Por los fundamentos

FALLO DE LA CORTE SUPREMA 1613 Buenos Aires, 27 de junio de 2002. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente inci- dente el Juzgado Nacional de Menores Nº 6, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Faltas Nº 15 de la ciudad de Buenos Aires. JULIO S. NAZAREhIO - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUSTAVO A. BOSSERT- ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. CARLOS ALBERTO TELLELDIN y OTROS JURISDICCION y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por el territorio. Lu- gar del delito. Corresponde atribuir la competencia respecto de los delitos de sustitución de chapa patente y adulteración de la numeración de automotores, encubrimien- to, y estafas reiteradas, imputados al actor al tribunal provincial, ello sin per- juicio de que si este magistrado considera que su investigación corresponde a otro juez de su misma provincia, se la remita de conformidad con las normas de derecho procesal local, cuya interpretación y aplicación es ajena. JURISDICCION y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por el territorio. Lu- gar del delito. La competencia penal por razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se consuma el delito. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Tribunal Oral Nacional en lo Criminal Nº 8, Ydel Juzgado 1614 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 de Transición NQ1 del Departamento Judicial de San Martín, provin- cia de Buenos Aires, se refiere al conocimiento de la causa instruida por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento habitual, estafas, sustitución de chapa patente y adulteración de la numeración registral de un automotor, imputados a Carlos Alberto Telleldín, Rugo Antonio Pérez, César Antonio Fernández y Miguel Gustavo Jaimes. Tienen inicio las presentes actuaciones con la remisión de testimo- nios por parte del tribunal que investiga el atentado ocurrido contra la Asociación Mutual Israelita Argentina a la justicia nacional en lo cri- minal de instrucción, respecto a los acontecimientos vinculados con la eventual existencia de una organización delictiva integrada por los nombrados que tendría por finalidad comercializar vehículos "dobla- dos", cuyos chasis o motores pertenecerían a automóviles robados, con la numeración adulterada. Recibidas las actuaciones por el tribunal de juicio, éste declaró su incompetencia. Así, en concordancia con lo opinado por las partes, es- timó que los hechos materia de investigación se habrían desarrollado, en su totalidad, en la provincia de Buenos Aires. Aclaró, que sin peIjui- cio de que en los albores de la investigación la asociación ilícita había extendido su actividad a esta ciudad, tal hipótesis quedó absolutamen- te descartada, al dictarse el sobreseimiento de las personas vincula- das, a este respecto. .. Asimismo, sostuvo, en repuesta a lo apuntado por el fiscal de primera instancia, en el acápite "aclaración final" del requerimien- to de elevación ajuicio (fs. 8150 vta./8151), que cuestiones de econo- mía procesal no pueden contrariar las disposiciones constituciona- les que regulan la distribución de la competencia territorial (fs. 8905/ 8907). La magistrada local, por su parte, no aceptó el planteo, por cuan- to consideró que la primera expresión del plan delictivo para el cual se conformó la asociación ilícita, se habría manifestado en Capital Federal, con la compra de automotores siniestrados por parte de Telleldín. Y agregó, que tal figura delictiva, es autónoma respecto de los demás que se hubieran cometido en el transcurso de la sociedad y cabeza de estas actuaciones. Por último, sostuvo que los hechos de estafa por los que a su juicio se habría trabado el conflicto, se habrían desarrollado en jurisdicción de San Isidro, provincia de Buenos Aires (fs.9031/9033). DE JUSTICIA DE LA NACION 325 1615 Devueltas las actuaciones al tribunal de origen, su titular insistió en su criterio y, en esa oportunidad, agregó que afirmar que la adqui- sición lícita de bienes en esta jurisdicción para su eventual utilización .ilícita constituye el principio de ejecución del delito de asociación ilícita importa, no sólo una temeridad, sino también el desconocimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, alentando la prosecución penal respecto de acciones que no están penadas por la ley (fs. 9054/9058). Así quedó trabada la contienda. Habida cuenta que la magistrada local no cuestiona la competencia de su provincia para conocer respecto de los delitos de sustitución de chapa patente y adulteración de la numeración de automotores, encu- brimiento, y estafas reiteradas, imputados a Telleldín, sino que, por el contrario, en el caso de este último la reconoce expresamente, opino que corresponde al juzgado provincial continuar con la investigación de tales infracciones, sin perjuicio claro está, de que si considera que su investigación corresponde a otro juez de su misma provincia, se la remita de conformidad con las normas de derecho procesal local, cuya interpretación y aplicación es ajena a lajurisdicción nacional (Fallos: 290:639; 300:639; 307:99 y, recientemente, Competencia 1768.XXXVII in re "Maldonado, Mariano Hernán s/ defraudación por desbaratamien- to" resuelta el 7 de diciembre de 2001). Por lo demás, en lo atinente al delito de asociación ilícita enrostrado a todos los sometidos a proceso, no puede soslayarse que éste se ha- bría comprobado en el mismo marco -subjetivo, objetivo y territo- rial- de los delitos cuya competencia la juez provincial no niega, ya que, como bien sostiene su contendiente, limita su rechazo atribu- yendo virtualidad a esos fines, a la adquisición, presuntamente lícita, de automotores, y la vinculación de esa conducta con la llamada "co- nexión capitalina", que, por otra parte, no se habría probado en autos (conf. fs. 7999/8100). En base a esas consideraciones, y de conformidad al principio rec- tor sentado por V.E. en Fallos: 265:323, en cuanto la competencia pe- nal por razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito, opino que corresponde a la justicia provincial continuar con el trámite de las actuaciones. Buenos Aires, 19 de febre- ro del año 2002. Luis Santiago González Warcalde. 1616 Autos y Vistos: FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325