De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 25 de febrero de 2003. Autos y Vistos: De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene- ral, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 326 la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a la que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 10 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ANTONIO BOGGIANO — GUILLERMO A. F. LÓPEZ — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. NILDA NOEMI MORISON JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Causas penales. Delitos en perjuicio de los bienes y rentas de la Nación y de sus entidades autárquicas. La existencia de un perjuicio efectivo a las rentas de la Nación no basta para justificar la competencia federal, si no se identifica con el resultado directo de una acción típica. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Causas penales. Delitos en perjuicio de los bienes y rentas de la Nación y de sus entidades autárquicas. Corresponde a la justicia provincial investigar acerca de las presuntas manio- bras defraudatorias, si los hechos imputados a los responsables del banco apa- recen dirigidos a defraudar a los particulares que invertían su dinero en él, procurando beneficios a otras entidades asociadas en detrimento de los intere- ses administrados. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cues- tiones penales. Pluralidad de delitos. Cuando se investiga una pluralidad de delitos corresponde separar, en principio, el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índo- le común, aunque mediare entre ellos una relación de conexidad, pues las reglas de acumulación por esta causa sólo son aplicables respecto de los procesos en los que conocen jueces nacionales, por cuanto la materia es- capa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal, que inspiran aquellas disposiciones ri- tuales. DE JUSTICIA DE LA NACION 326 327 DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: Entre los titulares del Juzgado Federal Nº 2 y del Juzgado de Con- trol Nº 4, ambos de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, se sus- citó la presente contienda negativa de competencia en la causa inicia- da con la denuncia formulada por Nilda Noemí Morison. En ella da cuenta de diversos hechos delictivos ejecutados por los directores y funcionarios del Banco Suquía S.A., así también como de la omisión dolosa de controlar por parte de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes habrían permiti- do ese accionar. Entre los hechos denunciados menciona la negativa a reintegrar- les a sus clientes –entre los que se cuenta ella– los saldos exigibles y de libre disponibilidad, reclamados en el mes de noviembre de 2001, mien- tras la misma entidad los prestaba en operaciones llamadas de “call money” al Banco Bisel, que tenía el control del Suquía. Asimismo, re- fiere que habrían concedido otros préstamos a empresas financieras vinculadas en detrimento de sus propios recursos líquidos, por un monto que representaba casi el cien por ciento de su capital, infringiendo las normas emanadas del BCRA. Por fin, expresa que la conducta reprochada también habría perju- dicado al patrimonio nacional, mediante la percepción de redescuen- tos otorgados por el BCRA, por la suma de treinta y tres millones seis- cientos mil pesos, de difícil recuperación debido a la insolvencia de la entidad. De conformidad con el criterio del representante de este Ministe- rio Público, el magistrado federal separó las conductas a investigar y declaró su incompetencia para conocer en la causa. A tal efecto, consideró que las maniobras defraudatorias cometi- das en perjuicio directo de los ahorristas y del patrimonio de la institu- ción, desconociendo las normas implementadas por la Superintenden- cia de Entidades Financieras del BCRA –que configurarían los delitos contemplados en los arts. 173, inc. 7º, y 301 del Código Penal– debe- rían ser investigados por la justicia provincial. FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 328 Por lo demás, en lo atinente al presunto incumplimiento de los deberes de los funcionarios del BCRA, declinó la competencia en favor de la justicia federal de esta Capital, ciudad en la que tiene su sede el organismo nacional y donde se habrían desarrollado los hechos ilícitos imputados a sus agentes (fs. 88/91). Por su parte, el magistrado local rechazó el planteo por considerar que se trataría de una única maniobra, con pluralidad de víctimas, e inescindible para su juzgamiento. En tal sentido, sostuvo que las irregularidades cometidas en viola- ción a la ley de entidades financieras y a múltiples resoluciones dicta- das por el BCRA, especialmente en relación a los requisitos mínimos de liquidez, no podrían haberse llevado a cabo sin la participación de los funcionarios de este último. Por otra parte alegó, en apoyo de su tesitura, que además de perju- dicar a los ahorristas del banco también habrían resultado afectadas las rentas de la Nación, en la medida en que por su situación de iliqui- dez el Suquía se vio obligado a refinanciar pasivos a costa del Estado Nacional, a través del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, recursos obtenidos mediante la colocación de títulos de la deuda públi- ca, que la Nación deberá cancelar alguna vez. Por todo ello, devolvió el sumario al juez federal (fs. 98/101), que insistió en su postura agregando, en esta oportunidad, que el eventual perjuicio derivado de la asistencia crediticia suministrada por el organismo nacional no puede considerarse “daño patrimonial directo” del delito de defraudación imputado a los directivos del Banco Suquía. En consecuencia, tuvo por trabada la contienda y elevó el inciden- te a la Corte (fs. 103/104). V.E. tiene establecido que la existencia de un perjuicio efectivo a las rentas de la Nación no basta para justificar la competencia fede- ral, si no se identifica con el resultado directo de una acción típica (Fallos: 303:655; 308:1993; 311:1995; 316:2496; 319:1157 y 324:901, 1619). Toda vez que de los elementos de juicio incorporados al incidente no se advierte esa circunstancia sino que los hechos imputados a los DE JUSTICIA DE LA NACION 326 329 responsables del banco a investigar aparecerían dirigidos a defraudar a los particulares que invertían su dinero en él, procurando beneficios a otras entidades asociadas en detrimento de los intereses adminis- trados, opino que cabe declarar la competencia de la justicia provin- cial para entender en los hechos que originaron este incidente. Esta solución se compadece con la doctrina del Tribunal, según la cual, cuando se investiga una pluralidad de delitos corresponde sepa- rar, en principio, el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índole común, aunque mediare entre ellos una relación de co- nexidad (Fallos: 302:1220; 308:2522 y 324:2086, entre otros), atento que las reglas de acumulación por esta causa sólo son aplicables res- pecto de los procesos en los que conocen jueces nacionales, por cuanto la materia escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal, que inspiran aque- llas disposiciones rituales (Fallos: 303:532 y 1607; 304:167; 305:707; 311:1515; 314:374; 316:2378; 319:2393 y 3497; 320:2016; 322:3264 y 323:783, entre muchos otros). Buenos Aires, 28 de noviembre de 2002. Luis Santiago González Warcalde.