“Carrefour Argentina

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 18 de diciembre de 2001. Vistos los autos: “Carrefour Argentina S.A. c/ A.N.M.A.T. s/ proce- so de conocimiento”. Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclu- siones del dictamen del señor Procurador General de la Nación obran- te a fs. 157/160, a los cuales corresponde remitir en razón de breve- dad. Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia de fs. 111/112 vta. con el alcance indicado en el dictamen aludido. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por medio de quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo con el presente. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. MIGUEL CARBONE Y OTROS V. MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos comunes. Subsistencia de los requisitos. Resulta inoficioso pronunciarse sobre la resolución 416/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en cuanto había interpretado que lo dis- puesto por los arts. 1º y 118 del decreto 2284/91 (ratificado por la ley 24.307) había derogado el régimen relativo a la comercialización de diarios y revistas instituido por el decreto-ley 24.095/45 (ratificado por la ley 12.921) si con poste- rioridad a que la causa quedara radicada ante la Corte, el Poder Ejecutivo Na- cional dictó el decreto 1025/2000 y con posterioridad el ministerio emitió la reso- lución 256/01. 4376 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte: – I – A fs. 3/12, Miguel Carbone y otros titulares de autorizaciones para operar paradas de venta de diarios y revistas, promovieron acción de amparo contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos –MEyOSP, en adelante–), a fin de obtener que se declare la nulidad de la resolución Nº 416/99 del MEyOSP, mediante la cual se interpretó que los arts. 1º y 118 del Decreto Nº 2284/91, rati- ficado por la ley 24.307, derogaron el plexo normativo constituido por el Decreto-ley 24.095/45, ratificado –a su vez– por la ley 12.921, relati- vo a la comercialización de diarios y revistas, y las resoluciones Nºs. 42/91 y 43/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS, de aquí en más). Sostuvieron que el acto impugnado está viciado en su competen- cia, ya que invade materia legislativa y administrativa. Respecto de la primera, señalaron que los ministros del Poder Ejecutivo no pueden reglamentar las leyes, toda vez que esa competencia fue asignada en exclusividad al Presidente de la Nación (art. 99, inc. 2º, de la Consti- tución Nacional) ni, menos aún, simplemente derogarlas. Además, tal derogación tampoco puede realizarse con fundamento en las faculta- des interpretativas que el art. 116 del Decreto Nº 2284/91 le otorga al MEyOSP, porque la comercialización de diarios y revistas no fue al- canzada por el citado decreto. En cuanto a la segunda, afirmaron que es forzada la interpreta- ción que postula que los “canillitas” desarrollan una actividad comer- cial que constituye un monopolio jurídico y económico, que redunda en costos innecesarios para las grandes empresas editoras y distribuido- ras, ya que se trata, en realidad, de una relación laboral, cuya Autori- dad de Aplicación es el MTySS, porque los vendedores no pueden abrir, cerrar y manejar su negocio libremente como cualquier comerciante autónomo, sino que se encuentran subordinados a las empresas edito- ras, que fijan las condiciones de trabajo, el precio de las publicaciones y el margen de ganancia que obtienen y la resolución cuestionada pre- tende la desaparición de la actividad que ejercen, pues modifica el sis- 4377 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 tema de devoluciones, libera la habilitación e instalación de paradas en cualquier lugar y la venta en comercios minoristas, supermercados y por medio de máquinas expendedoras. Finalmente, señalaron que el Decreto-ley 24.095/45, ratificado por ley 12.921, que reglamenta la distribución y venta de diarios sobre la base de las “características esenciales que reviste la actividad de las personas dedicadas a la venta y distribución pública de diarios y revis- tas”, consagra un criterio protector del trabajador, al disponer –entre otros– el principio de la devolución de los ejemplares no vendidos y su correspondiente reintegro y la estabilidad de la parada de venta. – II – El MEyOSP, al contestar el Informe del art. 8 de la ley Nº 16.986, solicitó el rechazo de la acción (fs. 29/44 y vta.). Sostuvo la improcedencia formal de la vía intentada y, en cuanto al fondo del asunto, señaló que la resolución Nº 416/99 es constitucio- nal y fue dictada en virtud de las facultades que le confiere el art. 116 del Decreto Nº 2284/91, ratificado por ley Nº 24.307. Recordó que el citado decreto debe ser considerado como ley fede- ral de la Nación, al amparo de la doctrina de los decretos de necesidad y urgencia; que sus disposiciones derivan de las leyes 23.696 y 23.697 y que impone una nueva constitución económica para toda la Repúbli- ca, en la medida que modifica el régimen de intervención estatal en la economía que regía hasta su sanción. A su vez, el acto impugnado constituye –en su opinión– una “ver- dadera resolución delegada”, que ostenta el mismo valor y la misma jerarquía que las leyes, más aún, es también una ley formal, en la medida que fue dictado por expresa delegación del Poder Legislativo. Por otra parte, sostuvo que, en realidad, el acto tiene efectos decla- rativos, ya que fue el citado Decreto Nº 2284/91 el que desreguló la actividad en cuestión, al derogar el Decreto-ley 24.095/45 (arts. 1º y 118 del citado decreto). Por último, describió las actuales condiciones en que se realiza la distribución y comercialización de diarios y revistas. Al respecto, indi- 4378 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 có que el decreto-ley dictado en el año 1945 es una norma de emergen- cia, tal como expresamente lo indica su art. 14 y que, luego de sucesi- vos cambios de regulación, el MTySS reconoció el derecho a la línea de distribución de diarios, revistas y afines y fijó las condiciones y re- quisitos para el reconocimiento de paradas y/o repartos (resoluciones Nos. 42/91 y 43/91), pero, no obstante la voluminosa carga regulatoria que pesaba sobre el sector, se verificaba un alto grado de informalidad e incumplimiento, no sólo del régimen normativo, sino también de las obligaciones laborales y previsionales para los trabajadores de la acti- vidad y, en virtud de ello, era necesario identificar a ésta como alcan- zada por la desregulación económica dispuesta por el Decreto Nº 2284/91. – III – El señor Juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 48 de la Capital Federal hizo lugar a la acción y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución Nº 416/99 del ME- yOSP, así como la plena vigencia del Decreto-ley 24.095/45, ratificado por la ley 12.921 (fs. 98/106). Para así resolver, entendió, en lo esencial, que las características particulares que presenta la venta de diarios y revistas impide encua- drarla en una relación comercial y considerar a los actores comercian- tes regidos por el Código de Comercio. Antes bien, se trata de vendedo- res retribuidos a comisión, aunque no se encuentren incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto a la resolución Nº 416/99 del MEyOSP, consideró que fue dictada por órgano incompetente pues, si bien es cierto que el art. 116 del Decreto Nº 2284/91 otorga facultades interpretativas al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, también lo es que establece excepciones, tales como las que surgen de los capítulos VI y VII, referidas a la seguridad social y a las negociaciones colecti- vas. Desde esta perspectiva y, teniendo en cuenta la calificación labo- ral de la actividad que desarrollan los actores, consideró que el único competente para regularla es el MTySS. Por iguales motivos, desestimó el argumento esgrimido por el MEyOSP, en el sentido de que la resolución impugnada constituye una legislación delegada y que ostenta la misma jerarquía que las le- 4379 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 yes, pues ese órgano no es la Autoridad de Aplicación de la actividad en cuestión y porque, aun cuando se admitiera su competencia, exce- dió sus facultades, toda vez que, en lugar de interpretar una norma, la derogó. Ello es así, dijo, ya que si el Presidente de la Nación sólo puede expedir los reglamentos que sean necesarios para poner en ejecución las leyes, cuidando de no alterar su espíritu (art. 99, inc. 2º, C.N.), no puede sostenerse que uno de sus ministerios posea facultades para dictar reglamentos que, bajo la apariencia de ser interpretativos, de- roguen una ley del Congreso. – IV – A fs. 177/195, se presentó Editorial Atlántida S.A. y solicitó ser admitido en el proceso en calidad de tercero interesado, en los térmi- nos del art. 90, inc. 2º del Código Procesal Civil y Comercial de la Na- ción, impetrando el rechazo de la acción. Sostuvo que la resolución Nº 416/99 del MEyOSP le generó dere- chos adquiridos, ya que, al derogar el Decreto-ley 24.095/45 (ratificado por ley 12.921), elimina las restricciones a la distribución y venta de diarios y revistas que le imponía el anterior régimen y, por lo tanto, posibilita nuevas formas de comercialización que le permiten el ejerci- cio pleno de la libertad de comercio, favoreciendo la libertad de prensa (arts. 1º, 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional). Asimismo, en coincidencia con la posición del MEyOSP, afirmó que la competencia de dicho órgano para dictar la resolución impugnada surge de expresas facultades legislativas delegadas por el art. 116 del Decreto Nº 2284/91 y recordó que toda la legislación delegada tiene fuerza y valor de ley, características que alcanza

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