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FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002. Autos y Vistos; Considerando: l°) Que a fs. 32/37 se presentan Verónica Sandra Diéguez y José Luis López e inician acción de amparo contra el Instituto de Obra 3544 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (LO.M.A.), la Pro- vincia de Buenos Aires y el Estado Nacional por considerar vulnera- dos sus derechos a la salud. En concreto reclaman que los codemanda- dos les entreguen urgente y solidariamente los medicamentos necesa- rios para el tratamiento de la enfermedad que padecen y que les han sido negados. Dicen que tienen 29 y 35 años, respectivamente, y que hace dos años, en oportunidad de concurrir a la Clinica Agüero de Morón -pres- tataria de LO.M.A.- a fin de realizar los estudios de rutina para el control de un embarazo, se les diagnosticó que padecian del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Agregan que a consecuencia de ello se les ordenó una internación al término de la cual alcanzaron un buen estado de salud y que desarrollaron una vida normal hasta el momento en que LO.M.A. se negó a entregarles los remedios. Puntualizan que a pesar de ello continuaron realizando los trámi- tes burocráticos exigidos por la obra social pero todo fue en vano, por lo que se vieron en la necesidad de concurrir a distintas reparticiones públicas y fundaciones privadas que tampoco les dieron solución algu- na. Expresan que ya desesperados enviaron una nota a LO.M.A. inti- mándole la entrega de la medicación pero tampoco obtuvieron res- puesta. Explican que su situación económica es limite ya que el único in- greso que la familia posee es el sueldo de $245 que percibe José Luis López como empleado municipal. Acompañan documentación, fundan en derecho su pretensión y finalmente solicitan que con carácter de medida cautelar se ordene al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires restablecer en su total amplitud la cobertura médica de los actores, en especial proveer los medicamentos que los facultativos de esa institu- ción prescribieron para el tratamiento de 30 días. 2º) Que esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que, como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exi- gen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendi- do, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fa- DE JUSTICIA DE LA NAClON 325 3545 llos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30, 532; 323:1877 y 324:2042). En el presente caso media verosimilitud en el derecho y se configu- ran los presupuestos establecidos en el arto 320 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acceder a la medida propuesta pero no respecto a todos los codemandados. 3º) Que, en efecto, cabe destacar que a pesar de los dichos de los actores de que han concurrido a los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que les entreguen los remedios que les han sido recetados, en autos sólo se acreditó el reclamo efec- tuado ante LO.M.A. Por lo que, en el presente caso, no media incum- plimiento alguno por parte de los codemandados Estado Nacional y Provincia de Buenos Aires. 4º) Que en atención a lo expuesto, que los demandantes tienen su domicilio en la localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y oído el señor Procurador General, corresponde declarar que el Tribu- nal no resulta competente para entender en las presentes actuacio- nes. Sin perjuicio de lo cual y existiendo peligro en la demora de la entrega de la medicación necesaria para el tratamiento de los actores la medida cautelar deberá ser cumplida (art. 196. del citado código procesal). Por ello se resuelve: 1)Hacer lugar a la medida cautelar y, en con- secuencia, ordenar a la codemandada Instituto de Obra Médico Asis- tencial de la Provincia de Buenos Aires (LO.M.A.) que provea en for- ma urgente, para el tratamiento correspondiente a los próximos trein- ta días, los fármacos Staduvina 30 mg. por 60 comprimidos, Efavirenz por 90 cápsulas y Lamivudina 150 mg. por 60 comprimidos a Verónica Sandra Diéguez y Lamivudina-Zidovudina por 60 comprimidos y Efa- virenz 200 mg. por 90 cápsulas a José Luis López. Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles. 2) Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en las presentes actuaciones, debiendo los interesados ocurrir ante quien y por la vía que corresponda. Notifíque- se. CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO- GUILLERMO A. F. LÓPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ. HOJA COMPLEMENTARIA Hoja incorporada a los efectos de permitir la búsqueda por página dentro del Volumen. ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA AÑO 2002 OCTUBRE - DICIEMBRE COMPETENCIA DE APELACION PENAL TRIBUTARIA -Nº34- En Buenos a los 3 días del mes de octubre del año dos mil dos, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente, Consideraron: 1º) Que el señor Procurador General de la Nación solicita al Tribunal que adopte medidas apropiadas con respecto a la confusa situación que según sostiene, se ha crea- do con el dictado del decreto 688/00, que al observar varios artículos del texto sanciona- do por el Congreso de la Nación de la ley 25.292 y promulgarla parcialmente, no ha dispuesto de modo directo "cuál habrá de ser el tribunal de alzada de los juzgados de primera instancia en 10penal tributario de la Capital". 2º) Que en los considerandos que fundaron el citado decreto, se destacó que si bien el proyecto de ley había sido enviado por el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de especializar y agilizar la administración de justicia en los casos de ilícitos tributarios contemplados en la ley 24.769, razones fiscales sobrevinientes obligaban a la drástica reducción del gasto en todo el sector público, por lo cual la creación de toda la estructu~ ra judicial originariamente prevista ~juzgados de primera instancia, tribunal de juicio y cámara de apelaciones, así como las dependencias respectivas del ministerio público- resultaría contradictoria con la [malidad de la norma, pensada para reducir el déficit del Estado. Asimismo, subrayó que las observaciones formuladas al texto sancionado por el Congreso sólo obedecían a evitar cargas fiscales que incidían negativamente sobre las cuentas de la Nación, por 10que únicamente se creaba, la infraestructura indis- pensable para la investigación de los delitos previstos en la ley 24.769, constituida por los juzgados y órganos del ministerio público correspondientes, dejándose de lado el resto de las estructuras que contemplaba la norma sancionada por el Congreso de la Nación. 32) Que como consecuencia de las disposiciones de la ley 25.292 que han entrado en vigencia a raíz de la promulgación parcial señalada, la aplicación del régimen penal que prevé la ley 24.769 en la Ciudad de Buenos Aires está atribuida a la justicia Nacio- 3548 ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA 325 naI en 10Penal Tributario, que s610se encuentra integrada por los juzgados a los que corresponden, la investigación de los delitos (arta. 3, 17 y 18), pues no han sido creados el tribunal que, según lo dispuesto en el arto 12 de la ley 24.050, ejercerá la competen- cia que prescribe el arto 25 del Código Procesal Penal; ni la cámara de apelaciones que deberá tomar intervención en los supuestos previstos, en el arto 24 del ordenamiento citado y ocuparse de las facultades de Superintendencia en los términos del arto 118 del Reglamento para la Justicia NacionaL 42) Que como ha dicho esta Corte, "las normas que rigen las cuestiones, de compe- tencia tienden a tutelar la garantía del juez natural, de modo tal que no pueden consi- derarse violatorios de la misma a aquellos actos procesales razonables y oportunos, en la medida en que no estén desviados de su objeto propio, sino inspirados en una eficaz administración de justicia" (Fallos: 298:312). De ahí, pues, que de conformidad con el arto 24, inc. 7º, última parte del de- creto~ley 1285/58 este Tribunal tiene competencia para decidir sobre el juez, com- petente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva priva~ ción- de justicia, que puede deberse a situaciones de conflicto que equivalgan en esencia a cuestiones de competencia (Fallos: 246:87;314:697), así como a la impo~ sibilidad de resolver la integración de un tribunal por la insuficiencia de las nor- mas que prevén el reemplazo, lo cual no debe prevalecer sobre la necesidad de superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fa- llos: 318:2125). 5º) Que el Tribllllal, en su carácter de órgano supremo del Poder Judicial debe adoptar -aún sin petición concreta de parte- medidas que impidan el retardo o la privación de justicia (conf. Fallos: 238:403; 246:87), que en el caso se producirán ante la particular situación examinada, por la falta de norma expresa que determine cuáles serán, a partir de las observaciones por parte del Poder Ejecutivo y la promulgación parcial de la ley 25.292 el tribunal oral que intervendrá en los juicios y la cámara de apelaciones que entenderá en los recursos y cuestiones de competencia que se planteen a raíz de la puesta en funcionamiento de los juzgados nacionales en lo penal tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, esta Corte ha sostenido que no existiendo disposiciones expresas en contrario ha de estarse a lo que la ley disponga en materia de reglas de competencia, pero también ha de tenerse en cuenta que resulta necesario obviar conflictos jurisdic- cionales con miras a lograr la pronta terminación de los procesos, requerida por la buena administración de justicia (Fallos: 303:688). 6º) Que la situación examinada no puede derivar en una efectiva privación del adecuado servicio de justicia,

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