y Vistos; Considerando: Que con el escrito obrante a f

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 28 de mayo de 2002. Autos y Vistos; Considerando: Que con el escrito obrante a fs. 91 la actora pretende intervenir en el trámite de la queja deducida por la contraria. Pide la revocación de una resolución del 21 de septiembre de 2001 mediante la cual, por secretaría, se proveyó un escrito anterior de su parte ordenándose la devolución al presentante. Dicha resolución, por lo tanto, no se en- cuentra agregada al expediente. 1243 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 Que los planteos formulados resultan improcedentes, toda vez que en la tramitación de las quejas por denegación de recursos extraordi- narios ante este Tribunal, no está prevista la intervención de la parte apelada (confr. art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y sentencia del 19 de agosto de 1999 en la causa H.56.XXXIV “Hansen, Ricardo Jorge Emilio c/ Banco Hipotecario Nacional – inci- dente de revocatoria”). Por lo demás, una vez cumplidos por la recu- rrente los recaudos pertinentes en dicha tramitación, el procedimien- to ante esta Corte no queda sujeto a la actividad procesal de las partes sino a la del Tribunal. Este puede pronunciarse por la desestimación o por la admisibilidad del recurso extraordinario, respecto del cual, al correrse el traslado que determina el art. 257 del Código Procesal Ci- vil y Comercial de la Nación, la otra parte está habilitada a manifestar las razones que entiende le asisten en derecho para que la Corte las tenga en cuenta en su decisión (causas B.112.XXXIV “Barreiro, Mi- guel c/ Shell C.A.P.S.A. s/ despido”, sentencia del 23 de febrero de 1999 y M.598.XXXV “Morales, Hugo c/ Telecom Argentina Stet – France – Telecom S.A.”, sentencia del 10 de octubre de 2000). Por ello, se desestima lo solicitado. Hágase saber y sigan los autos según su estado. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. VICTOR FRANCISCO LOUPIAS V. KLUMBER LUBRICATION ARGENTINA RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Inter- pretación de normas locales de procedimientos. Doble instancia y recursos. Si bien no procede el recurso extraordinario respecto de decisiones que tienen por objeto la aplicación e interpretación de normas procesales y en particular de aquellas referidas a la no admisibilidad de los recursos deducidos por ante los tribunales locales, por tratarse de cuestiones atinentes a la organización de las instancias locales, cabe hacer excepción a tal principio cuando la decisión im- pugnada revela la existencia de un excesivo rigor formal, susceptible de lesionar la garantía de defensa en juicio o causar una frustración a los derechos federa- les invocados. 1244 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Apartamiento de constancias de la causa. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró mal concedido el recurso de inaplicabilidad, al considerar que el depósito exigido por el art. 56 de la ley 11.653 de Buenos Aires debía ser íntegro y oportuno, toda vez que incurre en una aplicación mecánica de dicha norma legal que obliga al depósito de las su- mas de la condena y sus accesorios, ignorando de modo manifiesto, las constan- cias de la causa, de las cuales surge el cumplimiento de la manda legal por el recurrente. RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Senten- cias arbitrarias. Procedencia del recurso. Apartamiento de constancias de la causa. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que se sustentó en un argumento ineficaz para dar por perdido el recurso de inaplicabilidad por no resultar ex- temporánea la integración del depósito destinado a integrar las sumas de la condena y sus accesorios, al ser sólo susceptible de cumplimiento a partir de que se conociera por el obligado, la resolución que modificó los honorarios y no surge de constancia de la causa que hasta la fecha de la intimación y con anterioridad a los depósitos se haya notificado la resolución salvo la diligencia personal y voluntaria del recurrente al tiempo que hizo los mencionados pagos. CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Generalidades. Cuando la Constitución Nacional reconoce una larga serie de derechos indivi- duales esenciales (ya sea en forma expresa o implícita), e instrumenta al propio tiempo diversas garantías como medios a través de los cuales poder reclamar el respeto de los derechos si son lesionados o desconocidos, lo hace en la inteligen- cia de que se trata de derechos operativos que, por tanto, pueden ser ejercidos por el individuo con la sola invocación y sin depender del cumplimiento de re- quisito alguno (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Generalidades. Las garantías individuales existen y protegen a las personas por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, independientemente de las leyes que las reglamentan (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Derecho al acceso a la justicia. El derecho al acceso a la justicia, natural derivación del derecho de defensa en juicio, encierra una potestad que se desarrolla en varios y sucesivos momentos, a saber: derecho de acceder al órgano judicial; de deducir las pretensiones; de producir las pruebas; de obtener un pronunciamiento justo y, por ello, de recu- rrir aquel que no lo sea ante instancias superiores (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). 1245 DE JUSTICIA DE LA NACION 325 CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Derecho al acceso a la justicia. El derecho al acceso a la justicia debe ser irrestricto, por ello a él corresponde que se ajusten tanto las leyes de fondo cuanto más las de forma (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Defensa en juicio. Procedimiento y sentencia. El medio más propicio para lograr que la máxima garantía constitucional que es la defensa en juicio, pueda ser ejercida de forma incondicionada, consiste en postular su gratuidad inicial o de acceso a la jurisdicción (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Defensa en juicio. Principios ge- nerales. Todo proceso judicial cumple una función institucional y social que lejos de be- neficiar exclusivamente a quienes son parte en él, se proyecta hacia la comuni- dad toda (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: – I – La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resolvió a fs. 978/9 de los autos principales (folios que citaré de aquí en más) y en lo que aquí interesa, declarar mal concedido el recurso de inaplicabilidad planteado por la demandada a fs. 848/59, al considerar que el depósito exigido por el artículo 56 de la ley 11.653, debía ser íntegro y oportuno, requisitos éstos que no se daban por cumplidos en el sub lite, por cuanto su integración resultó extemporánea. Contra dicha decisión se interpuso recurso extraordinario a fs. 983/1001, el que desestimado a fs. 1013, da lugar a esta presenta- ción directa. Señala el recurrente que interpone el remedio previsto en el ar- tículo 14, incisos 2º y 3º de la ley 48, y por sentencia arbitraria, porque se rechaza el recurso local, con base en la aplicación meramente ritual de una norma procesal que, además, es inconstitucional. Agrega que 1246 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 el único fundamento para denegar esa apelación, es la insuficiencia del depósito realizado, lo cual constituye una interpretación dogmáti- ca de la ley provincial, con agravio a su derecho de defensa, además de imponer con ello, a quienes tienen derecho a una revisión federal, una exigencia ajena a la ley 48, que resulta inconstitucional. En efecto destaca, que al impedirse la revisión imprescindible en el ámbito local, para eventualmente obtener la vía federal conforme a la doctrina “Di Mascio”, se deja firme la sentencia definitiva del proce- so, objetada por vulnerar los derechos de defensa y de propiedad que el recurso de inaplicabilidad estaba dirigido a restablecer. Precisa, so- bre el particular que para interponer el recurso denegado, depositó la suma de un millón doscientos treinta y nueve pesos, con setenta cen- tavos ($ 1.000.239,70), y el a quo, consideró que, de dicho importe, el monto de cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos ($ 54.150) fue integrado en forma extemporánea, lo que motiva el rechazo del recur- so de inaplicabilidad; que de por sí, ello constituye un exceso ritual manifiesto. La cantidad referida –indica– fue integrada en su totali- dad en forma voluntaria, sin estar la parte notificada de la modifica- ción de los honorarios, y antes de que venciera la intimación de fs. 919; no obstante lo cual, la notificación mediante cédula que obra a fs. 875, fue hecha en un domicilio incorrecto, ya que existía en autos nueva constitución de otro domicilio. Alega que el artículo 56 de la ley 11.653 resulta inconstitucional, al permitir eludir la reglamentación de los artículos 116 y 31 de la Constitución Nacional establecida en la ley 48, e imponer un requisito para conceder el recurso local, que se convierte a su turno, en un pre- supuesto para acceder al recurso federal, el cual –expresa– sólo puede ser establecido por el Congreso de la Nación y no por las legislatura locales. Pone de relieve que el depósito que efectuó oportunamente, de las sumas para el acogimiento del recurso local, no puede interpretarse como un sometimiento voluntario al régimen legal que lo establece, en tanto sólo tuvo por objeto no perder el acceso al recurso federal, inteli- gencia que deviene válida, en virtud de que el derecho a la defensa en juicio no resulta disponible. Respecto a la arbitrariedad de la sentencia, destaca que la misma surge por una parte del uso irregular de las formas por su no adecua- ción a la finalidad que persigue; por otra al no

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