Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 13 de mayo de 2003. Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procu- rador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente inci- dente el Tribunal de Menores Nº 1 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional de Menores Nº 5. JULIO S. NAZARENO — EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. JORGE CEFERINO ARTAZA Y OTRO JURISDICCION Y COMPETENCIA: Principios generales. No se encuentra trabada la competencia toda vez que la realización de medi- das de instrucción con posterioridad al inicio de la contienda, importa asumir la competencia que fue atribuida y que una declinatoria efectuada con poste- rioridad, da inicio a un nuevo conflicto. –Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–. FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 1586 JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por el territorio. Lugar del delito. Si bien es competente, para entender en la causa en la que se investiga la falsificación de un documento público, el magistrado con jurisdicción en el lugar donde se confeccionó el instrumento falso al haberse determinado me- diante un peritaje que los sellos estampados no se corresponden con los cuños selladores pertenecientes a la fiscalía –a la que se atribuye el documento espu- rio–, y el magistrado de la otra jurisdicción no cuestiona que fue presentado en su provincia debe asignarse la competencia al juzgado donde el documento público falso fue usado. –Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia ordinaria. Por la materia. Cues- tiones penales. Pluralidad de delitos. La distribución de competencias entre las provincias o entre éstas y la Nación escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad, que sólo pueden invocarse en conflictos en los que participan úni- camente jueces nacionales. –Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–. DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL Suprema Corte: La presente contienda negativa de competencia trabada entre los titulares del Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, con asiento en Villa Mercedes, y del Juzgado de Control Nº 3 de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, se suscitó en la causa iniciada a raíz de la detención de Domingo Daniel Ortiz –cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba–, quien se habría presentado ante el mencionado tribunal puntano con un exhorto supuestamente librado por un fiscal cordobés y mediante el cual se lo autorizaba al traslado de dos detenidos hacia esa provincia, tras determinarse que el oficio judicial era falso. Como consecuencia de lo ocurrido se labraron, paralelamente, ac- tuaciones en ambas provincias: unas por el favorecimiento de la eva- sión y las otras por la falsificación. DE JUSTICIA DE LA NACION 326 1587 Así, el juez de San Luis recibió declaración indagatoria a Ortiz, y a otras dos personas que también fueron detenidas, por la presunta co- misión del delito de favorecimiento de evasión en grado de tentativa, anotándolos a disposición de la justicia de Córdoba –donde se instruyó el sumario por la falsificación–, tras lo cual, con base en que no era posible escindir las conductas investigadas y que resultaba competen- te, por aplicación de la ley local, el juez a quien correspondiera el deli- to más grave, resolvió declinar su competencia y remitir el sumario a la provincia mediterránea (fs. 108/109). El fiscal cordobés, pasados varios meses y luego de haber realizado múltiples diligencias procesales, solicitó al juez de control que se inhi- biera para seguir conociendo en los hechos por cuanto al ignorarse el lugar donde fue confeccionado el documento público falso, era com- petente el juez donde había sido usado, quien, por otra parte, previno. Por lo demás, consideró que los delitos de abuso de autoridad y favore- cimiento de la evasión se habían consumado en aquella extraña juris- dicción. El magistrado hizo propios tales argumentos y declinó su compe- tencia en favor de su par en la justicia de San Luis (fs. 258/258 vta.). Este último insistió en las consideraciones efectuadas en su pri- mera declinatoria y agregó que para tener por cometidos los delitos más graves en la otra provincia había ponderado que el papel utili- zado era el oficial del Poder Judicial de Córdoba, que los sellos tam- bién pertenecían a esa jurisdicción, lo que sumado a la calidad de uno de los imputados –empleado de aquella policía– y a que todos se domiciliaban allí, determinaba la aplicación del criterio de V.E. para los casos de delitos cometidos en varias jurisdicciones y resol- ver en función de la mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados. Con ello entendió entablada la disputa y elevó el legajo a la Corte (fs. 264/265). Como consideración previa creo oportuno señalar que la presente cuestión de competencia no se encontraría correctamente trabada toda vez que es doctrina de la Corte que la realización de medidas de ins- trucción con posterioridad al inicio de la contienda, importa asumir la competencia que fue atribuida y que una declinatoria efectuada con FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 326 1588 posterioridad, da inicio a un nuevo conflicto (Fallos: 324:891, Compe- tencia Nº 562 XXXVIII, resuelta el 6 de febrero del corriente año in re “Barrientos, Carlos Ariel s/ su denuncia”). Es por ello que al promover el juez de Córdoba una nueva contien- da, el de Villa Mercedes debió rechazar la atribución y sólo en el caso de posterior insistencia del primero se habría cumplido con tales prin- cipios. Sin embargo y para el supuesto de que V.E. decidiera prescindir del rigor formal y dirimir la cuestión sin más trámite, para evitar dila- ciones que puedan traducirse en una privación de justicia (Fa- llos: 307:1313, 1842; 321:602 y 323:2035, entre otros), me pronunciaré sobre el fondo de la cuestión. En ese sentido, cabe consignar que habiéndose determinado me- diante un peritaje de la especialidad que los sellos estampados no se corresponden con los cuños selladores pertenecientes a la fiscalía –a la que se atribuye el documento espurio–, y en tanto el magistrado pun- tano no cuestiona que fue presentado en su provincia, estimo que es de aplicación al conflicto la doctrina del Tribunal según la cual resulta competente, para entender en la causa en la que se investiga la falsifi- cación de un documento público, el magistrado con jurisdicción en el lugar donde se confeccionó el instrumento falso (Fallos: 306:1387 y 314:898). Sin embargo, si no es posible establecer dónde fue creado, debe estarse al lugar en que fue usado (Fallos: 311:1390; 313:942; 315:1693; 325:777). Por lo demás, tiene resuelto V.E. que la distribución de competen- cias entre las provincias o entre éstas y la Nación escapa a las regula- ciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexi- dad, que sólo pueden invocarse en conflictos en los que participan úni- camente jueces nacionales (Fallos: 311:333; 313:970; 315:1617; 320:2016, entre muchos otros). En consonancia con tales principios, soy de la opinión que cabe asignar competencia al Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correc- cional Nº 2, de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, sin perjuicio de cuanto resulte del trámite ulterior. Buenos Aires, 10 de marzo de 2003. Luis Santiago González Warcalde. DE JUSTICIA DE LA NACION 326 1589