Que en el caso resulta de aplicación la doctrina de esta Corte se-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 24 de agosto de 2001. Autos y Vistos; Considerando: Que en el caso resulta de aplicación la doctrina de esta Corte se- gún la cual la elección de cargos electivos nacionales se rige por las normas y autoridades federales y la de cargos electivos locales por las normas y autoridades provinciales (Fallos: 305:926; 307:1790; 318:535 y 2396). Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara que resulta competente para seguir conociendo en las actuaciones el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del 2535 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 Chaco, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR (según su voto) — CARLOS S. FAYT — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO (según su voto) — ANTONIO BOGGIANO — ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO Autos y Vistos: De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Gene- ral, se declara que resulta competente para seguir conociendo en las actuaciones el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Cha- co, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Federal de Prime- ra Instancia de Resistencia. EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO. RICARDO ANDRESIK V. PODER EJECUTIVO NACIONAL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA. La ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95 mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte del Poder Legislativo, el reconocimiento de la situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo para su sanción e im- porta un concreto pronunciamiento del órgano legislativo en favor de la regula- ridad de la norma. EMPLEADOS PUBLICOS: Remuneración. Las prerrogativas del Estado en la relación de empleo público no son absolutas ni irrestrictas, sino que encuentran su límite en la imposibilidad de alterar la 2536 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 sustancia del contrato. En ese sentido, la reducción salarial, producto de la emer- gencia, no puede modificar la relación de empleo público originariamente esta- blecida hasta desvirtuarla en su significación económica. CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Derecho de propiedad. No media lesión a la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional cuando, por razones de interés público, los montos de las remuneraciones de los agentes estatales son disminuidos para el futuro sin ocasionar una alteración sustancial del contrato de empleo público en la medida en que la quita no resultó contradic- toria o arbitrariamente desproporcionada. DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA. La reconocida competencia legislativa para regular la materia que aborda el decreto de necesidad y urgencia 290/95 –reducción de las retribuciones del per- sonal de la administración pública ante una crisis financiera– no importa desco- nocer la proximidad del Poder Ejecutivo con esas cuestiones, en su carácter de jefe de la administración pública que ostenta el presidente de la Nación (Voto del Dr. Carlos S. Fayt). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Derecho de propiedad. Si bien el salario goza de la protección del derecho de propiedad, sufre del mis- mo modo las limitaciones que en supuestos de emergencia se han reconocido como válidas (Voto del Dr. Carlos S. Fayt). EMPLEADOS PUBLICOS: Remuneración. El derecho de los agentes a una remuneración justa no significa el derecho a un escalafón pétreo, pues la autoridad administrativa puede dictar normas en la materia en ejercicio de facultades enmarcadas en el art. 99, inc. 1º, de la Cons- titución Nacional (Voto del Dr. Augusto César Belluscio). EMPLEADOS PUBLICOS: Remuneración. La facultad de modificar el sueldo de los agentes estatales –en tanto no lo altere sustancialmente– puede indubitablemente ser ejercida por el presidente de la república en su condición de jefe supremo de la administración (Voto del Dr. Augusto César Belluscio). DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA. Los porcentajes de reducción de las remuneraciones que se fijan en las escalas del art. 2 del decreto 290/95 no revisten una magnitud que permita considerar 2537 DE JUSTICIA DE LA NACION 324 alterada la sustancia de la relación de empleo público, en tanto no se ha demos- trado que la aplicación de la norma produjese la ruptura del necesario equilibrio entre los servicios prestados y el salario pertinente y, como surge de la motiva- ción del decreto, la reducción es de excepción y de carácter transitorio (Voto del Dr. Augusto César Belluscio). EMPLEADOS PUBLICOS: Remuneración. El empleado público no cuenta con un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias (Voto del Dr. Augusto César Belluscio). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Igualdad. La circunstancia de que ciertos agentes que perciban más que otros puedan sufrir, por efecto del límite impuesto en el art. 3º del decreto 290/95, una dismi- nución menor en sus remuneraciones, no constituye una discriminación arbi- traria o que importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas, sino que, por evidentes razones de mejor servicio, dicho límite evita que los salarios comprendidos en una de las escalas previstas pasen –en ciertos casos– a ser menores que los de la escala inferior, como ocurriría por efecto del mayor porcentaje de disminución aplicable a los primeros (Votos del Dr. Augusto César Belluscio y del Dr. Antonio Boggiano). EMPLEADOS PUBLICOS: Remuneración. En principio, el trabajo del funcionario o del empleado público no puede dar lugar a otro crédito que el correspondiente al emolumento autorizado por la ley de presupuesto (Voto del Dr. Antonio Boggiano). CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Derecho de propiedad. Las medidas adoptadas en virtud del decreto 290/95 no vulneran el derecho de propiedad y la igualdad, en tanto la disminución general de los sueldos reposa en una escala porcentual no confiscatoria, que deja intactos los emolumentos de quienes perciben hasta dos mil pesos y exceptúa de la reducción sólo a aquéllas que la Constitución garantiza con la intangibilidad (Voto del Dr. Antonio Boggiano). PODER JUDICIAL. Toda discusión sobre el mayor o menor acierto de la política, y sobre la oportu- nidad y conveniencia de llevarla a cabo, es por completo ajena al debate ante los tribunales de justicia (Voto del Dr. Antonio Boggiano). 2538 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 324 CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Derecho de propiedad. No hay violación al art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los benefi- cios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert). DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA. La decisión de reducir los salarios en forma generalizada para las categorías que perciben mayores ingresos, no resulta un ejercicio irrazonable de las facul- tades del Estado frente a una situación de grave crisis económica como la que dio lugar al dictado del decreto 290/95 (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert). LEYES DE EMERGENCIA. Cuando la situación es de emergencia general, ningún sector puede quedar fue- ra de ella, por lo que toda exclusión deviene írrita (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). REMUNERACIONES. La garantía de la intangibilidad de las remuneraciones (arts. 92, 107, 110 y 120 de la Constitución Nacional) está dada con el fin de asegurar la independencia de los poderes, de forma tal que no pueda verse afectada esa independencia mediante reducciones o actos individuales ni sectoriales que atenten contra ella. Tales privilegios no son dados a las personas sino a la función que invisten o al órgano que integran (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).