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FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 22 de agosto de 2002. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demanda en la causa Turrión, Rubén Darío y otros el Sociedad Italiana de Beneficenc DE JUSTICIA DE LA NACION 325 2107 cia en Buenos Aires - Hospital Italiano", para decidir sobre su proce- dencia. Considerando: Que el recursp extraordinario, cuya denegación origina la presen- te queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comer- cial de la Nación). Por ello, oído.elseñor Procurador Fiscal se desestima esta presen- tación directa y'~~da por perdido el depósito. Notifíquese y archívese, previa devolución de los autos principales. EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO (en disidencia) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disiden- cia) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LÓPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia)---e. ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO y DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que los agravios de la apelante han sido objeto de adecuado trata- miento en el dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos fundamen- tos esta Corte se remite brevitatis causa. Por ello, con el alcance indicado, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na- ción). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase. AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCIH. 2108 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando: Que los agravios de la apelante han sido objeto d~ adecuado trata- miento en el dictamen del señor Procurador Fiscal, a~'¿uyosfundamen- tos esta Corte se remite brevitatis causa; .' Por ello, con el alcance indicado, se declara formaHnente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución apelada. Con costas en el orden causado ya que la actora pudó'~reerse con dere- cho a litigar (art. 68 del Código Procesal Civil y Cofuercial de la Na- ción). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin dé que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo falld con arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito. Agréguese la qÚ'ejaal principal. Notifíquese y remítase. GUSTAVO A. BOSSERT. DIVISION JUDICIAL JURISDICCION y COMPETENCIA: Competer¡cia federal. Causas penales. Delitos contra el orden público, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional. Si el hecho -en el que numerosos manifestantes saquearon y causaron impor- tantes daños a comercios- tuvo motivación estrictamente particular y careció de entidad suficiente para afectar la seguridad del Estado Nacional o de.algu- na de sus instituciones y no existe posibilidad alguna de que resulte afectada directa o indirectamente dicha seguridad, resulta competente la justicia ordi- naria para intervenir en el caso. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado de Instrucción Nº 2de la Segunda Circuns- DE JUSTICIA DE LA NACION 325 2109 cripción Judicial, de la Provincia de Río Negro, y del Juzgado Fede- ral con asiento en General Roca, de la misma provincia, se refiere a la causa donde se investigan los hechos cometidos en la ciudad de Cipolletti, el19 de diciembre de 2001, cuando alrededor de mil mani- festantes se reuniero~ en las inmediaciones de hi calle Esquiú, don- de funcionan numerosos locales comerciales y dos supermercados, a los que causaron importantes daños tras ingresar en ellos y saquear- los. De los antecedentes agregados al incidente surge, también, que las personas movilizadas habrían arremetido contra los agentes de la Policía de la Provincia de Río Negro, quienes trataban de impedir el accionar descripto y dispersar a los agresores. Posteriormente, se com- probó el fallecimiento de una persona y lesiones de gravedad en otra, causadas por disparos de armas de fuego. La justicia provincial después de declarar la constitucionalidad del DecretciNacional Nº 1678/01, que implantó el estado de sitio en todo el territorio de la Nación Argentina, declinó la competencia en favor del fuero federal por considerar que los hechos a investigar se habrían producido en el marco de un "estado de conmoción interior", invocado en los considerandos del decreto mencionado. En esa línea de razonamiento, el juez entendió que los delitos a analizar se hallarían comprendidos entre los que atentan contra la seguridad de la Nación, el orden constitucional y el sistema democrá- tico (Fallos: 288:173; 289:146; 294:47 y 320:2482) (fs. 277/287). Por su parte, la justicia federal rechazó la atribución de competen- cia. La magistrada nacional consideró que los hechos que constituyen el objeto procesal de estas actuaciones no se hallarían comprendidos en los supuestos en los que la Constitución Nacional y las leyes dicta- das en su consecuencia han previsto la competencia federal. Por otra parte argumentó, para rebatir el criterio del magistra- dOopreopinante, que no existe una relación de causalidad entre el estado de sitio y la competencia federaL dado que la mera declara- ción del estado de sitio no significa la imposición de la competencia federal en todo el territorio de la República, pues ello actuaría en desmedro del sistema de distribución de competencias, que consti- 2110 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 tuye una de las características de la organización institucional del país (fs. 316/318). Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, su titular mantuvo su postura y tuvo por trabada la contienda (fs. 321). A mi modo de ver, asiste razón a la magistrada federal cuando afirma que, de las constancias arrimadas al sumario, no se advierte que las conductas delictivas desarrolladas en ocasión de la masiva y descontrolada protesta realizada en Cipolletti, hayan tenido por fina- lidad atentar contra la soberanía y seguridad de la Nación, ni que es- tuvieran protagonizadas por organizaciones ilícitas o de carácter sub- versivo a las que hacE:)referencia la jurisprudencia citada por el juez local. Al respecto, V.E. tiene resuelto, que si el hecho tuvo motivación estrictamente particular y careció de entidad suficiente para afectar la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones y no existe posibilidad alguna de que resulte afectada directa o indirecta- mente dicha seguridad, resulta competente la justicia ordinaria para intervenir en el caso (Fallos 323:136 y sus citas). En concordancia con esta doctrina, opino que corresponde atribuir el conocimiento de estas actuaciones al Juzgado de Instrucción Nº 2 de General Roca. Buenos Aires, 18 dejunio del año 2002. Luis Santia- go González Warcalde.