Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 7 de mayo de 2002. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente inci- dente el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 2. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — GUSTAVO A. BOSSERT. SURCOR TV S.A. V. MULTICANAL S.A. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Por la materia. Causas re- gidas por normas federales. Es competente la justicia federal en una demanda referida al precio de la comer- cialización del servicio de Televisión por Cable por ser de carácter federal el art. 1º de la ley de defensa de la competencia Nº 25.156 en que se funda, entre otros, la acción. 958 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 JURISDICCION Y COMPETENCIA: Principios generales. Las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para enten- der en ciertas materias, cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de una demanda a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: – I – La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba, revocó el pronunciamiento de la instancia inferior –en cuan- to no hizo lugar a la inhibitoria interpuesta por la demandada en los autos: “Multicanal S. A. Solicita Inhibitoria”– y le atribuyó competen- cia para entender en las presentes actuaciones, en trámite ante el Juz- gado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 36ª Nominación, de la referida ciudad. Sostuvo, centralmente, que resulta competente para conocer en la causa, en razón de la materia, la justicia de excepción, de la precitada provincia. Destacó que la ley Nº 25.156 –cuya interpreta- ción y aplicación es invocada por el pretensor en cuanto reprime aque- llas conductas atentatorias o restrictivas a la libre concurrencia de los mercados– persigue un fin tuitivo enmarcado en el interés nacional económico general. Además, puntualizó que la cuestión traída a deba- te –referente al precio de la comercialización del servicio de Televisión por Cable– no comprende simplemente intereses entre particulares, sino que afecta de manera directa e inmediata a las comunicaciones con alcance federal. Cita en tal sentido jurisprudencia del Tribunal Superior. Por último, adujo, que el artículo 53 de la precitada norma atribu- ye competencia a la justicia federal en materia de recurso contra las resoluciones o conflictos que pudieran surgir de su aplicación por par- te de los tribunales jurisdiccionales administrativos creados por la misma en su artículo 17 . También, señaló que el artículo 51 es indica- tivo de la jurisdicción en la medida que contempla que salvo en la acción de resarcimiento de daños y perjuicios –fundado en normas de 959 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 derecho común–, el damnificado podrá recurrir ante el juez ordinario competente en esa materia, advirtiendo que en los restantes casos que pudieran surgir de la aplicación de la ley deberá el interesado concu- rrir a la justicia federal de primera instancia (fs. 403/7). Por su parte, el Juzgado Civil y Comercial de la 36ª Nominación de la ciudad de Córdoba, rechazó la inhibitoria requerida por el tribunal de alzada nacional de dicha ciudad, en virtud de la atribución de com- petencia decretada por su Superior Jerárquico quien señaló, que si bien la ley de defensa de la competencia Nº 25.156 en su artículo 53 prevé que el recurso de apelación contra las resoluciones del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia se interponga ante el tribunal de alzada de la justicia de excepción, ello no torna a todo el plexo nor- mativo de tal carácter, máxime cuando, la intervención de dicho fuero en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su compe- tencia, las cuales son de interpretación restrictiva. Por otra lado, se- ñaló la acción que se persigue en la causa sub examine queda com- prendida en el marco del artículo 51 de la precitada norma debiendo ser resuelta por el derecho común y ante los tribunales ordinarios (fs. 416/7 y 196/201). En tales condiciones, quedó trabado un conflicto negativo de com- petencia que corresponde dirimir a V. E. en los términos del artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley Nº 1285/58, texto según ley Nº 21.708. – II – Estimo oportuno, recordar de un lado que V. E. ha sostenido el carácter federal del artículo 1º de la ley de defensa de la competencia Nº 22.262 –hoy derogada– idéntico al de la ley vigente Nº 25.156 en que se funda, entre otros, la acción (v. Fallos 316:2561). Por otro lado, no resulta ocioso señalar que la nueva ley de defensa de la competencia establece una peculiar organización de competen- cia, con posibilidad de acceso a una jurisdicción especial. En efecto, la ley 25.156 crea al Tribunal de Defensa de la Competencia y le enco- mienda aplicar y controlar el cumplimiento de tal norma –la que vale aclarar– establece un régimen de sanciones a aquéllas personas físi- cas o jurídicas publicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas que restrinjan, limiten o distorsionen la com- 960 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 petencia en un mercado, afectando el interés económico general (ver artículo 1º / 4º; 17 y 24 inciso d). En este marco normativo, prevé, una instancia de apelación ante la “Cámara Federal que corresponda” (cfse. Art. 53 de la ley 25.516) en las condiciones que establecen los Decretos Nº 1019/99 y 89/2001. Ello es así, y con especial arreglo a la reiterada doctrina de V. E., en orden a que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de una demanda, a falta de dis- posiciones legales que impongan una atribución distinta (Fallos: 312:986; 313:542, 1683, entre muchos otros), soy de parecer que com- pete a la justicia federal seguir conociendo en el juicio. Advierto, que tal criterio no importa anticipar opinión en orden a la idoneidad de la vía elegida por la actora en especial, pues el amparo y la medida cautelar requerida se han planteado por la inacción –que se invoca– de los organismos correspondientes frente a la denuncia formulada por el actor en sede administrativa conforme surge de fojas 17/24 y fs. 158 vta. Por ello, estimo que el conflicto debe dirimirse declarando que las actuaciones han de continuar su trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1, de la ciudad de Córdoba. Buenos Aires, 27 de febrero de 2002. Felipe Daniel Obarrio.