una persona jurídica de derecho público con autonomía patrimonial y de gestión con facultades para asegurar y reasegurar los riesgos a que están ex- puestos los exportadores italianos, cuyas obligaciones, en los límites que fija la ley, tienen garantía del Estado. Entre los riesgos cubiertos se encuentra la “falta de pago por cualquier razón no imputable al operador nacional cuando el comitente sea un estado, una entidad pública extranjera o una persona privada cuyo pago tenga garantía de un estado o entidad pública extranjera, autorizada a tal efecto”. Entre las operaciones asegurables están las exportaciones de mercaderías, las prestaciones de servicios, estudios y proyectos y la ejecución de trabajos en el exterior. Asimismo destaca las funciones del Instituto Central de Créditos a Mediano Plazo, que efectúa operaciones financieras relacionadas con créditos para exportaciones. En otro orden de ideas se refiere al otorgamiento de los avales por el gobierno de San Luis y a la gestión de la recordada garantía SACE. Recuerda que “ya hemos dicho que el contrato entre Espartaco y Co- man se iba a perfeccionar y entrar en vigencia una vez que se hubiera otorgado la garantía o cobertura SACE” y que la cobertura del riesgo de “falta de pago por cualquier razón no imputable al operador nacio- nal” requiere que el comitente, si se trata de una persona privada, cuente con la garantía del Estado o una entidad pública extranjera. Era pues indispensable –continúa– obtener los avales de la autori- dad pública, exigencia para cuyo cumplimiento Espartaco solicitó la garantía de la Provincia de San Luis, la cual la otorgó por intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento avalando todos los pagarés emi- tidos por aquélla en favor de Coman y Mordenti. Así surge de los docu- mentos emitidos el 15 de noviembre de 1988 por el titular de esa de- pendencia, Domingo Mario Romano, cuyas firmas fueron certificadas por el escribano público Marcelo Quinzio, y de igual manera del paga- ré librado a favor de Mordenti. En total se trata de 12 pagarés que en lo que hace al caso de Coman vencían los días 20 de los meses de enero y julio de cada año, pagaderos en el domicilio del Dresdner Bank A.G., Milán con la cláusula sin protesto. El pagaré a favor de Mordenti fue librado con igual cláusula y contra el mismo banco. Expresa que antes de avalar los pagarés el gobierno provincial pi- dió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que a su vez solici- 2831 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 tara al embajador de Italia y éste a su gobierno, el otorgamiento de la cobertura SACE, mediante una nota suscripta por el entonces subse- cretario de Planeamiento, Reynaldo Oscar Ojeda, la cual, sin fecha, obra en el expediente administrativo de Relaciones Exteriores y en la causa penal Nº 606 que tramita ante la justicia en lo penal de San Luis. Esa comunicación dio lugar a la intervención de la Cancillería Argentina ante el gobierno italiano que puso en marcha, en definitiva, el mecanismo que posibilitó el otorgamiento del crédito a las exporta- ciones de maquinarias y el posterior descuento de los documentos por el Dresdner, que generó el grave daño que origina esta acción. El fun- cionario provincial solicitó que el proyecto de Espartaco fuera califica- do por la Embajada Argentina ante la SACE para su “inserción en el cupo previsto por Italia para la República Argentina”. El 8 de agosto la cancillería requirió al embajador italiano, me- diante nota firmada por el subsecretario de Integración Económica Carlos Francisco Bruno, que gestionara ante su gobierno la cobertura SACE. Invocó para ello la calidad prioritaria del sector minero según lo resuelto y declarado por la III Comisión Mixta Argentino-Italiana (Roma 30/4/88), cuyas actas destacan que la “Delegación Argentina hizo entrega de información sobre el plan de expansión minera, en el cual se detallan los proyectos argentinos en esa área para los próxi- mos años, estableciéndose criterios de prioridad”. Resulta indudable –sigue la actora– que “a la luz de la solicitud del embajador Bruno, que el proyecto Espartaco se encuadraba en el mar- co de los propiciados por el gobierno argentino en el área de la mine- ría”. El mismo funcionario comunicó estos pasos al subsecretario Oje- da, como así también que se había instruido a la Embajada Argentina en Italia para que adelantara la solicitud ante la SACE. Esto significó que la cancillería aceptaba la compe

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