Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 26 de febrero de 2002. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se 265 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 declara que deberá remitirse el presente incidente al Juzgado Nacio- nal en lo Criminal de Instrucción Nº 11, a sus efectos. Hágase saber al Juzgado de Garantías Nº 3, del Departamento Judicial de La Matan- za, Provincia de Buenos Aires. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUSTAVO A. BOSSERT — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. MARIO RICARDO VIERA JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Intervención de la Corte Suprema. Si bien no se ha determinado de manera precisa en qué figura delictiva encua- dra el hecho denunciado –tenencia ilegítima de armas de fuego– corresponde resolver la competencia en beneficio del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cuestio- nes penales. Delitos en particular. Portación de armas de fuego de uso civil. Las razones que llevaron al legislador a modificar la ley 48 (conf. ley 20.661), mediante la sanción de la ley 23.817, resultan de directa aplicación a la nueva hipótesis de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, pues para que corresponda el fuero federal es preciso que se hayan afectado intereses federales o que estén implicados “intereses no meramente plurales de los ciudadanos” sino aquellos que alcanzan a la Nación misma; extremos que –más allá del calibre y potencia del arma– no aparecen reunidos en ninguna de las hipótesis (salvo que tuviesen vinculación con un delito de competencia federal). JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cuestio- nes penales. Delitos en particular. Portación de armas de fuego de uso civil. Corresponde a la justicia ordinaria el conocimiento del delito de simple porta- ción de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, previsto en el art. 189 bis, tercer párrafo, del Código Penal. 266 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Generalidades. Para la correcta traba del conflicto de competencia (art. 24, inc. 7, del decreto- ley 1285/58) resulta necesario el conocimiento por parte del juez que lo promo- vió de las razones que informan lo decidido por otro magistrado interviniente, para que declare si mantiene o no su anterior posición (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert). JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cuestiones de competencia. Generalidades. Si de las constancias reunidas, no surgen los elementos de juicio suficientes para calificar con razonable certidumbre el hecho que motiva la causa, debido a que, por no estar determinado el calibre de la escopeta, no es posible establecer si corresponde a las armas clasificadas como de guerra o a las de uso civil, el magistrado provincial que tomó conocimiento de la notitia criminis debe incor- porar los elementos necesarios para darle precisión y resolver, luego, con arre- glo a lo que de ello surja (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Anto- nio Boggiano y Gustavo A. Bossert). DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia se refiere a la cau- sa seguida contra Mario Ricardo Viera, a quien se le secuestró, en su domicilio, un pistolón calibre 14 y una escopeta. la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, Provincia de Buenos Aires, al intervenir con motivo del recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público, re- solvió revocar la resolución del Juzgado de Garantías Nº 2 obrante a fs. 12/13, declaró la incompetencia de la justicia provincial y remitió las actuaciones para que éste planteara la correspondiente declinato- ria (fs. 24), lo que dispuso a fs. 29. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de esa sec- ción, por su parte, rechazó tal atribución al entender que el delito de tenencia ilegítima de arma de uso civil reúne similares características al de tenencia ilegal de arma de guerra, de competencia ordinaria (fs. 33/34). 267 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 Devueltas las actuaciones, el tribunal provincial mantuvo el crite- rio sostenido por la alzada y elevó el incidente a la Corte (fs. 42). Creo oportuno señalar que, para la correcta traba del conflicto de competencia resulta necesario el conocimiento por parte del tribunal que lo promovió de las razones que informan lo decidido por el otro magistrado interviniente, para que declare si mantiene o no su ante- rior posición (Fallos: 306:728 y 2000; 317:1022, entre otros). Advierto que esta regla no ha sido observada en el presente pues sólo con la insistencia por parte de la cámara, se habría suscitado una contienda que deba resolverse de acuerdo a lo preceptuado en el art. 24, inc. 7º, del decreto-ley 1285/58. Asimismo, entiendo que de las constancias reunidas hasta este momento, no surgen los elementos de juicio suficientes para calificar con razonable certidumbre el hecho que motiva la causa, debido a que, por no estar determinado el calibre de la escopeta, no es posible esta- blecer si corresponde a las armas clasificadas como de guerra o a las de uso civil. En tales condiciones, opino que corresponde al magistrado provin- cial que tomó conocimiento de la notitia criminis incorporar los ele- mentos necesarios para darle precisión (Competencia Nº 405.XXXV. in re “D’Alvencio, Angel Carlos s/ encubrimiento” resuelta el 1º de no- viembre de 1999) y resolver, luego, con arreglo a lo que de ello surja (Fallos: 291:272; 293:405; 306:1272 y 1997; 311:528). Buenos Aires, 14 de agosto de 2000. Eduardo Ezequiel Casal.